Emperatriz Ávila, presidenta del sindicato del hospital San Juan de Dios, labora en el área de corte y confección y lleva 16 años en la entidad; lleva un año dirigiendo la recia batalla de más de 2 mil trabajadores contra el plan del gobierno de cerrarlo. Los siguientes son extractos de la entrevista que concedió a Tribuna Roja.
T.R. ¿Qué significado tiene para la capital el San Juan de Dios?
E.A. Esta es una Fundación que tiene 450 años, aquí llegan pacientes de los sectores populares de Bogotá, y practican los estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad Nacional. Su objeto social, que es el de atender a la población más pobre, sobre todo a quienes no están afiliados a ningún régimen. Quien legó estos bienes no lo hizo para que dieran rentabilidad mercantilizando la salud. El gobierno antes asumía una responsabilidad económica, ahora nos dijo: defiéndanse ustedes.
T.R. ¿Compañera, háblenos algo más sobre la financiación del hospital?
E.A Los recursos se obtenían de partidas y auxilios que exigíamos los trabajadores para cubrir el déficit que causa atender a los insolventes. Hace cuatro años el gobierno decidió que eramos privados y que no nos podía dar fondos.
T.R. Aquí práctican los estudiantes de la Nacional, ¿qué recibe el hospital por esto?
E.A. Con tristeza hay que decir que sectores de la Universidad han perdido la ideología que antes tenían. Al empezar el conflicto algunos médicos y estudiantes propusieron que los trabajadores renunciáramos, que acabáramos el sindicato, y se unieron a la campaña del gobierno y la prensa para desprestigiarnos; se fueron a otros centros en donde ni los aceptan gratis, ni les dan la misma calidad de educación, ni tienen manejo directo del paciente como aquí, ni tienen la misma experiencia de La Hortúa. Otro sector más consciente de la realidad nos propuso pelear conjuntamente contra el cierre, con ellos elaboramos un proyecto de ley para que la práctica la costeen los ministerios de Educación y de Salud.
T.R. El gobierno argumenta que los trabajadores ganan demasiado..
E.A. El salario mínimo aquí no llega a $ 400 mil; en la red del Distrito pagan 150 o 200 mil pesos por encima de lo que nosotros devengamos; en el San Vicente de Paul y en el General de Medellín doblan o triplican nuestros sueldos. Quienes ingresamos antes de 1996 los únicos derechos que mantenemos son la retroactividad de las cesantías y la pensión a los 20 años de trabajo. Es el gobierno el que ha provocado la crisis para facilitar la liquidación.
T.R. ¿Hay sectores interesadas en los contratos que el Estado hacía con La Hortúa?
E.A. Sí, aquí había quienes querían formar unas “unidades empresariales” en beneficio de unos pocos; detrás de ellos estaban Colsanitas y la misma Secretaría de Salud que quería apropiarse del Materno Infantil., otros querían el Instituto de Inmunología del doctor Patarroyo.
T.R. Hace 13 meses que no les pagan, ¿cómo han sorteado la situación?
E.A. Hemos subsistido con el apoyo de las cárceles, de la porción del mercado que nos han donado los presos, de la solidaridad de algunos sindicatos, de la de los barrios pobres, y de la de nuestras familias. Hemos empeñado las cosas y perdido los apartamentos; pero vamos a empezar de nuevo ya que logramos lo más difícil que era mantener el hospital abierto.
T.R.¿Qué enseñanzas les ha dejado esta dura resistencia?
E.A.Lo más importante ha sido entender que la clase obrera está muy mal por falta de organización, no tenemos una dirección unificada, ni un proyecto para de verdad no dejarnos doblegar. Lo otro es que casi nos acostumbrarnos a vivir sin salario, porque veníamos a trabajar con la conciencia de defender la salud pública y de algún día tener nuevamente salario. Al principio hubo mucha angustia, pero en este momento la gente ya no llora; llegamos a pensar que seríamos los pacientes para reabrir el área de salud mental, pero no fue así.
T.R. ¿Qué nos puede decir de la represión a que se les ha sometido?
E.A. Nos tomamos el hospital desde el mes de agosto del año pasado, para impedir su militarización; hemos cuidado los elementos y la atención de los pacientes. Cuando efectúamos acciones de denuncia, mandan la fuerza pública a reprimirnos, hemos respondido en la medida de la agresión.
T.R. ¿Pensaron en asumir la administración del hospital?
E.A. Hemos hecho propuestas para mejorar la administración, pero ésta siempre estuvo en mmanos de los jefes de departamento a través de un comité; con ellos coordinábamos para asegurar los medicamentos, el vapor, la alimentación y el combustible, necesarios para atender los hospitalizados y a los enfermos que llegaban a diario. Nosotros no ibamos a administrar una institución quebrada a la que no le darían ni un solo contrato, para luego echarnos la culpa del desastre.
T.R.¿Cuál es la salida?
E.A. Reabrir el hospital; que el Estado le de contratos especiales de atención de pacientes que no tienen recursos; que se nos vincule a la red del Distrito para atender casos de alta complejidad; que se abran áreas que han estado cerradas; incluso vender internacionalmente servicios de trasplantes, resonancia magnética y atención de quemados. El objetivo central es que nos saquen de la ley 100.
T.R. ¿Cómo ha sido el apoyo de otras organizaciones de la salud?
E.A. Nos preocupa un poco que no haya una solidaridad mayor; hay quienes piensan que si acaban el Seguro Social, mejor porque se fortalece el San Juan; que si cierran hospitales de la red distrital, mejor porque se fortalece tal o cual clínica. Sí seguimos así vamos a permitir que el gobierno acabe con todos.
T.R.¿Cómo está el estado de ánimo de la gente y en particular el suyo?
E.A. Estamos optimistas. Yo voy a seguir hasta el final porque es mi obligación estar en las buenas y en las malas. Ya demostramos que podíamos mantener abierto el hospital para no perder la pelea. Ahora viene otra etapa.