El 8 de julio, en la Asamblea del Valle, trescientos delegados de las ligas de usuarios del suroccidente del país se reunieron con el propósito de trazar un plan unificado de lucha contra las privatizaciones y el alza en las tarifas. El evento fue convocado por el Frente Ciudadano por la Defensa de Emcali y contó con representantes de Sintraemcali, la USO y otras numerosas organizaciones.
El capital financiero continúa empeñado en apropiarse de Emcali, la más importante empresa del suroccidente colombiano, tal como ya lo hizo con EPSA, antigua CVC. Emcali tiene un mercado de 600 mil usuarios y factura al día, en promedio, $ 2.700 millones. Es dueña de tres mil hectáreas de cuencas hidrográficas, de 2.600 km de redes de acueducto y 2.400 km de alcantarillado, 1.880 km de redes de energía, 160 km de redes subterráneas, 18 subestaciones de energía, 30 centrales telefónicas y una planta de tratamiento de aguas residuales.
A la caza de tan jugoso negocio, el alto gobierno ya intervino a Emcali y está a la espera de un inversionista foráneo, obedeciendo los dictados del Banco Mundial. Para hacer aún más atractiva la compra, la Alcaldía de Cali acaba de decretar un nuevo aumento de las tarifas.
Ya el capital extranjero ha entrado a saco en la empresa. Hace unos años, mediante bonos de deuda pública, Emcali hizo cuantiosas inversiones en Termoemcali, una planta de generación térmica que le está produciendo pérdidas anuales por 50 millones de dólares, pues un aberrante contrato PPA la obliga a comprarle durante veinte años la energía a un consorcio trasnacional.
Ante esta conjura se han puesto en pie de lucha las ligas de usuarios, veedurías, organizaciones sindicales y dirigentes de diversos partidos, entre ellos el MOIR.
La ponencia central del Encuentro fue presentada por Sintraemcali. Aurelio Suárez Montoya, dirigente del MOIR en Risaralda, dictó una conferencia, en la cual afirmó que “con el pretexto de la libre competencia, los últimos tres gobiernos han convertido el monopolio estatal en monopolio privado”. Como consecuencia, “los servicios públicos dejan de ser derechos ciudadanos para convertirse en mercancías, en beneficio del capital financiero internacional y en desmedro del capital productivo nacional”.
Suárez calificó como una gran falacia la política de “las alianzas estratégicas” con el capital financiero internacional en los servicios públicos, ya que las empresas tienen que aumentar permanentemente las tarifas para poder mantener una tasa de ganancia “que deje contento al inversionista”. Denunció que “las privatizaciones exigen que el Estado venda sus activos por debajo de su costo de oportunidad, sin que exista esfuerzo patrimonial por parte de los financistas”. Betania y Chivor, por ejemplo, fueron vendidas en la mitad de su costo. Termotasajero, recibida en 130 millones de dólares, fue puesta en el mercado en sólo 30 millones de dólares. La Empresa de Energía de Bogotá ferió el 50% de su capital, avaluado en 3 mil millones de dólares, por sólo 1.700 millones. De esta manera, la economía nacional se arruina y el único que sale ganando es el capital foráneo.
El encuentro aprobó la siguiente plataforma de lucha:
Derogar la privatizadora ley 142.
Las empresas de servicios públicos deben ser Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Algunas deben ser Establecimientos Públicos. En ambos casos, han de ser administradas exclusivamente por el Estado.
Prohibir la venta de las empresas de servicios públicos.
No permitir su división.
No desmontar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Subsidiar los servicios del sector productivo nacional, es decir, la industria y la agricultura.
Eliminar la estratificación rural.
El encuentro abogó por que la CVC (EPSA) revierta a sus dueños originales y por que sea preservada Acuavalle como empresa única departamental. Por unanimidad, los delegados aprobaron, finalmente, participar en la Jornada Nacional de Protesta del próximo 3 de agosto.