Por Winston Petro
Casi a hurtadillas, el Congreso de la República aprobó la ley 293 por medio de la cual se crean las Zonas Especiales Económicas de Exportación, ZEEE, localizadas en los municipios de Buenaventura, Cúcuta, Valledupar e Ipiales y sus áreas metropolitanas creadas por ley. Los inexorables requerimientos del Fondo Monetario Internacional y la proximidad de la vinculación del país al mercado común previsto por el ALCA hicieron que Angelino Garzón, Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez apremiaran a los legisladores para aprobar de modo relámpago la nueva reforma laboral que esquilma de manera casi definitiva a la clase obrera colombiana.
Los funcionarios neoliberales aprovecharon el caos que caracteriza las ejecutorias del actual gobierno y los afanes de concertación que obsesionan a algunos contingentes obreros. Si bien en la ley se consagran normas de aplicación en los mencionados municipios, se le da potestad al gobierno para extenderlas a otros ubicados también en las fronteras, de acuerdo con la evaluación de las ganancias que los monopolios vayan obteniendo. Se introducen la mayoría de los atentados contra las conquistas de los trabajadores, contenidos en varios de los proyectos de reforma laboral que después de las leyes 50 y 100 han intentado imponerse, y que sólo por motivos de orden político no cristalizaron en el inmediato pasado.
De tal manera que, si por los avatares de la misma descomposición social en que se encuentra el país los monopolios no llegasen a anidar en este pequeño paraíso que se les crea, el gobierno habrá avanzado en la imposición de las normas laborales más regresivas dentro del plan de recolonización norteamericana: el abaratamiento, aún mayor, del costo de la mano de obra.
Las ventajas ofrecidas a los monopolios, tanto nacionales como extranjeros, que se pongan una nueva careta para participar en el convite, podrán ser incrementados por otras establecidas en leyes, ordenanzas, etc., es decir, no tendrán límites.
En la ley 50 de 1990 no se pudo incluir la negación del pago del recargo nocturno ni el previsto para el trabajo dominical o festivo. Esta vez el gobierno se sale con la suya y establece la pérdida para los trabajadores de estas mínimas garantías, a más de estipular la jornada de 36 horas semanales. Se institucionalizan igualmente la jornada de 18 horas semanales y el pago por hora de la remuneración y al salario se le incluyen el valor del recargo por festivo dominical, el de las prestaciones y el de beneficios tales como las primas legales, las cesantías y sus intereses y los subsidios cuando se habla de la jornada limitada. El salario integral baja del rango actual de diez salarios mínimos a tres para el trabajador que pudiera ganarlos. Las fatídicas sociedades intermediarias quedan facultadas para atender las demandas de la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, así como la prestación de servicios individuales o conjuntos por parte de sus miembros, algo que calca lo que de antiguo se denominó el contrato sindical, puesto en boga por el abogado Marcel Silva y sus allegados.
Continuando con el debilitamiento del SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación, los aportes sobre los salarios de los trabajadores a estas instituciones serán sólo del 50% de los que exige la legislación laboral. La seguridad social en salud y riesgos profesionales del trabajador y su familia podrá incluso ser regulada por modalidades aún peores que las de la regresiva ley 100 de 1993. Lo mismo ocurre con las pensiones, para las cuales se anota que sus aportes serán realizados por las horas efectivamente trabajadas, lo cual hace infinito el número de años necesarios para obtener la jubilación, ateniéndose al recorte de la jornada en su versión de 36 horas semanales o de la limitada.
Si para la ejecución de la apertura se necesitó de algún respaldo político de los empresarios engatusándolos con el desmonte de la precaria estabilidad existente y la eliminación de la retroactividad de las cesantías, esta vez el gobierno se valió del papel de alcahuete desempeñado por el ministro de Trabajo, quien a la vez que presta su concurso para estas trapisondas, de vez en cuando saca a brillar sus galones como integrante de los bandos sindicales en no muy lejanas épocas. El atentado es de tales proporciones, que la clase obrera está obligada a elevar su nivel de resistencia, a evitar que la cartera del Ministerio de Trabajo se le convierta permanentemente en una trampa y a exigirles a las centrales obreras que se pongan al frente de la batalla contra la política imperial que practica Estados Unidos sobre nuestra nación.