Francisco Valderrama Mutis
El pasado 15 de agosto, Hugo Chávez derrotó en el referendo revocatorio a las fuerzas más reaccionarias de Venezuela, agrupadas en la Coordinadora Democrática, cuyas actividades fueron financiadas y apoyadas directamente por el Gobierno norteamericano y su Embajada, a pesar de los anuncios de los medios de comunicación privados que auguraban a voz en cuello una derrota apabullante para el indócil presidente.
En su esfuerzo por tumbar a Chávez, desde diciembre de 2001 esas fuerzas, con la connivencia de los dirigentes de la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, comandaron sucesivos paros patronales contra la promulgación de las llamadas leyes habilitantes que hacen obligatoria la participación estatal en las empresas de explotación petrolera y ponen en marcha una reforma agraria con la compra de tierra a los terratenientes. El paro del 8 de abril de 2002 condujo tres días después a un golpe de Estado que abortó prontamente debido a que las masas populares se concentraron alrededor del Palacio Presidencial y las principales instalaciones militares exigiendo el regreso de Chávez, que se produjo el 14 de abril con el respaldo que terminaron dándole la mayoría de las fuerzas militares.
Desesperados por el fracaso de sus intentonas, los opositores decidieron finalmente jugarse la carta de PDVSA, la empresa anónima estatal petrolera de Venezuela. En diciembre del 2002 sus ejecutivos y la CTV declararon la huelga total, acompañada de un nuevo paro patronales el país, con el fin de doblegar la resistencia de Chávez. Hacían el cálculo que si le estrangulaban al gobierno el ingreso petrolero, equivalente a la tercera parte del PIB, al 50% de los recaudos gubernamentales y al 80% de las exportaciones, tendría que someterse a sus exigencias.
Estados Unidos apoyó la nueva aventura de los opositores, sin calcular que podría producirse una parálisis de las exportaciones petroleras venezolanas con graves consecuencias para su propia economía. Creía a pie juntillas que la plantilla de ejecutivos pronorteamericanos de PDVSA mantendría la empresa en funcionamiento, reemplazando a los trabajadores en huelga, y que Chávez se rendiría ante el asedio. Las multinacionales del petróleo perseguían quedarse con las condiciones establecidas por los anteriores gobiernos neoliberales, que limitaban las regalías a 16,7% y no exigían participación estatal en las nuevas concesiones petroleras. Chávez aprovechó la huelga para retomar el poder dentro de PDVSA, cuyo proceso de privatización interna estaba muy avanzado, de acuerdo con los lineamientos de la política de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Como consecuencia de la parálisis, Estados Unidos tuvo que salir a buscar en el mercado internacional el 15% de sus necesidades de petróleo, atendidas por Venezuela, con el agravante de que el petróleo del Golfo Pérsico o de Rusia se demora en llegar a sus costas más de 30 días, mientras que el venezolano sólo tarda 6. Este hecho, sumado a la guerra de agresión contra Irak, la actividad cada vez más intensa de la resistencia iraquí, la posibilidad de atentados contra las terminales petroleras en Arabia Saudita, el peligro de sabotaje a los oleoductos rusos en Chechenia, la inestabilidad política en África y la negativa de Bush a utilizar sus propias reservas de petróleo para paliar los faltantes, impulsaron vertiginosamente hacia arriba el precio del barril. La situación era aún más grave si se tiene en cuenta que PDVSA logra una parte importante de sus ganancias en territorio de Estados Unidos, a través de su subsidiaria Citgo Petroleum Corporation, que en la Costa Este es la más importante proveedora de asfalto, la segunda en refinación y la tercera en distribución de gasolina a través de sus 13 mil estaciones.
Cuando el gobierno logró restaurar la producción y las exportaciones una vez finalizada la huelga de tres meses, obtuvo paradójicamente ingresos extraordinarios que le permitieron desarrollar una activa política de alivio de las necesidades de los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana, 50% de la población, a través de las distintas misiones orientadas a la prestación de servicios de salud y educación gratuitas en todos sus niveles, la distribución de las tierras ociosas compradas a los terratenientes, la promoción y creación de microempresas y cooperativas y, ahora, a la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones.
