Por Fernando Ruiz
Transcurrido un año largo desde el terremoto del 25 de enero de 1999, la llamada reconstrucción oficial de los municipios afectados presenta un balance tan desastroso como el sismo. De las 450 mil personas damnificadas, más de cien mil permanecen hacinadas en los destruidos barrios populares, en tugurios y cambuches, sometidos a condiciones infrahumanas en espacios de nueve a doce metros cuadrados por familia. Los poseedores de más de 11 mil viviendas situadas en zonas de alto riesgo, que deberán desalojar, no han sido reubicados todavía. Los dueños de unas 70 mil viviendas que requieren reparación urgente y de las 14 mil que deben ser reconstruidas en su totalidad esperan desde agosto un primer desembolso del subsidio, y es tal su tardanza que muchos han tenido que paralizar los trabajos.
Ni comerciantes ni industriales han tenido acceso a los anunciados “créditos baratos” para rehacer sus establecimientos, cinco mil de los cuales colapsaron sólo en el departamento del Quindío. Miles de estudiantes recibirán nuevamente clases este año en improvisados caidizos de tablas porque los principales centros de enseñanza continúan derruidos. Y a la par que mueren los hospitales, el hambre ronda los campamentos y el desempleo cunde.
Ya desde febrero del año pasado se conocía que el valor de los daños superaba los dos billones y medio de pesos y, para marzo, la comisión de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, contratada por el gobierno, tasaba en tres billones el avalúo de las pérdidas, incluido el lucro cesante del aparato productivo. El gobierno anunció el aporte de únicamente 200 mil millones, menos del 7% del total requerido, alegando el déficit fiscal y la destinación forzosa del 36% del presupuesto nacional al servicio de la deuda externa. Aun agregando 15 mil millones recibidos por donaciones, el faltante era de 90% de los recursos necesarios. Entonces, por arte de birlibirloque, se redujo de un tajo a un billón 700 mil millones el presupuesto para la reconstrucción, se afirmó que 250 mil millones serían reconocidos por las aseguradoras y se prorrogó el oneroso impuesto del dos por mil con la supuesta finalidad de atender la tragedia. Pero así era necesario encontrar una fuente de recursos para el billón doscientos mil millones restantes y el gobierno recurrió a la única alternativa propia de su naturaleza vendepatria: el endeudamiento con la banca imperialista. “Había un grave evento de financiación –ha reconocido Luis Carlos Villegas, presidente del Fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, y de la Andi—y teníamos que poner en manos de la banca multilateral esquemas novedosos que le generaran confianza”.
Que fue la banca multilateral la que determinó los “novedosos esquemas” lo muestra con creces el flujo de recursos aprobados: de los 800 mil millones ejecutados en 1999 por el Forec, 600 mil millones, es decir, 75%, provinieron de créditos del Banco Mundial y del BID, lo que determina el rumbo y el modelo de la reconstrucción del Eje Cafetero, un modelo típicamente imperialista que comenzó a ser puesto en práctica desde el momento mismo del terremoto.
Cuatro son sus componentes principales:
Un Fondo, creado como “entidad de naturaleza especial”, adscrito a la Presidencia de la República, dotado de autonomía financiera y expresamente “sometido a las normas y procedimientos del Banco Mundial y del BID en todas las actividades y contratos financiados con recursos de crédito externo”.
Un Consejo Directivo, integrado por siete representantes de los principales grupos económicos del país, nombrados por Pastrana, más el alcalde de Armenia y el gobernador de Risaralda, consejo que “podrá sesionar y adoptar decisiones con la asistencia de tres de sus miembros” (¡de nueve!). Tal organismo quedó investido de plenos poderes para disponer de los recursos del Fondo, sin otra limitación que el visto bueno de los bancos prestamistas.
Unas gerencias zonales, supuestamente encargadas de reemplazar el “corrupto aparato estatal” en la planeación y contratación de actividades para cada una de las 31 zonas en que fuera desintegrado el Eje Cafetero. Esos cargos fueron contratados por el Consejo Directivo con ONG ligadas a los grupos económicos, suplantando a los alcaldes y concejos de los municipios. Los profesionales y las debilitadas empresas de la zona fueron descalificados para la contratación.
Un monitoreo permanente del Banco Mundial y del BID “por intermedio de auditores aceptables a los bancos”. Éstos aprobarán los proyectos, licitaciones y contratos para cada Plan Zonal y a su examen serán sometidos los “términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo el programa de reconstrucción”, condensados en el Manual Operativo, también impuesto desde afuera.
El resultado es un nuevo aparato burocrático para la intervención, aún más expedita, del capital imperialista. Sus funcionarios son retribuidos con largueza: en 1999, sólo por nómina, las cúpulas del Forec y de las gerencias zonales percibieron 31.805 millones de pesos del Fondo de los damnificados, a pesar de que tan altruistas filántropos todo lo hacen “sin ánimo de lucro”.
