Por Gustavo Triana
El gobierno de Pastrana, en su carrera desenfrenada por entregar la nación al imperialismo, está tramitando ante el Congreso la ley de exportaciones de gas natural y liberación de precios. El proyecto se presentó como el número 308 de 2000, y recibió aprobación en la Comisión Quinta de la Cámara el 27 de septiembre. De llegar a aprobarse, será otro severísimo golpe al interés nacional.
La producción y uso del gas natural ha sido principalmente un esfuerzo de Ecopetrol. El aprovechamiento en las refinerías, la masificación de gas residencial, el uso en el transporte, las industrias y la petroquímica, fueron impulsados y alimentados por la estatal petrolera. La instalación del primer medio millón de redes domiciliarias fue fruto de la política de la estatal. Históricamente las trasnacionales siempre quemaron el gas que surgía asociado con el petróleo, a pesar de la prohibición expresa del Código de Minas.
Desarrollado el transporte con la red nacional de gasoductos, masificado el uso residencial (dos millones de usuarios y en la perspectiva de alcanzar los tres millones en un par de años), montadas varias termoeléctricas a gas, convertidas muchas industrias al mismo en remplazo de carbón, combustóleo y crudo Castilla, se procede ahora a la desnacionalización y a la liberación de los precios. Primero fue la venta al capital español (Gas Natural S. A.) de Gas Oriente, Metrogas, Gases Barranca, Gas Natural de Bogotá, entre otras empresas encargadas de la distribución en Santander y la capital del país. Igual suerte corrió Promigas, que transporta todo el gas de la Costa y en la que Ecopetrol tenía 48% de las acciones, subastada a la Enron Corporation, gringa. Españoles y franceses se apropiaron el transporte y distribución en el Eje Cafetero, Valle y Cauca. Sólo Alkanos del Huila, Empresas Públicas de Medellín y algunas de los Llanos quedan como distribuidores nacionales. En la actualidad, todas las actividades de distribución tienen un precio administrado por el Estado, que les garantiza a las empresas 14% de rentabilidad y con ello un control al precio final del consumidor.
En el pasado, la camarilla gobernante pretendió además privatizar la red de gasoductos, que le había costado a la nación, a través de Ecopetrol, más de 600 millones de dólares, paso frustrado por la lucha que libró la USO y que mantuvo a Ecogas como empresa estatal.
El proyecto dispone liberar el gas para exportación y también sus precios una vez se adicionen cien millones de pies cúbicos a la producción diaria actual y se garantice una reserva estratégica para seis años. El precio que será liberado es el que se paga por un pie cúbico de gas en la boca del pozo o en los sitios de entrega a la red nacional de transporte. Esta liberación cobijaría producciones viejas y nuevas.
El precio está hoy regulado por el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y se calcula para cada yacimiento, de tal manera que los precios obedecen a factores objetivos de producción y rentabilidad de cada yacimiento. Por ejemplo, el gas de La Guajira, que explota la Texas, tiene un precio de 0.53 dólares el pie cúbico, y el de Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, 0.74 dólares. Estos tres yacimientos representan cerca de 90% de la producción, asunto que pone a la BP y la Texas en posición de monopolio. La liberación llevaría de manera inmediata a un precio de por lo menos 1.10 dólares, según la misma CREG, con repercusiones graves e inevitables para los consumidores de la generación eléctrica, el uso industrial, la petroquímica, el transporte y el uso domiciliario.
La medida obedece a las presiones de Texas y BP, que han puesto como condición para liberar sus producciones una mejora en los precios y más facilidades para la exportación.
El nefasto proyecto también contempla la entrega a terceros, para su comercialización, de la participación del Estado por concepto de regalías en todas las explotaciones, quitándole de esta manera una facultad vital a Ecopetrol.
El proyecto es la base para conceder la construcción de un gasoducto entre Coveñas y Ciudad de Panamá, en el que está interesada la Enron Corporation, y cuya adjudicación salpicó con su escándalo al ex ministro Luis Carlos Valenzuela.
El debate en torno a la liberación de precios y exportaciones ha enfrentado a los consumidores y distribuidores representados en la CREG, opuestos a su aprobación, contra el ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol, sus principales impulsores. La doctora Carmenza Chaín, directora saliente de la CREG, ha advertido: «Así como está planteado el proyecto es perverso, porque indefectiblemente se subirán los precios del gas», y advierte que el costo para los usuarios de liberar por completo los precios del gas, a partir de 2003, puede ser cercano a los 800 millones de dólares en tres años, afectando a los consumidores nacionales y restándole competitividad a la industria local. Sobra aclarar que los 800 millones de dólares irán al bolsillo de las trasnacionales como ganancia adicional.
Caballero Argáez, ministro saliente de Minas y Energía, y Alberto Calderón, presidente de Ecopetrol, han declarado que harán todo lo que les toque por sacar adelante el proyecto, y que su política, en consecuencia, es el estímulo a los productores y exploradores foráneos. Está claro que tal empeño no tendrá en cuenta el interés de los consumidores ni el de la nación.
La medida se tramita en el preciso momento en que ocupa las primeras planas el debate sobre los abusos cometidos con las tarifas por las generadoras de energía y otras prestadoras privadas de servicios públicos. Ante los desmanes de los privados y su manifiesta corruptela, Pastrana le propone a Colombia más de lo mismo en un servicio público que se ha convertido en estratégico para la nación, como lo es el gas domiciliario.
A la USO le corresponde elevar la más amplia denuncia sobre este atentado que se cocina en el Congreso y unirse a los millones de colombianos que hoy se movilizan en distintas asociaciones de usuarios de los servicios públicos, para detener la entrega de la soberanía nacional y echar atrás las privatizaciones.