El acuerdo firmado recientemente entre el Instituto de Seguro Social, ISS, y los dirigentes de su sindicato, Sintraseguridadsocial, constituye un atentado contra los derechos laborales conquistados allí y sienta un nefasto precedente para el conjunto del movimiento sindical. Implica una dolosa revisión de la convención colectiva que lesiona los intereses de los trabajadores actuales del Instituto y excluye de ella a los que ingresen en el futuro.
La negociación se llevó a cabo en medio de intensas discusiones acerca de las causas que amenazan la supervivencia del ISS, particularmente en la división Salud, debate en que abundaron las conminaciones del ministro de Hacienda, Juan M. Santos, y del presidente de la institución a los trabajadores para que aceptaran gravosas condiciones, con el pretexto de que solo así era posible la subsistencia de la empresa. Tales presiones se reforzaron con el señalamiento de los trabajadores como responsables de la crisis, ocultando los nefastos efectos que sobre esta entidad y la salud pública ha tenido la Ley 100 de 1993 y el resto de disposiciones que en aplicación de la política neoliberal de apertura económica llevaron a la desindustrialización del país.
No obstante que fueron las sucesivas políticas gubernamentales las que condujeron a la actual situación, el ministro Santos eludió esta responsabilidad al dictaminar sin empacho que «todos los involucrados directa o indirectamente en este proceso, aportarán para hacer del riesgo de salud una empresa viable y sostenible». Tras la falacia de que su propósito era lograr un aceptable desempeño de la institución, adujo que se podía liquidar toda la división Salud y reducir el papel del ISS a una promotora que contrate la prestación del servicio con el sector privado. Semejante argumentación revela que al gobierno no le importa en absoluto la calidad de la atención a los usuarios, ni la experiencia acumulada por el Instituto como prestador del servicio y mucho menos la suerte de sus 30 mil trabajadores.
Para la imposición de sus designios, el gobierno empezó por desconocer cínicamente la deuda por 40 billones de pesos que adquirió con el ISS entre 1946 y 1973. En efecto, desde la creación del Instituto mediante la Ley 90 de 1946, se estipuló una financiación tripartita por parte de trabajadores, patronos y gobierno, pero este no solo no aportó la contribución que le correspondía, sino que en 1973 optó por reformar ese aspecto despojando al Estado de sus obligaciones con la salud y las pensiones de los trabajadores colombianos. Desde entonces, el sostenimiento ha corrido a cargo de trabajadores y patronos. Además de desprenderse de sus deberes públicos, los diversos gobiernos menoscabaron los recursos del ISS y los administraron con negligencia, como lo evidencian las cuantiosas pérdidas que arrojaron las inversiones que se hicieron en el BCH y el IFI, y los privilegios que con base en la Ley 100 se otorgaron al sector privado al canalizar hacia allí los recursos de pensiones a través de los Fondos de Ahorro Individual y los de salud mediante las EPS, las IPS y las ARS. ¡Y luego se arguye con desfachatez que las escasas prestaciones de los trabajadores son las responsables de la crisis!
Dentro de este contexto se produjo el reciente acuerdo entre el gobierno y los dirigentes del sindicato dirigido a desmontar la convención colectiva, pues no otra cosa significa congelar por diez años la retroactividad de las cesantías, disminuir el monto de la mesada pensional, congelar por cinco años el aporte al fondo de vivienda, eliminar el auxilio oftalmológico y de guarderías, suprimir el reconocimiento del día de la seguridad social y congelar por diez años el incremento sobre salarios básicos. Se engrosan así los expedientes de corte neoliberal que, establecidos con la pretensión de buscar una mejor gestión y mayor eficiencia y competitividad en el desempeño de los trabajadores, soslayan el intríngulis del asunto: favorecer, al igual que lo hace toda la legislación vigente, a las multinacionales de la salud y del capital financiero.
Sin bastarles esta claudicación, los firmantes del acuerdo se arrogaron el derecho de decidir las condiciones de trabajo de los futuros empleados del ISS al determinar que a partir de la vigencia de la Convención se les aplicará el régimen general establecido en las leyes para los trabajadores oficiales, lo que significa que quedan por fuera de ella. A riesgo de caer en una conducta patronal de concertación con las políticas del gobierno, equivalente a la traición, los actuales dirigentes de sindicatos y centrales obreras no tienen ningún título ni atribución para pactar menoscabos en las condiciones laborales y recortes salariales y pensionales en grave detrimento de los trabajadores del mañana. Cuando tal aberración se presenta, como es el caso de lo acordado por directiva del sindicato del ISS, a esos trabajadores no los obligan tan mezquinas componendas. Como históricamente se ha probado, los trabajadores solo reciben como legado de quienes los antecedieron las conquistadas alcanzadas y la actitud de lucha para rechazar todo lo que niegue sus derechos laborales y el justo valor de su fuerza de trabajo.
