Con la expedición por parte de Álvaro Uribe Vélez del decreto 2085, el cual le prohibirá a la industria farmacéutica nacional la producción de nuevos medicamentos genéricos, hasta por cinco años, el gobierno, como era previsible, se sometió a los intereses de las multinacionales, que a través del gobierno de los Estados Unidos venían presionando para que se impusiera esa decisión antinacional, bajo el sofisma de la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Indigna aún más el apresuramiento mostrado en producir el decreto, para usarlo como carta de presentación en la visita a Washington, que advirtió perentoriamente que las «ventajas» que Colombia obtendría con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, Atpa, estarían en entredicho si no se tomaba esa determinación.
En síntesis, Uribe concedió mansamente una prerrogativa que afectará la salud de la población y golpeará la industria farmacéutica nacional, a cambio de unos beneficios comerciales dudosos, que principalmente benefician a las propias compañías norteamericanas que son las que hacen la mayor parte de las exportaciones del país.
Las graves consecuencias de la decisión son incalculables en el mediano y largo plazo. Baste decir que los medicamentos «de marca» son más costosos que los genéricos entre 60% y 80%; que las entidades de salud pública deberán asumir costos anuales de cientos de miles de millones de pesos más, y que las condiciones de competencia de la industria nacional con las trasnacionales se complicarán aún más.
Resultan falaces todos los argumentos utilizados para defender la decisión oficial. En primer lugar, el de que los famosos derechos de propiedad intelectual estimulan las iniciativas que conducen al desarrollo, cuando se sabe que uno de los baluartes del progreso de los países industriales fue, durante todo el siglo XIX y parte del XX, su explícita negativa a aceptarlos, y cuando los avances científicos deben ponerse al servicio de la solución de las carencias de la humanidad y no en provecho de los magnates del mundo. Pero también los hechos han demostrado que no era cierto, como se dijo a comienzos de la década pasada, que si Colombia se allanaba a la introducción de patentes, como en efecto se hizo, se dispararía la inversión extranjera en el sector. Lo que sucedió fue que las factorías extranjeras de drogas pasaron de 31 a 11, y el promedio de su inversión anual que entre 1994 y 1998 fue de 70 millones de dólares, bajó, entre 1999 y 2000, a 37 millones. Además, sus importaciones superaron los US$ 420 millones.
La decisión gubernamental también confirmó los temores expresados por empresarios nacionales del sector, que advirtieron oportunamente sobre los «tremendos costos económicos y sociales» que ocasionaría, y quienes también han denunciando que el gobierno ha permitido que en las reuniones en las que se define la posición colombiana frente al Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) participen masivamente los abogados de las trasnacionales que operan en el país.
Lo que sigue, entonces, es preparar la resistencia civil de la mayoría de los colombianos, para que ni las medidas contra la producción de medicamentos genéricos, ni la grave amenaza del ALCA logren concretarse.
Grave atentado contra industria farmacéutica nacional
El día jueves 19 de septiembre el gobierno nacional expidió el decreto reglamentario número 2085 que lleva las firmas del presidente Álvaro Uribe y del ministro de Salud y de Trabajo, Juan Luis Londoño, por medio del cual se estipula que el Estado colombiano a través del Invima protegerá los medicamentos producidos por las trasnacionales y se prohíbe la fabricación y venta de drogas genéricas en el país, es decir, las copias de las originales, las cuales hacen parte del conocimiento universal. Inicialmente la medida tendrá una vigencia de tres años, pero a partir del cinco de septiembre del 2005 se ampliará a otros dos; en definitiva las impresionantes gabelas para las firmas foráneas se extenderán por cinco años.
Según estudios de los investigadores de Fedesarrollo Luis Alberto Zuleta y Juan Carlos Junca, el impacto económico sobre los colombianos de esta medida tiene un costo por año de 777 millones de dólares, ganancias que se llevarán las empresas trasnacionales a sus países de origen. Esto son más de dos billones de pesos, pero como la medida es por cinco años la suma alcanzaría los diez billones de pesos.
El gobierno, según informa El Tiempo del 20 de septiembre, atendió las presiones del gobierno de Estados Unidos para poder acceder el país a unos supuestos beneficios del sistema de aranceles andinos para las exportaciones conocido como Atpa, faltando por cumplir otras exigencias coloniales como la aceptación de todos los fallos de los tribunales internacionales como el caso de Termorrío, que a pesar del fallo favorable al país por parte del Consejo de Estado le exigen al gobierno que acate la sentencia internacional y no la interna. Están también en la mira los fallos a favor de las trasnacionales de las comunicaciones y en contra de Telecom por cerca de dos mil millones de dólares.
Los principales afectados con este decreto gubernamental son los colombianos que padecen enfermedades y dolencias, ya que tendrán que pagar sumas superiores a las actuales por los medicamentos que requieren; la industria farmacéutica nacional que podría ser barrida al no poder fabricar drogas genéricas; el ISS y las EPS que sufrirán grandes pérdidas y, lo peor de todo, se lesiona la soberanía económica por cuanto es una decisión claramente a favor de intereses foráneos que se toma atendiendo presiones de una potencia extranjera que se siente dueña del mundo. Sigue teniendo toda su vigencia la necesidad más sentida del país, cual es la defensa insobornable del trabajo, la producción y la soberanía nacional.