En el ámbito de quienes determinan la política dominante o ejercen sobre ella una influencia decisiva, tanto aquí como en el extranjero, se ha vuelto opinión común que Colombia atraviesa el más crítico período de su historia. Es natural entonces que proliferen los diagnósticos que, con los más diversos motivos y propósitos, emiten funcionarios del gobierno y el congreso de los Estados Unidos, directores del BM y el FMI y su cohorte de burócratas, economistas de la elite de Harvard en tándem con los sabihondos de Fedesarrollo y Anif, y un buen número de políticos y comentaristas neoliberales que entre nosotros acaparan los principales espacios de los medios de comunicación. La más reciente diagnosis la dio Cesar Gaviria, luego de declararse no avergonzado sino perplejo ante los resultados del proceso del que es pionero y tutor.
La cuestión es que ese registro de una nación con la economía en bancarrota, entrecruzada por la carencia de democracia y un terrorismo rampante, padeciendo un desempleo sin precedentes, negación de los derechos laborales y crecientes desigualdades sociales, es utilizado como pretexto para intensificar la intervención de Estados Unidos sobre el país y para que el gobierno pastranista recurra, dando por descontada la sangre, al esplendor reaccionario del sudor y lágrimas para la población. No otra cosa reflejan las políticas dictadas por el FMI, destacándose las dirigidas a rematar la entrega de los recursos y empresas de la nación al capital financiero, saquear las pensiones y eliminar la retroactividad de las cesantías de los trabajadores, tramitar una más regresiva reforma laboral, acelerar el quebrantamiento y la privatización de la educación pública, agostar el Instituto de Seguros Sociales y el conjunto de la salud pública, y elevar incesantemente las tarifas de los servicios. Y acompasando la embestida contra la economía nacional y la gente laboriosa, está apuntalando una reforma política que incrementa el marchitamiento de la democracia al discriminar a los movimientos y partidos minoritarios e independientes.
Para la aplicación de tales medidas, propias de la globalización norteamericana, el gobierno de Pastrana -aprovechando las buenas relaciones sindicales y celestiales que su ministro del Trabajo dice tener, y confiando en la eficacia del lobby, real chalaneo, que el resto de ministros hará ante buen número de congresistas- se propone concertar un gran acuerdo con los trabajadores, como si ellas no fueran contradicciones irreconciliables con los intereses de estos y de la nación.
Al servilismo ante la recolonización puesta en marcha por Estados Unidos que lo caracteriza, Pastrana le adicionó otro rasgo de abyección al invitar al gobierno de Washington para que interviniera más directamente en el proceso de negociación que su gobierno adelanta con las FARC. Aunque cualquier cohabitación con el imperialismo en el proceso implica incrementar el quebrantamiento de nuestra soberanía, tal como algunos sectores señalaron justamente, no faltan quienes anhelan que se produzca, por lo que se sintieron desairados cuando Bush se negó a dar ese paso. La invitación corresponde a esa acendrada manía vendepatria de Pastrana, que ya difícilmente puede suscitar perplejidad en alguien.
Pero lo que sí suscita una nueva inquietud es la carta abierta enviada por un grupo de «escritores, periodistas, políticos y otros personajes del mundo» a Bush y Pastrana, con motivo de su último encuentro, al que le atribuyen «importancia histórica». Llama la atención que sus recónditas preocupaciones hayan desembocado en depositar con exultación sus esperanzas en las gestiones de tales destinatarios. Muchas de las graves necedades que se revelan en el contenido de la misiva son, para hablar sólo de los colombianos, lógicas en algunos de los remitentes –como García Márquez, los Santos, Cepeda y Kalmanovitz- paradójicas en otros e inexplicables en unos cuantos más.
El principal destinatario es el jefe del Estado que despliega bajo el mote de globalización su política de dominación sobre todos los países del planeta y que, como particularidad de ese plan, viene avanzando en la subyugación económica y política de Colombia. El otro es el jefe de un Estado que coadyuva a ese designio de verdadera recolonización. Ninguno de los males que abruman a nuestro país se sale del contexto de esa relación de vasallaje. Pedirle a Bush que, apareado con Pastrana, acoja las iniciativas de los firmantes de la carta abierta para resolver los mismos males que la política norteamericana está ocasionando, es pretender que él cese en sus funciones imperialistas o que el propio imperialismo cambie de naturaleza. Algo que sólo puede obedecer a una lamentable confusión o a un candor insólito. Es la misma actitud que sirve de cartabón a todas las variantes del reformismo -políticas alternativas, propositivas y de tercera vía- enderezadas no a erradicar los azotes sociales sino a prolongar indefinidamente la agonía de los pueblos. Como tradicionalmente lo han sabido los buenos creyentes, el diablo siempre ha hecho hostias, pero exhortarlo a que las amase y oficie es comenzar a comulgar con él.
El cuadro descriptivo de la situación nacional, que en la carta abierta sirve de prolegómeno a las iniciativas concretas por la Paz de Colombia, no se diferencia mayormente de los diagnósticos en boga que mencionamos antes. Si estos se sintetizan en argumentos conducentes al rechazo cabal de los factores que originan la crisis, adquieren un significado tan positivo como progresista. Pero si son la base para que se formule a manera de solución enmendar la misma política que la fomenta –cual ocurre con la carta abierta— estamos ante un dañino despropósito.
