Desde el 2 de febrero, 1.200 trabajadores de Vanytex, la empresa textilera más importante de Bogotá, controla por 26 sociedades extranjeras y ligada a los monopolios del nylon en Colombia, adelantan un combativo movimiento huelguístico y resisten las descaradas presiones del Ministerio de Trabajo, que el 10 de febrero, en un nuevo atentado contra el proletariado colombiano, ilegalizó el movimiento. El sindicato rechazó esta medida y mantiene la posición de no suministrarle luz y vapor a Isatex, factoría aledaña del mismo capital. Directivos sindicales sostuvieron que ceder en estos puntos equivale a liquidar el movimiento, ya que esta última empresa reemplazará de inmediato la producción paralizada de Vanytex y el pliego de peticiones quedaría burlado. La ilegalización de la huelga descubre a las claras el carácter antiobrero del régimen continuista de López y no podrá amedrentar a los trabajadores, que se mantienen firmes en su decisión.
30 años de atropellos
Vanytex, cuya nómina de altos empleados está compuesta casi en su totalidad por griegos, ha descargo sobre los trabajadores 30 años continuos de atropellos. Centenares de despidos, 20 de ellos en el períodos de prehuelga, abusos en el restaurante, que costaron hace cuatro años la intoxicación masiva de 300 compañeros, salarios de hambre que en promedio no llegan $ 57, son algunos de los numerosos atentados patronales que apenas comienzan a saldar los trabajadores. Dirigentes sindicales denunciaron que “en la actualidad, obrera con 23 años de servicio sigue ganando $ 54 y criticaron al gobierno por tolerar el despido de 148 compañeros durante 1975. Pese a ser insostenibles semejantes condiciones de trabajo, la empresa se ha negado a solucionar el pliego de peticiones, con el argumento de que “los puntos exigidos son políticos”.
El sindicato exige un 40% de aumento salaria, garantías seguras a la estabilidad, derechos sindicales y sustanciales mejoras extralegales. Los “puntos políticos” a los que la empresa ha hecho referencia no son más que éstos, y si la combatividad del movimiento, después de 30 años de abusos, asusta a los patronos y al Ministerio, es apenas la primera señal de que la situación está cambiando, y los oprimidos y silenciados de ayer han empezado a hacer oír su voz.
El “mandato de hambre” se quita la careta
En el transcurso del conflicto, la actitud del gobierno lopista ha sido una muestra evidente del compromiso asumido desde un principio frente a los intereses de los grandes monopolios norteamericanos. Tolerante e inepto ante los numerosos despidos llevados a cabo por la empresa en la etapa de prehuelga, el ministerio demostró poseer una acuciosa eficacia una vez que los trabajadores decidieron hacer efectivo el cese de actividades: no sólo impidió el cierre del más importante almacén de Vanytex en Bogotá, burlándose, hasta de sus propias disposiciones legales, sino que ilegalizó el movimiento el 10 de febrero, con el argumento absurdo de que los trabajadores estaban bloqueando la producción de Isatex al impedir el suministro normal de luz, vapor y agua. Esta medida, de corte típicamente fascista, señala al “mandato de hambre” como el gobierno más antiobrero de que se tenga noticia.
Pero la complacencia del gobierno hacia la empresa no tiene límites: buscando intimidar a los trabajadores, ha militarizado los sectores aledaños a la carpa. Ni aún así podrá lograr sus propósitos. La moral y la disciplina de los trabajadores se agigantan, a medida que descubren en los hechos a qué clase de enemigos deben enfrentar.