La actividad de Robledo en el Senado ha sido intensa. Además de los resonantes debates sobre el referendo (Véase página 3), la Conmoción Interior, la situación agropecuaria, la política petrolera, el Banco de la República, la ley de presupuesto nacional, el turbio manejo del contrato Ferrovías-Fenoco y otros, el senador del MOIR dejó, en compañía de buen número de congresistas, las siguientes constancias sobre algunos de estos problemas:
En carta a El Tiempo, enviada a sus directores Enrique y Rafael Santos, cuestiona la actitud de ese periódico sobre graves hechos contra el interés nacional.
«El pasado martes, 1 de octubre, en la sesión plenaria del Senado de la República y con transmisión por Señal Colombia, los senadores Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Leonor Serrano y Bernardo J. Guerra realizaron un documentado debate sobre las graves irregularidades que ha tenido el desarrollo del contrato de concesión suscrito entre Ferrovías y la transnacional Fenoco, para la rehabilitación de un largo tramo del ferrocarril entre Bogotá y Santa Marta. También denunciaron las enormes pérdidas que le podría significar a Colombia el litigio que se desarrolla en un tribunal en París entre Fenoco y la Drummond, en torno a la operación del ferrocarril por el que salen buena parte de las exportaciones de carbón del país. Dependiendo del fin que termine por tener este desastre, en el que además están desapareciendo —por robo y con la alcahuetería del contratista— centenares de kilómetros de rieles, las pérdidas para la nación superarían los US500 millones, una de las mayores de que se tenga noticia en este tipo de contratos.
«En respuesta a las acusaciones de los senadores, el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, con detallada exposición de más de una hora, confirmó uno a uno los desmanes cometidos por Fenoco en contra del interés nacional y puso en evidencia el riesgo inminente de que esa firma tire el contrato firmado, con lo que el asalto se consumaría. Además, el ministro les reclamó a estas transnacionales por la agresión que nos significa a los colombianos que el pleito entre Fenoco y la Drumond se desarrolle en un tribunal en el extranjero.
«Ante estos hechos, ¿por qué, señores directores, ese periódico decidió no gastarle ni una línea a esta lesión enorme al patrimonio de los colombianos, la cual, además, entraba de manera notable el progreso de Colombia porque interrumpe, por largos años o para siempre, la conexión férrea entre el centro del país y el Océano Atlántico? Y a propósito, ¿cómo explican que El Tiempo, con tanta frecuencia, guarde silencio o diga muy poco sobre muchos de los debates que se hacen en el Congreso de la República o solo informe sobre lo que en ellos dicen los casi omnipresentes miembros del poder Ejecutivo en los medios de comunicación?»
Ley de presupuesto. Los abajo firmantes dejamos constancia de nuestro voto en contra de la Ley de Presupuesto del 2003, porque en esa ley se expresa la voluntad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de continuar con las políticas neoliberales impuestas por el FMI y que han llevado a Colombia a la peor crisis de su existencia, según lo ilustran los siguientes hechos: las cuentas de la Ley de Presupuesto parten de considerar como positivas para la nación, y como que serán aprobadas por el Congreso y por los colombianos, la reforma tributaria propuesta por el gobierno y la congelación del gasto público incorporada por las mayorías de las comisiones primeras de senado y cámara en el proyecto de referendo. Y esas dos propuestas significan el empobrecimiento de centenares de miles de familias por la vía de la reducción de sus ingresos por sueldos y salarios, con la consecuente disminución de la demanda que tanto requieren la industria y el agro del país, en tanto el aumento de los impuestos y especialmente del IVA empobrecen también a los colombianos y lesionan con especial énfasis a los sectores más pobres de Colombia.
El presupuesto que se acaba de aprobar tiene como principal criterio de elaboración mantener la «confianza de los mercados», el eufemismo con el que ocultan las imposiciones del capital financiero internacional, lo que conduce a sacrificar la inversión, el gasto social, el empleo y los salarios del sector público, en aras de atender el cumplido pago de las deudas externa e interna del Estado, cada vez más convertidas en impagables. El calibre de la exacción al que estamos siendo sometidos los colombianos a través del pago de la deuda pública lo explica la propia ponencia elaborada por las comisiones tercera y cuarta del senado, la cual señala: «Mientras que en 1995 el servicio de la deuda representaba el 19% del presupuesto nacional, en 2002 alcanzará el 38.9% y el 40.9% en 2003. Por el contrario –agregan– la inversión ha pasado del 20% en el primer año, a 9.1% y 8.4% en cada uno de los siguientes, respectivamente».
También es evidente que el gobierno ha tenido que recurrir a una interpretación notoriamente amañada de lo que significa «gasto social», para poder argüir que está cumpliendo con el Art. 350 de la Constitución Política, el cual ordena que el porcentaje de ese gasto dentro del presupuesto debe incrementarse año por año.
El recorte de $244 mil millones al presupuesto del Sena debe rechazarse no solo porque deteriora las condiciones de funcionamiento de una institución vital en la educación de los colombianos y para la producción nacional, sino porque viola su autonomía para definir su presupuesto y establece el criterio de que el gobierno puede desviar los recursos parafiscales y, además, utilizarlos para atender los afanes del endeudamiento oficial.
Jorge E. Robledo Castillo; Carlos Gaviria D.; Luis Carlos Avellaneda; Gerardo Antonio Jumí; Jaime Dussán C.; Bernardo Hoyos M.; Francisco Rojas B.; Edgar Artunduaga S.; Bernardo A. Guerra; Alexander López (representante).