La carta, al mencionar que las primeras víctimas de la crisis son el Estado y el principio de legitimidad, ignora que éste se pierde cuando los gobernantes, como el destinatario Pastrana, no abogan por los intereses de la nación y son pusilánimes ante el quebrantamiento de su soberanía. La referencia que hace respecto al fortalecimiento de la democracia no puede tener otra interpretación que el apuntalamiento de la actual, regida por una Constitución que se amañó en 1991 para legalizar las disposiciones que han conducido precisamente a la presente ruina económica e institucional. Reclama la cooperación y corresponsabilidad internacional, pasando por alto que los países llamados a asumirlas, principalmente Estados Unidos, son los que se lucran de nuestros males mediante sus ganancias en la fase final del tráfico de drogas, la venta de los productos químicos para procesarlas, el tráfico de armas y el lavado de capitales; los mismos países que impiden u obstaculizan la venta de nuestros productos, mientras exigen prerrogativas para inundar con los suyos nuestro mercado y para la toma de nuestro patrimonio público por parte de sus capitales financieros.
Mas si la diagnosis que hace su carta se mueve entre lo endeble y lo erróneo, las propuestas, que participan del mismo carácter, adquieren el distintivo de la estulticia. Así lo revela el simple enunciado de las solicitudes que les hacen a Bush y Pastrana: plantearle al políticamente equívoco Secretario General de la ONU la creación de una Comisión de Estudio para que «ofrezca luces» y haga recomendaciones que sirvan de «referente básico para una solución política a la situación nacional»; convocar una Comisión Binacional para «definir una colaboración efectiva en áreas económicas, sociales y culturales» (algo equivalente al cogobierno); programar una Cumbre Internacional sobre Drogas, y respaldar la convocatoria europea de una Conferencia Internacional sobre Colombia. Ya que todas estas eventuales comisiones y eventos contarán con la presencia dominante del gobierno de Estados Unidos y la sumisa del gobierno colombiano, se puede prever con pleno fundamento que, en lugar de soluciones, empeorarán la crisis. Sus nefastos resultados serán, a semejanza de los «logros» de Sísifo, engrosar instantáneamente la materia de los diagnósticos.
El gran equívoco de la carta radica en que sus diagnosis y las propuestas semejan fantasmas que deambulan sin encontrar la única causa en la que podrían encarnar: la política de recolonización norteamericana. De allí que no pueda ser más estrambótica la frase que remata la epístola: «En sus manos (las de Bush y Pastrana) está la tarea histórica de abrir caminos de grandeza y de generosidad para superar la tragedia colombiana».
Es natural que, dado el carácter de intelectuales que posee la mayoría de los firmantes, se destaque el aspecto cultural de la crisis. Pero al hablar de las carencias en ese campo se debería empezar por denunciar la privatización desbocada de la educación y el abandono presupuestario a que están sometidas las universidades públicas, junto al apabullamiento de la ciencia y las manifestaciones culturales propias. Y se debería afirmar que la única solución es el cambio radical de las políticas que dan lugar a esa situación, por otras que permitan a los colombianos atesorar su raigambre nacional, aprovechar sus recursos y su potencial humano para la investigación y el desarrollo científicos, reconocer el sustrato económico neoliberal de las «desigualdades, los privilegios y la exclusión sociales», en fin, comprender cuáles son los más altos intereses de la nación y rechazar los poderes internos y externos que los estropean. Lo que precisa Colombia en primera instancia es una cultura política cuya práctica, la resistencia, rompa el sitio de atraso y barbarie que hoy le ha puesto la globalización norteamericana.
Una gran masa de intelectuales consecuentes con los anteriores criterios es indispensable para poner en pie a Colombia e integrarla en la corriente inagotable de la civilización. Semejante tarea para tan ineluctable destino tiene en los intelectuales revolucionarios una preciosa reserva. Pero no es exclusiva de ellos, ni bastaría con su labor: su realización precisa del aporte de gran número de intelectuales patriotas. Que, al repasar las firmas de la carta abierta, aparezcan algunas de colombianos en quienes ha alentado el patriotismo y otras de extranjeros que han asumido posturas progresistas, indica el trabajo de persuasión que incesantemente se debe desarrollar en el sector que los cobija, a fin de despertar y consolidar su consecuencia.
En contraste con las fantasías que impregnan la misiva a Bush y Pastrana, cada vez más amplios sectores de la población van abriendo con sus luchas el más seguro sendero hacia la salvación nacional. Los continuos paros, huelgas y protestas de los trabajadores, los campesinos y empresarios rurales, los maestros y estudiantes, y los habitantes de regiones enteras, como los del Chocó, demuestran que el espíritu patriótico y democrático de la mayoría de los colombianos conserva su lozanía. Estas importantes batallas, y la que constituirá el paro nacional del próximo 22 de marzo, deben tener como perspectiva la construcción de un vigoroso frente único de resistencia civil.