Millonarios contratos han sido firmados sin sujeción a las leyes sobre contratación en el sector público. Aquéllas incluyen la obligatoria licitación internacional para las obras de monto superior a cinco millones de dólares o la licitación nacional para las inferiores a tal suma. Pero “si hay empresas extranjeras que deseen participar en la licitación nacional se les deberá permitir que lo hagan” y la oferta ganadora será aquella que, además del precio, acredite la experiencia y solidez financiera exigidas por los bancos. Con ello se garantiza una reconstrucción privatizada, se excluye a las empresas regionales y se transfieren cuantiosas sumas a las firmas ligadas a los monopolios nacionales y extranjeros. No es de extrañar entonces que, como lo confiesa Luis Carlos Villegas, director del Forec, “esta reconstrucción física tenía que ser usada como la gran excusa para la modernización de la infraestructura”, aunque en realidad fueron incluidas como inversiones prioritarias los proyectos represados de la apertura económica. So pretexto de atender la emergencia, se han puesto en primer plano la construcción del túnel de La Línea, la doble calzada La Paila-Calarcá y la consolidación de la Zona Franca en La Tebaida para el establecimiento de maquilas, mientras se aplican las políticas de reducción del gasto público contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre éstas, la nueva sisbenización tendiente a reducir el número de familias con derecho a subsidio de salud, la disminución de planteles educativos y del número de docentes mediante la fusión de escuelas y colegios, o la eliminación de centros de salud y hogares comunitarios.
Especulación con la vivienda
Mención especial merece el gravísimo problema de la vivienda. El avalúo de los daños para la mayoría de los propietarios, tras soportar meses de tramitología, ha resultado muy inferior al valor real de las reparaciones, con lo cual se ven obligados a recurrir al crédito bancario. Para los arrendatarios, sector mayoritario de los damnificados, el Forec construyó primero cambuches en tabla forrada y piso de tierra, a razón de 500 mil pesos en promedio. Las constructoras ofrecen ahora 25 m2 en obra negra por cinco millones novecientos mil pesos. Al pie de la letra se cumplen los dictados del Banco Mundial: “Las adquisiciones de bienes por parte de los beneficiarios del componente de vivienda se efectuarán de conformidad con las prácticas comerciales del sector privado”. Tan imperiosa orden significó el año pasado la transferencia de 381 mil millones de pesos a las grandes firmas y al sector bancario. Especulación y usura, sobre las ruinas del Eje Cafetero.
Este modelo de reconstrucción fue ensayado por el Banco Mundial en Centroamérica, con motivo del huracán Mitch, afinado en la zona cafetera colombiana y después aplicado en Venezuela y Turquía, a raíz de las recientes catástrofes ocurridas en esos países. Pero las pretensiones del imperialismo van más allá: “El modelo de la reconstrucción del Eje Cafetero –ha señalado Jaime Ruiz, consejero presidencial—le servirá al Plan Colombia para poner en marcha la ayuda extranjera orientada a la inversión social en el país”. Aclara: “Los dineros que se ejecuten a través del Plan Colombia deben ser entregados a organizaciones no gubernamentales” y “dado que los recursos para el Plan Colombia son aportes del gobierno norteamericano y créditos de la banca multilateral, es indispensable brindar todas las garantías”.
Damnificados se movilizan
Donde se aplique esa política ocurrirá que las masas populares arreciarán la resistencia. En el Quindío, la zona de mayor devastación, el pueblo se puso en pie desde el día mismo de la tragedia, empezando por arrancarles a los burócratas oficiales la masiva solidaridad llegada de otras zonas del país y del extranjero, que aquellos pretendían acaparar para su beneficio mientras las masas desesperaban de hambre y necesidad. Por centenares y miles surgieron hombres y mujeres encabezando organizaciones para atender las más elementales exigencias de alimentación, seguridad y albergue. Ya en marzo de 1999 los múltiples y dispersos comités se unificaron en Asociaciones Municipales de Damnificados, y, el 8 de mayo, se dio nacimiento a la Federación de Damnificados del Quindío. Ésta eligió de una dirección consecuente y presentó al gobierno el Pliego de Exigencias aprobado en centenares de reuniones.
Esgrimiendo el criterio general de lucha por una reconstrucción no privatizada, democrática e inmediata, en los meses siguientes se propagaron consignas unitarias de combate en barrios, alojamientos y veredas, se desenmascararon los planes oficiales en las “mesas de trabajo” y se brindó respaldo a los gremios damnificados. El 20 de agosto se realizó la primera marcha multitudinaria y se conquistó la negociación directa, que obligó al Consejo Directivo del Forec a suspender el cobro de servicios públicos en todos los albergues, entre otras reivindicaciones. El 3 de diciembre, el pueblo se hizo la Segunda Marcha Departamental, también organizada por la Federación. En ella la multitud coreó lemas contra la intervención imperialista y denunció al gobierno vendepatria de Pastrana y al Forec, su aparato de bolsillo. En los siguientes días se conquistó un subsidio de 25 salarios mínimos para los arrendatarios alojados en albergues temporales. Y el 25 de enero, al cumplirse un año del terremoto, desafiando la más siniestra campaña de amenazas y chantajes, la manipulación de la fe religiosa y la abierta represión del aparato militar, miles de damnificados participaron en la exitosa jornada de bloqueos de vías y avenidas en que tomó forma el primer paro cívico convocado por la Federación.
El posterior levantamiento del pueblo de Caicedonia contra el plan oficial, y las continuas manifestaciones de protesta ante el Forec y las ONG son signos de que también el año 2000 será de unidad y combate en todo el Eje Cafetero.