Por Roberto Schmalbach, dirigente de la USO
La negociación del pliego de peticiones entre la USO y Ecopetrol, para renovar la Convención Colectiva de Trabajo que venció el 31 de diciembre de 2002, ha estado signada por la política de represión y despojo de los derechos democráticos y laborales de los trabajadores por parte del gobierno de Uribe Vélez.
En los últimos días de la aprobación de las reformas laboral y pensional en el Congreso de la República, el gobierno a través del desaparecido ministro del Trabajo y Salud, Juan Luis Londoño, declaró ilegal una jornada de protesta de los trabajadores temporales de Cartagena, autorizando al presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, para despedir a los participantes de la protesta, autorización que se hizo efectiva con el despido de siete dirigentes de la Subdirectiva de la USO Cartagena y cuatro trabajadores de la Refinería. Este acto de persecución sindical desmanteló la Subdirectiva y vino acompañado de una fuerte represión militar para prohibir el ingreso de los dirigentes sindicales a los sitios de trabajo, con el claro propósito de impedir la organización de los obreros para una respuesta a la agresión contra el sindicato y las reformas aprobadas por el Congreso.
El impedimento para ingresar los dirigentes a las instalaciones de la empresa, se mantuvo desde el 29 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2002, en clara violación a uno de los derechos universales y fundamentales de organización y asociación en cualquier democracia en el mundo. Este hecho dejaba en evidencia el carácter reaccionario del gobierno Uribe Vélez, como el de su representante en Ecopetrol, el señor Yanovich. A los dirigentes y trabajadores nos quedaba claro que no se trataba del talante de unos personajes, sino de la presencia de unos advenedizos que representan intereses ajenos a los de la nación y, en consecuencia, se desataba una aguda batalla por la defensa de la soberanía nacional del petróleo y los derechos democráticos de los asalariados. Nos dispusimos entonces a preparar una confrontación que hasta ahora consideramos inevitable, dadas las características del gobierno y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y las multinacionales.
El pliego de peticiones se elaboró teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional de Delegados, que analizó la situación nacional e internacional y produjo la declaración de Fusagasugá, cuyos aspectos centrales son: el rechazo a las imposiciones del FMI y a la entrega de la soberanía nacional a los intereses imperialistas; la defensa de Ecopetrol y los derechos de los trabajadores; la lucha contra el contrapliego patronal; la condena a la penalización de la protesta sindical y social; y la lucha por la existencia misma del sindicato. Para el logro de estos objetivos, la Asamblea autorizó la realización de la huelga, si no se da una solución al conflicto. Con estas condiciones se presentó el pliego a la Empresa y se exigió su negociación a partir del cinco de diciembre, condicionado a que se levantara el veto contra los dirigentes para acceder a los sitios de trabajo, al reintegro de los compañeros despedidos y al retiro del contrapliego.
Durante 20 días los trabajadores libraron intensas jornadas de movilización, organización y lucha. Luego de arduas discusiones entre el sindicato, el gobierno y la administración, se levantó el veto para entrar a las instalaciones, se acordó negociar a partir del 10 de enero y se habilitó una comisión para definir el reintegro de los compañeros de Cartagena.
Una vez instalada la mesa, la comisión negociadora de la empresa pretendió imponer los criterios del contrapliego, desconociendo el petitorio. En medio de esta discusión, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra el compañero Hernando Hernandez, con detención domiciliaria, en una clara intención de meterle baza a la negociación y desviar ante la opinión pública la esencia del conflicto en Ecopetrol, que es la defensa del carácter estatal y petrolero de la empresa, la preservación de los derechos convencionales y la existencia del sindicato.
Pero el gobierno tenía todo preparado para su decisión de prorrogar la explotación foránea del gas de la Guajira. En efecto, en la semana del 10 al 14 de febrero, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la firma del contrato de producción incremental del gas de la Guajira con la Texaco- Chevron para explotar unas reservas que están probadas y que ascienden a 2,2 tera pies cúbicos de gas, en un proyecto que tiene asegurada una tasa interna de retorno de 18% y unas utilidades de 900 millones de dólares en su explotación. Esto se consumó en las instalaciones del club El Nogal, antes que el condenable acto lo consumiera, como lo denunciaran los propios periodistas en la rueda de presa que se hizo en la Comisión V del Senado, el 18 de febrero, y en la cual los senadores Hugo Serrano, Jorge Enrique Robledo y Alba Esther Ramírez, y el presidente de la USO, compañero Rodolfo Gutiérrez, alertaron a la opinión pública sobre el asalto que se cometía contra los intereses de la nación, al entregar este recurso energético a las multinacionales en medio de tantas necesidades que tiene el país.