Ante el movimiento obrero y el país entero quedó demostrado que aquellos directivos de Sintraseguridadsocial y de las Centrales que apoyaron el mencionado acuerdo, prohíjan el reaccionario argumento de responsabilizar a los trabajadores de las crisis de las empresas e instituciones estatales, mientras secundan que la prestación de los servicios públicos sea una actividad primordialmente lucrativa, con lo que se convierten en alcahuetes de las privatizaciones. Su obsecuencia con el gobierno fue patente para millones de colombianos cuando, con motivo de la firma del acuerdo el 1º de noviembre pasado, la televisión los mostró dándose palmaditas e intercambiando sonrisas con Pastrana luego de que este los piropeó como un dechado de mesura y patriotismo. Al mismo tiempo que se desarrollaba tan grosera escena en el Palacio de Nariño ¡las masas de trabajadores estaban en las calles celebrando combativamente el Paro Cívico Nacional!
Las políticas neoliberales aplicadas en los últimos doce años en materia de salud y pensiones, sumadas a la deuda histórica de los gobiernos con el ISS desde su creación, son la verdadera causa de la crisis del mismo y no las prestaciones de sus trabajadores. La ley 100 facilitó la creación de las EPS, IPS y ARS para que potentados de empresas privadas se embolsaran los aportes de salud del régimen contributivo y el presupuesto del sistema nacional de salud pública, y propició que salieran del ISS los funcionarios y empleados de mayores salarios y que las enfermedades de alto costo y los trabajadores de menores ingresos quedaran a cargo del ISS. Además de no resolver la permanente evasión de aportes por parte de los patronos, debilitó el Instituto abriéndole competencia en pensiones, riesgos profesionales y salud, con la pretensión no oculta de vender sus clínicas e instalaciones a monopolios privados que gracias a la misma ley se han venido consolidado: Colsanitas, Cruz Blanca, Saludcoop, Coomeva, entre otras.
El Instituto del Seguro Social es una empresa integral y esencial para la asistencia de más de trece millones de usuarios. Al separar sus actividades en los negocios de pensiones, salud y riesgos profesionales, el gobierno se propone facilitar su entrega al sector privado. Los monopolios de la salud se relamen aprestándose a comprar y explotar más de 23 clínicas que el Instituto tiene en el país y cuya infraestructura y dotación son excelentes. Los banqueros aspiran a engordar sus arcas alzándose con la poca reserva de pensiones del Instituto y la de los fondos pensionales estatales, todo lo cual se sumará a los ocho billones de pesos que representan los aportes para pensiones y cesantías que mediante las leyes 100 y 50 ya les entregaron los gobiernos adictos al neoliberalismo.
No hacer los esfuerzos suficientes para explicarles debidamente a los trabajadores la problemática de la salud pública y para infundirles un estado de ánimo favorable a la movilización y la lucha conduce a despertar ilusiones en la engañosa concertación, a crear un ambiente para la conciliación de los intereses de clase embozada en la práctica de lo que los neoliberales llaman «sindicalismo propositivo», un sindicalismo que acepta atropellos y desmejoras con el pretexto de hacer menos dolorosa la ofensiva de reformas neoliberales y el despojo de los derechos de los trabajadores. Solamente una postura digna por parte de las direcciones sindicales que se traduzca en aclararles a las bases la causa de sus males y en movilizarlas combativamente a las distintas luchas y paros, podrá detener la avalancha de medidas que en su plan de globalización ha desatado el imperialismo norteamericano contra los trabajadores y la nación. El deprimente espectáculo de dirigentes sindicales que pacientemente hacen antesala en las oficinas gubernamentales y en los recintos del parlamento a fin de satisfacer su impaciente afán por entablar diálogos estériles y dilatorios que enmascaran pactos de entrega de derechos y reivindicaciones de obreros y empleados, sólo puede llevar a la desmovilización de estos y a fortalecer la tendencia hacia la claudicación que puso de manifiesto el ignominioso acuerdo en el ISS.
Es indispensable contraponer a la malicia y oportunismo envueltos en ese acuerdo, criterios y prácticas sindicales consecuentes con los intereses de los trabajadores. Máxime cuando el gobierno, acucioso en satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ya presentó ante el Congreso un proyecto de reforma dirigido a refinar el desfalco de los fondos de pensiones, aumentar las cotizaciones y los años necesarios para alcanzar la jubilación, recortar drásticamente el valor de las mesadas y desmontar los derechos pensionales adquiridos por los trabajadores de importantes empresas e instituciones estatales.
Ante las maniobras que el gobierno de Pastrana, con sus ministros de Hacienda y Trabajo como punta de lanza, se apresta a realizar en el llamado Pacto Social y Político para apuntalar dicha reforma, el movimiento obrero debe elevar su vigilancia sobre la conducta que adopten allí los dirigentes de las Centrales y ponerse prontamente en pie de lucha para echar atrás esa nueva sarta de tropelías contra sus derechos y conquistas.
Bogotá, 20 de enero de 2002.
Comisión Obrera Nacional del MOIR