Por Javier Gaviria B., de la Asociación de Ligas de Usuarios de Antioquia
San Antonio de Prado y San Cristóbal, corregimientos de Medellín, fueron hace unos días alevemente sorprendidos con los exagerados incrementos en las tarifas de los servicios públicos. En las últimas facturas advirtieron que se les había cambiado el estrato socio-económico de manera arbitraria y sin consultar las reales condiciones económicas de sus familias.
La ley 505 de 1999 ordena a los alcaldes, bajo amenaza de sanciones, imponer una nueva estratificación a los «centros poblados» en la zona rural, ciñéndose a metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación, la agencia del Banco Mundial en Colombia. La tipología que se aplica, de características eminentemente físicas, no tiene en cuenta las condiciones socio-económicas. Los burócratas fijan el estrato sin entrar en los domicilios y sin adelantar encuesta alguna sobre salarios. Se entiende por centros poblados los corregimientos, las inspecciones de policía y los caseríos de más de veinte casas contiguas.
La estratificación resultante, que se traduce de inmediato en alza de tarifas, constituye un verdadero atropello contra los ya maltrechos ingresos domésticos, pues apunta a exprimir aún más a los colombianos de bajos ingresos. A lo anterior se agrega que en 2001 desaparecerán por completo los subsidios a los consumos de los servicios públicos domiciliarios para todos los estratos sociales.
Con urgencia, entonces, debemos aprestarnos a organizar Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos para levantar la bandera de resistencia contra las nuevas estratificaciones, las alzas y los cortes.