Enrique Daza Gamba
A finales de julio en Quito se llevó a cabo el Foro Social de las Américas. Allí fueron debatidos diversos temas, la mayoría sobre el impacto de los Tratados de Libre Comercio contra la población americana.. Estos tratados fueron condenados por sus efectos adversos sobre la soberanía nacional y los mercados internos. En su declaración final, los dirigentes de la Campaña Continental contra el ALCA sostuvieron que «hoy la lucha contra el ALCA pasa por la derrota del tratado entre Estados Unidos y Centroamérica y el TLC andino», consideraron que los Tratados de Libre Comercio constituyen una pieza fundamental del engranaje del gobierno de Estados Unidos para controlar todo el continente y llamaron a una jornada continental de protesta el próximo 12 de octubre.
En el marco del Foro Social también se reunieron los representantes de organizaciones sociales de la región andina con el propósito de coordinar sus luchas y examinaron la gravedad del tratado que se está negociando, recomendaron fuertes movilizaciones de protesta en las fechas en que se hagan las rondas de negociación. A este llamamiento adhirieron las principales organizaciones populares de la región: Conaie, Confeunasc y Ceols de Ecuador; la CUT, Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, de Colombia; la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, de Venezuela; la CGTP de Perú, y las principales organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de Bolivia, y decenas de organizaciones regionales más.
Simultáneamente, más de treinta parlamentarios de América Latina, con el senador Jorge Enrique Robledo como único representante de Colombia, hicieron un fuerte pronunciamiento que resalta la necesidad de defender las soberanías nacionales y el bienestar de los pueblos ante la amenaza planteada por estos tratados. Dirigentes de Recalca participaron activamente en todas estas decisiones, expusieron los problemas particulares de Colombia y rechazaron la decisión gubernamental de suscribir el tratado.
La declaración de las organizaciones señaló: «Con el TLC se pretende, a cambio de acceder con unos cuantos productos básicos o de escasa elaboración al mercado norteamericano, aceptar todos los condicionamientos normativos estadounidenses, de tal forma que se den garantías a los inversionistas más que a los ciudadanos y las naciones; se proteja la propiedad intelectual de los productos de las multinacionales; se privaticen todos los servicios públicos, y se adopte en forma irreversible y supraconstitucional todo el recetario neoliberal, cuya aplicación durante los últimos años ha traído grandes calamidades a nuestros pueblos». Y añade: «Los pueblos andinos hemos enfrentado con decisión estas políticas: las movilizaciones del 15 de abril en Ecuador y Colombia, las manifestaciones del 18 de mayo en Colombia y las del 14 de julio en Perú, la permanente efervescencia del pueblo boliviano, y la creciente oposición venezolana a la injerencia norteamericana en sus asuntos internos expresan esta decisión de lucha».
La Ronda de Lima: nuevas concesiones a Estados Unidos
Los resultados de la Ronda de Lima, a finales de julio, fueron aleccionadores. La estrategia de Colombia ha sido conseguir «casi» todas las preferencias comerciales que ya teníamos con el Atpdea y a cualquier precio, mientras la norteamericana es otorgar menos que las existentes en tal acuerdo e imponer cambios profundos en la propiedad intelectual, la inversión, las compras estatales y los demás aspectos normativos.
Colombia quería negociar primero el acceso a los mercados y por eso ideó, con los demás países andinos, un enrevesado cronograma de peticiones y ofertas. Mas Estados Unidos quiere definir los aspectos sustanciales; por eso no cumplió el cronograma y, en consecuencia, la Tercera Ronda culminó sin que se estudiaran las peticiones y ofertas.
En el tema de propiedad intelectual, Washington sacó los dientes decapitando a Carlos María Correa, negociador de propiedad intelectual, y los andinos salieron despavoridos, se dividieron y lo arrojaron a un inexistente cuarto de apoyo técnico. En compras estatales Estados Unidos ofreció menos de lo que otorgó a Chile y a Centroamérica.
El gobierno colombiano, en lugar de exigir respeto a los compromisos adquiridos por consenso y suspender las negociaciones, no ha objetado en nada este súbito y unilateral cambio de las reglas del juego y se sienta a «discutir» sobre lo que ya han decidido los estadounidenses, sobre lo que ellos desean, al ritmo que imponen y haciéndoles toda clase de venias.
En Puerto Rico se consolidó la entrega
La Cuarta Ronda de negociaciones fue en Fajardo, una apartada población a cincuenta kilómetros de San Juan, con los negociadores aislados en un elegante hotel, lo que impidió que el movimiento social se manifestara en contra del tratado.
El tono de las declaraciones fue grave. En los negociadores andinos se consolida la posición de que si se quiere firmar el tratado hay que hacerle más concesiones a Estados Unidos que Chile y los países centroamericanos. Estados Unidos continúa descartando cualquier cambio en su legislación, mientras que de los andinos exige toda clase de modificaciones. Fue tan lánguido el resultado de la Ronda, que Regina Vargo, jefe de la delegación gringa, tuvo que prometer que al final del proceso los países andinos conseguirán más de lo que tienen en el Atpdea; pero con ello sólo reafirmó que deberán pagar un alto precio por mantener lo que ya tienen.
Lo único importante de las reuniones en Fajardo fue el intercambio de opiniones, el estrechamiento de lazos entre los opositores al tratado y las denuncias que hicieron sobre la injerencia estadounidense en los asuntos económicos y políticos de nuestros países. Más de cinco horas de entrevistas en las principales cadenas de radio y un largo reportaje en el diario de mayor cubrimiento del país, el Nuevo Día, mostraron el verdadero rostro del proyectado acuerdo. Voceros del Concilio de Iglesias, como Ángel Luis Rivera, del Movimiento Nacional Hostosiano, como Félix Colón, e intelectuales y académicos de reconocida prestancia nacional, como Juan Rosario, de la organización Misión Industrial, y el economista e historiador Nelson Rochet, acompañaron en las diversas entrevistas a Enrique Daza, vocero de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, a Miguel Clemente, de la Confederación Nacional Agraria del Perú, y a Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, quienes llevaron la vocería de la Alianza Social Continental.
Los dirigentes puertorriqueños mostraron que durante cien años su país ha sido el laboratorio de las políticas de libre comercio, arruinando la producción local y produciendo una burbuja consumista que esconde una grave situación social y un permanente saqueo del trabajo nacional y de los recursos naturales por parte de las multinacionales norteamericanas.Lo que los negociadores no supieron y se trató de ocultar a la opinión pública de los países andinos, es que las protestas no se limitaron al grupo de boricuas que en el sitio de la reunión portó pancartas contra el tratado. En nuestro país, por ejemplo, el cardenal Pedro Rubiano, máximo jerarca de la Iglesia Católica, manifestó sus preocupaciones sobre la necesidad de resguardar la salud pública y la producción campesina; y simultáneamente con las reuniones de Puerto Rico, se movilizaron 60 mil indígenas del Cauca, más de 100 mil camioneros comenzaron un paro indefinido y centenares de miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades, condenando el TLC, como instrumento clave de la recolonización imperialista.