Al iniciar su administración, Andrés Pastrana olfateó la necesidad de montar con miembros de la casta política pertenecientes a la Alianza para el Cambio – conservadores y decenas de liberales lentejos- un bloque mayoritario en el Congreso. Tal sociedad política tenía como basamento un vulgar trueque de prebendas y gangas otorgadas por el gobierno a cambio de votos aprobatorios de sus proyectos e iniciativas. Se reeditaba así por enésima vez la consuetudinaria práctica de toda democracia burguesa que se respete, consistente en que el Ejecutivo ofrece cargos, dineros y favores a cambio de que miembros del Legislativo le proporcionen los instrumentos legales que precisa para sacar avante su gestión administrativa y política. Un verdadero maridaje, consentido y ya admitido. Este chalaneo que se realiza soportado en dineros y bienes del Estado no es un fenómeno extraño en la historia de las relaciones entre gobernantes y legisladores en Colombia. Y, aunque no sirve de disculpa alguna a políticos y funcionarios, es sabido que esta práctica es connatural a democracias tan rancias como la francesa y tan refinadas como la norteamericana, países en donde aparece en mayores proporciones aunque bajo formas más sofisticadas, incluida su legalización y exaltación.
Durante más de veinte meses Pastrana estuvo cebando en esa forma tradicional sus mayorías parlamentarias, siempre con la mira puesta en la aplicación de las políticas de naturaleza colonialista que le dicta el gobierno de Estados Unidos, en particular las medidas económicas neoliberales. Entre las que se ha comprometido a implantar se destacan las que entrañan reformas y ajustes económicos, jurídicos e institucionales, como son las contempladas en el Plan Colombia y en el Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional. Pero dos aspectos de la situación nacional anunciaban grandes dificultades para ese designio servil. Primero, la continuidad de la recesión económica, con su correlativo aumento del desempleo (hoy por encima del 20.1%, que es la cifra del DANE), la intensificación de la violencia y el terrorismo, y el incremento de la pobreza y la miseria, estaban produciendo un gran desasosiego social y generando recias manifestaciones de rechazo al conjunto de la gestión gubernamental por parte de sectores de la población cada vez más amplios. Segundo, los tratos chalanescos entre funcionarios del gobierno, principalmente los pertenecientes a los ministerios del Interior y de Hacienda, y sus socios políticos incrustados en las mesas directivas del parlamento, denotaban tanta avaricia que rebosaron los despachos ministeriales y los recintos del Congreso, hasta adquirir dimensiones de escándalo público. Como reconoció el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sacar las leyes económicas del Congreso «habría implicado un manejo de congresistas tan grande, que habría sido muy difícil no terminar enredado en un nuevo escándalo como el de la Cámara tratando de conseguir los votos para esas leyes».
Ante esta situación, Pastrana, con previa asesoría gringa, recurre a la astucia, esa virtud tan entrañable a los políticos neoliberales, para erigirse ante la nación como el gran moralizador que quiere erradicar unas manifestaciones de corrupción cuya matriz generadora es precisamente el propio poder ejecutivo que él preside. Y procede a echar mano de un instrumento político ordinario que le calza bien, el referendo, ese expediente que los caudillos autoritarios y gobernantes fascistas siempre utilizan cuidándose de revestirlo de «necedades doctrinarias» como la «democracia participativa» y las elucubraciones sobre «el constituyente primario».
A ningún colombiano le quedará difícil captar el origen y los fines del referendo, si tiene en cuenta que, en momentos en que el equipo de gobierno estaba tramando su propuesta, Pastrana recibió un espaldarazo clave, el de Bill Clinton, con cartilla neoliberal incluida: «Me mandó su discurso en Davos, Suiza, de hace algunos días, con anotaciones al margen y un subrayado en las menciones al Plan Colombia», revelaría, exultante, el llamado presidente de los colombianos. Y días después, cuando éste, en visita a los Estados Unidos a la cabeza de sus más notables burócratas, conformó una singular «corte de mendigos» en correría por lo recintos donde se determina la globalización, recibió el respaldo expreso y oficial del gobierno norteamericano al referendo- «iniciativa importante y necesaria para hacer de Colombia un país democrático», diría la secretaria de Estado, Albright – y el «apoyo básico» y la actitud «positiva» del Fondo Monetario Internacional al «paquete de reformas estructurales» en ciernes.
Hace una década, una panda de neoliberales, especie de patanes ilustrados que encabezó Cesar Gaviria, escenificaron desde el poder -con sus criterios y acciones contra todo lo que tenía raigambre nacional y teniendo ya la Constitución del 1991 como telón de fondo- el drama de la instauración de la apertura económica y el acondicionamiento del país para la recolonización norteamericana. Drama cargado de entregas de la soberanía, quebrantamientos constitucionales y procederes antidemocráticos. En la actualidad, como si esa componenda vendepatria no hubiese bastado, los episodios que rodean el referendo pastranista obedecen a un nuevo montaje de la obra, de semejantes o superiores consecuencias nefastas, pero esta vez en forma de tragicomedia. Otra vez aparecen los moralistas, como redivivos: los estudiantes de universidades aristocráticas y confesionales queriendo inventarse otra séptima papeleta, los colaboracionistas disfrazados de independientes, los medios de comunicación en su cacería de brujas en aras de la anticorrupción. Vuelven a proliferar lo infundios pseudo jurídicos de Cepedas y cepedines predicando recortes democráticos a la restringida democracia que se institucionalizó en 1991. De nuevo se dispone el cierre del Congreso, en un acto de alevosía con quienes lo eligieron hace dos años, y llevándose por delante tanto a los parlamentarios que «votaron a favor del presidente y éste los botó» como a quienes no votaron por él pero ahora, queriendo no enmendarle sino mejorarle la plana, están dispuestos a botarse ellos mismos.
Pero la identidad esencial que toda esta pantomima de la democracia tiene con los sucesos políticos de hace diez años, radica en que se dan en el marco de la nueva colonización imperialista. Esta es la razón para que los conceptos que expresó Francisco Mosquera hace casi una década revelen plena vigencia, pues tanto en esa época como ahora estamos ante un paso del gobierno dirigido a remover «cuanto obstáculo se interponga a sus objetivos estratégicos, los cuales no son otros que las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la actualidad circunscritas a la liberalización de las economías de los países débiles y aceptadas por las clases dominantes de éstos para mayor gloria de los monopolios imperialistas, primordialmente los de Estados Unidos.»
Mediante el referendo, al igual que con instrumentos de carácter similar, como la asamblea constituyente que proponen otros sectores políticos, se tienden cortinas de humo con la pretensión de distraer al pueblo de su lucha principal y auténtica, la resistencia antiimperialista, y se entrampa a vastos sectores de la población para que apruebe reformas que por su misma naturaleza van en contra de sus más caros intereses. ¡ Llenemos los ámbitos de la geografía patria con sonoras voces de alerta y llamados a que la población rechace el referendo y repudie las políticas que el gobierno de Andrés Pastrana y su corte de cipayos políticos desarrollan con aviesas intenciones antidemocráticas y de traición nacional!