La Junta Directiva Nacional de la USO se reunió de manera extraordinaria, y ante la gravedad de los hechos, decidió adelantar una jornada nacional de protesta para el 19 de febrero, jornada en la que los trabajadores participaron con determinación para exigir que Ecopetrol maneje el gas de la Guajira y cese la campaña de tergiversación que había lanzado en los medios de comunicación contra el sindicato. El 21 del mismo mes el gobierno tomó la decisión de despojar a los trabajadores de la representación de sus dirigentes sindicales y nuevamente prohibió por intermedio de la fuerza publica el ingreso de los dirigentes a los sitios de trabajo. Indignados por la violación de un derecho tan fundamental como el de ser dirigidos por sus legítimos representantes, reconocidos por las propias leyes colombianas, y como el gobierno sin fórmula de juicio quería quitarles de un tajo este derecho, los trabajadores procedieron a marchar en señal de rechazo. Al gobierno, sin embargo, no le bastaba separar a los dirigentes de sus base y procedió a dispersar la protesta con una virulenta agresión de gases, perdigones, golpes y amenazas. Esto llenó de ira y valor a los trabajadores, que no vacilaron en enfrentarse a la Fuerza Pública con sus únicas herramientas de lucha: tomar en sus manos la producción. Como la fuerza pública entró a desalojarlos violentamente, y las plantas quedarían sin personal para operarlas, con lo grave que esto es, los trabajadores tomaron la sabia decisión de pararlas técnicamente, antes de retirarse, para evitar hechos más graves.
La administración pretendió tomar retaliación y buscar chivos expiatorios de sus irresponsables actos; citó a descargo a 39 trabajadores; suspendió la negociación del pliego de peticiones y mantuvo a los trabajadores por fuera de las instalaciones por nueve días. Sin embargo, los trabajadores no bajaron su espíritu de lucha, y con la orientación de sus dirigentes, se organizaron en diferentes comités, unificaron las tareas a nivel nacional, ilustraron a la opinión pública sobre los verdaderos objetivos del conflicto y ajustaron la coordinación de las acciones.
En los últimos días, y ante la firmeza de la lucha, el gobierno y la administración de Ecopetrol aceptaron una negociación. Se acordó entonces levantar 29 de las citaciones a descargo, aplazar 10 de ellas, levantar el veto de acceso a las instalaciones, prorrogar la etapa de arreglo directo para continuar la negociación, con la exigencia del sindicato de que sea retirado el contrapliego y se negocie sobre la base de las peticiones del sindicato. El paro se levantó el 1º. de marzo, luego de nueve días de constante confrontación.
La experiencia de esta batalla permitió a los trabajadores y al sindicato un mayor ejercicio en la lucha política, comprensión de que esta es una batalla por la defensa de los más altos intereses de la nación, y que la suerte de sus propios derechos está ligada a la defensa de Ecopetrol y los recursos hidrocarburíferos, un patrimonio de todos los colombianos. En estos momentos, precisamente, se empieza a librar otra batalla para impedir que el descubrimiento hecho por Ecopetrol en el bloque Sirirí, en las estribaciones de los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, no sea entregado a las multinacionales, como lo viene ambientando el gobierno a través del ministro de Minas, personaje que ya hace parte de la feria de entregas con el carbón del Cerrejón y el gas de la Guajira, y a quien mucho parece interesarle que el yacimiento que surja de la perforación exploratoria del pozo Gibraltar no sea desarrollado por Ecopetrol sino por una compañía multinacional.
Cuando los trabajadores acudan a la huelga por la defensa de la soberanía nacional, merecen el apoyo de todos los colombianos para impedir la consumación de la entrega del patrimonio nacional y la privatización de la empresa estatal.
Unión Sindical Obrera USO
Durante sus 80 años de vida, la Unión Sindical Obrera ha sido bastión de la lucha de los trabajadores colombianos por la defensa de la nación, las empresas del Estado, los derechos democráticos del pueblo y el bienestar de los asalariados. Nos congratulamos con sus dirigentes y afiliados y les deseamos muchos y mayores éxitos en el futuro.