Por Olger Forero
El gobierno cocina un proyecto de reforma pensional para el que, con el sofisma de la concertación, su ministro del Trabajo pretende conseguir el aval del movimiento obrero. Esta reforma hace parte de las exigencias del FMI dentro del Plan de Ajuste Económico, que tiene especial mención en el Plan Colombia. En ambos está dirigido a liberar recursos del Estado para cumplir con los pagos de la deuda externa.
El aspecto central de la reforma es poner mayores trabas para que los trabajadores puedan alcanzar el derecho de la pensión, para lo cual aumentan los requisitos, reducen la prestación y le facilitan a los Fondos Privados la canalización de dichos recursos. Esto se logra aumentando la edad de jubilación de 62 a 67 años, y las semanas de cotización, de 1.000 a 1.300, subiendo los aportes de patronos y trabajadores y disminuyendo la mesada pensional al establecerla en 50% del promedio salarial de la vida laboral, en cambio del 60% de los últimos diez años, en que la había situado la ley 100.
Lo que se propone el gobierno es: 1. Pagar lo menos posible por las pensiones 2. Darle un impulso al sistema de ahorro individual en los Fondos Privados de Pensiones, que es en esencia una negación del derecho.3. Acabar con los regímenes especiales y 4. Ahondar en el debilitamiento del sistema pensional del ISS.
Cálculos actuariales del gobierno, meras especulaciones
Para entender a cabalidad la posición del gobierno sobre el problema pensional, basta conocer los datos expuestos por el director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry. Según informa Portafolio (28-V-01), el funcionario dijo que en 1990 las pensiones significaban el 0,9%% del PIB; en el año 2000 eran el 2,8 y, según él, pueden llegar a 5%. «Esa senda se considera explosiva, y por eso hay que agilizar la reforma», agregó. No obstante, en muchos países este indicador es mucho más alto: llega en Estados Unidos a 6,8% del PIB y pasa de 10% en países de Europa como Bélgica, España, Finlandia y Grecia. El gobierno, entonces, funda su argumentación exagerando el pasivo pensional.
El pasivo pensional a cargo del Estado se ha incrementado por culpa del incumplimiento de sus obligaciones con el ISS, que llegan a 42 billones de pesos, y con los fondos pensionales que atienden a los trabajadores del Estado. No obstante, el gobierno sobreestima ese pasivo pues no todos los trabajadores se pensionan al mismo tiempo y los desembolsos son graduales.
Las cuentas deben hacerse sobre la base de los trabajadores activos en el país y de los que efectivamente estén en edad y tiempo de pensión. Conocido el número real de pensionados, debe verificarse si los recursos asignados cubren la obligación, teniendo en cuenta que se necesita un volumen de cotizantes activos suficientes para sostener el sistema. Esta forma de evaluar, ajustada por completo a la realidad, mostrará una cifra infinitamente menor para pensiones. Y para garantizar su pago, en lugar de recortar las nóminas, se requiere aumentar el empleo para irrigar el sistema de cotizantes. Que la proporción de pensionados crezca sin que aumente la cantidad de los cotizantes se debe al estancamiento de la economía, por la política neoliberal.
.La responsabilidad de otorgar las pensiones es del Estado y de los patronos. Cuando se creó el ISS, los trabajadores fueron obligados a contribuir para su propia pensión; después, el Estado incumplió con sus aportes, los patronos impusieron la evasión y, posteriormente, con los Fondos Privados de Pensiones y cesantías y con la Ley 100, se abolió el concepto de pensión y se sustituyó por el de ahorro individual en cabeza del trabajador.
De los 4.5 millones de afiliados del ISS, 46.1 % son inactivos, es decir, no cotizan por más de seis meses, y en los Fondos Privados, 50.2% de sus 3.750.000 afiliados tampoco lo hacen. Asunto clave en la crisis pensional y que tiene como única causa la quiebra del aparato productivo nacional y la desmejora en la calidad del empleo, con el predominio de la inestabilidad.
Capital financiero, el gran beneficiado
Las reformas en pensiones y cesantías han beneficiado exclusivamente a la banca privada. Dentro del esquema neoliberal, las pensiones dejaron de ser un aspecto de la seguridad social para convertirse, como la salud, en un pingüe negocio de los grandes banqueros, quienes desde la crisis de 1982-1984 vieron en las pensiones una fuente de recursos: «El problema radica en la dificultad de acceso a fondos de largo alcance. En busca de alguna solución valdría la pena estudiar… alternativas. La primera se refiere al Fondo de Pensiones, estos podrán ser administrados por las Corporaciones Financieras con lo cual se podría tener recursos estables a largo plazo» (del libro Banca 84, publicado por la Asociación Bancaria, p. 183).
Según el Banco Mundial, la administración del sistema debe ser privada, porque permite una mejor asignación de los recursos y hay menos posibilidades de presionar el déficit fiscal por la vía del mayor gasto público (Banco Mundial, 1994, James 1995:6)
Actualmente, dos de los grandes grupos colombianos, AVAL y Sindicato Antioqueño, controlan 47% de las captaciones. El capital español controla 35%. O sea, entre ambos controlan 82% de las captaciones.
La inversión de los fondos se ha destinado a la especulación financiera. En 2001 estos rendimientos dependen en más de 90% de: bonos de deuda pública externa e interna, de inversiones en el exterior y, por supuesto, reciben una consideración muy especial los títulos o bonos del sector financiero. En cambio, el llamado sector real de la economía recibe una inversión por debajo de 10%.
Estos fondos, a diciembre de 2000 captaron ocho billones de pesos y en la actualidad manejan captaciones por 13 billones, que equivalen a 20% del total de activos de la banca. En la cifra anterior se incluyen 2,3 billones de cesantías.
El sentido de las reformas propuestas por el gobierno es fortalecer aún más los Fondos Privados y con ellos al sector financiero; dificultar el acceso de los trabajadores a los beneficios pensionales y arrebatar de un tajo las conquistas que el movimiento sindical ha logrado en décadas de lucha, nivelándolos por lo bajo. La tesis de que son las pensiones las causantes del déficit fiscal, mientras se entregan millonarios recursos al sector bancario, no es más que una cortina de humo que pretende ocultar el nefasto papel del endeudamiento externo y de la apertura económica en la actual crisis. Los trabajadores deben defender sus conquistas, luchando por mantener su nivel de vida y con la convicción de que sus ingresos, al aumentar la demanda de bienes y servicios, contribuirán decisivamente al desarrollo de la economía nacional.
Corresponde a las centrales obreras y al Comando Nacional Unitario, organizar esta batalla y desechar las ilusiones en una concertación cuyo único efecto es desmovilizar al pueblo.