Por Gustavo Triana
La invitación del ministro de Trabajo a las centrales obreras para concertar las reformas laboral y pensional, en términos más regresivos que las impuestas con las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, es un insulto a los trabajadores colombianos. Pretenden Pastrana, Santos y Garzón que las centrales obreras se hagan cómplices de semejante raponazo a las ya menguadas condiciones laborales de los asalariados. Negar el derecho a la pensión, regresar al contrato civil, poner de pretexto el desempleo para envilecer aún más las condiciones de trabajo de los pocos empleados y cumplir así con el plan de ajuste impuesto por el FMI, pone al descubierto la verdadera naturaleza del «ministro obrero», que a bastantes incautos ha confundido con sus retozos de disidente del gobierno pastranista.
Nada podría ser más nefasto para la situación de los trabajadores que seguir rebajando sus condiciones remunerativas, negar y pauperizar las pensiones y, en conclusión, llevar el abaratamiento de la mano de obra a límites extremos, siempre con el sofisma de «combatir el desempleo».
Tal como lo señalan las centrales obreras en uno de los apartes de su respuesta al gobierno: «Hace diez años, cuando el índice de desempleo no llegaba al 9%, se propuso la reforma laboral contemplada en la ley 50, argumentándose su necesidad para acabar con el desempleo. Hoy, cuando supera el 20%, se repite la historia tratando de poner contra la pared a los asalariados para ocultarle al país el fracaso de la política aperturista».
Las reformas son presentadas como una medida para crear empleo, cuando en realidad son para desmejorar el existente, para descargar sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo la grave crisis a que ha conducido la política imperialista de apertura y privatizaciones. La esencia de estas modificaciones son el envilecimiento de la mano de obra y el ahorro fiscal para cumplirle al imperialismo con el pago de la deuda externa.
Tal como lo admiten vastos sectores de la sociedad, las causas del desempleo están en la pérdida de la soberanía económica y sus nefastas consecuencias: bancarrota de la producción nacional, pérdida del mercado interno, exorbitante crecimiento de la deuda externa y aumento acelerado de los niveles de pobreza. Asunto también debidamente recogido por las centrales, cuando señalan: «La quiebra de la producción agraria, base de la seguridad alimentaria de todo el país y pilar de cualquier desarrollo económico, la desindustrialización y la informalización, se reflejan en los índices crecientes de pobreza y miseria que viven muchos colombianos».
Entonces, no guarda relación alguna con la necesidad de combatir el desempleo el despropósito que llevan implícito las reformas. Sus principales objetivos son los siguientes:
* No remuneración de horas extras.
* No pago del recargo por trabajo en días dominicales y festivos.
* Rebaja de la indemnización por despido, de 45 a 25 días de salario por año de servicio.
* Prolongación de la jornada diurna hasta las ocho de la noche.
* Establecimiento de salario integral a partir de cuatro salarios mínimos legales.
* Aumento de la edad de jubilación a 62 años para mujeres y a 65 para hombres.
* Incremento en 1% de la cotización para pensiones.
* Aumento del aporte mínimo de semanas cotizadas: de mil a 1.300.
* Se toma como base de liquidación de la pensión el 55% del promedio de ingreso de toda la vida laboral, en lugar del 65% del promedio de los últimos diez años.
No hay lugar a concertación alguna. La conducta que corresponde al movimiento obrero es la de rechazar tajantemente este atropello. Y que las centrales obreras se sostengan en su afirmación de la carta mencionada, que a la letra dice: «El desempleo y la crisis fiscal han servido para poner al descubierto el estado de postración en que se encuentra nuestra economía y para pensar que la fiebre no está en las sábanas, como se pretende hacer creer con los argumentos esgrimidos para justificar la nueva reforma laboral. Por lo mismo, las propuestas del movimiento sindical van más allá de sentarse a discutir en la comisión de concertación dónde se le quitan comas o ponen puntos al borrador de reforma laboral que el gobierno entregó a las centrales».
La propuesta del gobierno se plantea en el momento en que el avasallamiento de los pueblos del mundo por parte de Estados Unidos está acompañado por la mayor concentración de riqueza jamás vista; y cuando el capital financiero internacional, con cada fusión o compra de empresas, lanza a miles de trabajadores a la calle y extorsiona en sus andanzas no sólo a empresarios sino a naciones enteras, para sumirlas en el atraso y la miseria, mientras se alza con los recursos naturales y el trabajo de millones de explotados.
Es en este contexto en el que se les pide a las centrales obreras ceder las pocas prestaciones conquistadas en más de un siglo de luchas, objetivo hoy de los permanentes reclamos del FMI y el Banco Mundial, cada vez que les pasan revista a las actuaciones de los lacayos gobiernos de turno. Así quedó demostrado con el llamado de atención que por la demora en el trámite de la reforma pensional, recientemente les dirigió al Congreso y al gobierno el señor Olaf Gronlie, miembro de la misión técnica del FMI para Colombia.
Se ha convertido en un mal hábito de las centrales concurrir a los constantes llamados a la mesa de concertación, sin condicionamiento alguno por su parte, contribuyendo así a mantener falsas expectativas respecto a las intenciones del gobierno y, de paso, a confundir y desorientar al movimiento sindical. La cristalización de una protesta nacional pasa obligatoriamente por descalificar los ofrecimientos del gobierno y concentrar a todos los dirigentes y activistas del país en la preparación de la tarea propuesta. La actitud consecuente no puede limitarse a un simple llamamiento a paro; se trata es de emplear a fondo toda la capacidad de organización y propaganda del movimiento obrero, para dar una respuesta acorde con la magnitud de la embestida imperialista sobre los trabajadores y la nación. Para ello, el Comando Nacional Unitario es la forma de coordinación que ha mostrado mayor funcionalidad en tal propósito. Y por tanto, es tarea prioritaria fortalecer su poder de convocatoria con la presencia y representación de otros sectores sociales.
A mediados de septiembre se dieron por terminadas las conversaciones de las centrales obreras con los empresarios y el gobierno, sin acuerdo alguno, para fortuna de los trabajadores. Se desterraron de esta manera las expectativas en la concertación y, tal como se esperaba, los voceros del gobierno y de los empresarios declararon de inmediato su apoyo al lesivo proyecto de reforma laboral que ya hace curso en el Congreso por iniciativa parlamentaria. Éste contiene, además de las propuestas de Santos y Garzón, un recorte a las rentas parafiscales que acabaría de estrangular a instituciones tan importantes para el pueblo como el ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación.
Se hace urgente recuperar el tiempo perdido en los diálogos infructuosos y adelantar toda la organización y propaganda para concretar, tal como lo ha propuesto la CUT, el Paro Cívico Nacional a partir del 31 de octubre. Desechemos cualquier ilusión en los resultados del lobby parlamentario y, por el contrario, alentemos la lucha de las masas. Es imprescindible incluir en los reclamos de este paro toda la problemática concerniente a los servicios públicos, el cierre de hospitales, la reglamentación del acto legislativo 012, las reivindicaciones del sector agrario y de los transportadores, entre otras.
Oscuro será el futuro de los trabajadores si caemos en las trampas de la concertación y la mal denominada actitud propositiva, dejando pasar que la causa real de todos nuestros males radica en la dominación que Estados Unidos ejerce en todos los campos de la vida nacional. Si no nos sacudimos ese yugo, no se vislumbra salida alguna para las penurias de la población.
Todo recetario que mantenga intacta la dominación imperialista servirá solamente para prolongar el saqueo de nuestras riquezas y la esclavización de nuestro pueblo.