Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, Bogotá, 23 de febrero de 2003.
La opinión nacional fue sorprendida en fecha reciente por la tardía iniciación de los servicios en los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar. Aunque al fin arrancaron, el hecho deja al descubierto un problema de fondo que pone en grave peligro los actuales programas de atención a los hijos de los más pobres, como también las contrataciones de las madres comunitarias que han de ejecutarlos.
El programa de mayor cobertura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el de los Hogares Comunitarios, que absorbe el 37% de su presupuesto. En ellos, casi un millón de niños son atendidos desde hace quince años por más de 79 mil madres comunitarias, en jornadas agotadoras que superan el límite legal, sin que jamás les haya sido reconocido el salario mínimo y ni siquiera el simple vínculo laboral. No disfrutan de prestaciones ni tampoco de garantías básicas de seguridad social para sus hijos, puesto que el régimen que las ampara, financiado con los aportes hechos por las asociaciones de padres de familia, excluye por completo a los beneficiarios. En todos los Hogares Comunitarios se vienen recortando los recursos, ya de por sí precarios frente a los crecientes requerimientos nutricionales, ambientales y pedagógicos, lo que obliga a los padres de familia, en su gran mayoría de muy bajos recursos, o a desertar del programa, o a tener que pagar mayores contribuciones.
El Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe, que es en realidad un plan de subdesarrollo, apunta a desmontar paulatinamente los Hogares Comunitarios para ir transformándolos en restaurantes infantiles, que ofrecerán apenas desayuno y almuerzo con el pretexto absurdo de que, como los padres no trabajan, cuentan con todo el tiempo del mundo para vivir pendientes de los hijos menores, por lo que solo será preciso brindarles dos comidas al día. De llevarse a la práctica tan sombríos propósitos, a los niños de las familias pobres se les retiraría la atención que hoy les brindan las madres comunitarias. Quedarán así expuestos a toda clase de peligros mientras sus padres sin empleo salen al rebusque. Dramáticas escenas como las de los niños encerrados, amarrados a las camas y quemados en humildes moradas se harán todavía más frecuentes. Aumentarán la indigencia, el abuso sexual y el tráfico abusivo con la infancia.
En vez de incrementar sustancialmente los dineros, ir cualificando el programa y ofrecerles mejores condiciones a las madres comunitarias, el gobierno las va a obligar a crear cooperativas de trabajo asociado y a convertirse en “microempresarias” de la nutrición infantil. Lo que Uribe pretende es que sean las madres comunitarias las que, aportando un trabajo aún mayor que el actual, contribuyan a sostener financieramente los restaurantes infantiles. También se busca desmejorar todavía más su régimen de seguridad social.
Según el Plan de Desarrollo, la “ejecución y cofinanciación” de los programas estarían a cargo de los entes territoriales. Pero los ya arruinados municipios, sobre los cuales pesa la anunciada congelación del gasto público, no estarán en capacidad de echarse encima tan onerosa carga. Queda abierto el camino a una mayor privatización de los servicios, de manera que sean los usuarios, como en el caso de la salud, los que terminen asumiendo los costos.
No son las madres comunitarias las únicas que se ven afectadas por el replanteamiento del programa. A la directora del Instituto, Beatriz Londoño, poco le importó despedir a 328 funcionarios, un presagio sombrío de los planes en cierne, que persiguen dejar al Instituto como mero “formulador y director de las políticas”.
Convocamos al pueblo a rechazar los planes oficiales y a combatir unido por el mejoramiento de los programas de atención a la niñez, única forma de resistir las embestidas que buscan marchitarlos.