A lo largo del año 2002, las grandes empresas petroleras conspiraron contra su gobierno mientras creyeron que la oposición podía derrotar a Chávez. Prueba de ello son las ridículas ofertas, o la negativa a hacerlas, cuando el gobierno sacó a licitación la Plataforma Deltana con reservas probadas de gas de 20 a 30 trillones de pies cúbicos. Una vez decidida la suerte en el referendo, los monopolios iniciaron su participación ofertando sobre los sectores no contratados, resignados a aceptar que las regalías tienen que subir a 30% y que PDVSA debe tener una participación entre 1 y 35% en las empresas de explotación. Escaldados por todos sus fracasos, los monopolios petroleros deseaban que Chávez finalmente se impusiera en la revocatoria, tal como lo registró el Financial Times el 9 de agosto pasado: «Si Hugo Chávez gana el próximo domingo (…) su victoria sería compartida por la industria petrolera internacional». Pero el imperialismo norteamericano no se resignará jamás al gran fracaso que en Venezuela tuvo su política de privatización de las empresas petroleras estatales sobrevivientes en América Latina.
El programa de gobierno de Chávez, formulado en 1998, se limita a ponerle término al pacto bipartidista que impedía el juego político democrático en Venezuela y perpetuaba el relevo entre los dos partidos dominantes, a acabar con la corrupción y aliviar la pobreza, sin afectar los intereses económicos de las clases dominantes, y a garantizarles a los monopolios norteamericanos los negocios en el sector del gas y del petróleo. No obstante, las contradicciones con el proyecto de recolonización imperialista y con la oligarquía venezolana han sido muy agudas en otros aspectos centrales.
Hugo Chávez, el coronel triunfante en las elecciones de 1998, surgido de las duras condiciones que le impuso al pueblo venezolano la política neoliberal aplicada a rajatabla por la dictadura bipartidista de Acción Democrática y la Democracia Cristiana y luego por la nueva tecnocracia de yupies aperturistas una vez se produjo el debilitamiento inducido de esos partidos tradicionales, se ha convertido en un tenaz contradictor de la estrategia continental y mundial del imperialismo norteamericano. Se opuso a las guerras que Estados Unidos lanzó contra los pueblos de Afganistán e Irak, diciendo que eran «combatir el terrorismo con terrorismo»; promovió relaciones amistosas con Cuba, a la que suministra petróleo subsidiado y en canje por los servicios de médicos y alfabetizadores, precisamente en el momento en que Bush redoblaba contra la nación cubana su política de bloqueo económico; exigió que la misión militar norteamericana desocupara las instalaciones que tenían en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Venezuela; rehusa cooperar con la intervención norteamericana en la lucha contra las guerrillas colombianas; no permite la utilización del espacio aéreo venezolano para los planes norteamericanos de vigilancia antinarcóticos; se ha negado a entregar a las agencias de inteligencia de Estados Unidos información sobre la comunidad árabe que reside en Venezuela; promociona la integración de los esfuerzos petroleros latinoamericanos para independizarse del control de los monopolios estadounidenses; aboga por una política independiente en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP; visitó a Sadam Husein y a Moamar Gadafy, cuando eran anatematizados por Washington; ha impulsado la participación estatal directa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; fortaleció la educación y la salud públicas, en contravía de la corriente privatizadora neoliberal (, a través de las famosas «misiones»); se ha opuesto abierta y enérgicamente en todos las cumbres presidenciales y ministeriales al ALCA, y se negó a participar en las negociaciones del tratado bilateral andino de «libre comercio», con el cual EU pretende doblegar la oposición que ha encontrado su plan de recolonización en toda América Latina.
Este último es el punto crucial de la contradicción con el imperialismo norteamericano. Necesitado Estados Unidos de revitalizar su economía, ha procedido a expoliar a los países latinoamericanos. Sin importarle la quiebra de su producción agrícola e industrial, les impone la apertura sin trabas de ninguna especie a las inversiones especulativas de sus capitales financieros, el desmonte de las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual, la participación en el negocio de las compras gubernamentales, la privatización de la salud, la educación y otros servicios públicos, en suma, el total sometimiento a su política de recolonización. La oposición beligerante que en Venezuela desarrolla Chávez contra el intervencionismo imperialista, acompaña las luchas que contra el mismo y el avance en sus imposiciones neoliberales despliegan los trabajadores y los pueblos del resto de América Latina.