Por Carlos Carrascal
Finaliza este año la adecuación y construcción de los 90.4 kilómetros del Corredor de Carga, o vía de acceso rápido a Cartagena. La obra fue incluida dentro del Plan Vial de Infraestructura del Distrito y busca, según sus promotores, «el manejo de la carga con acceso rápido desde la Sociedad Portuaria, pasando por los muelles y por la Zona Industrial de Mamonal, hasta Pasacaballos». Será la vía para la importación de mercancías.
El costo, estimado inicialmente en 66 mil millones de pesos, ya va en $150 mil millones. En la ejecución de la obra serán expropiados o comprados, total o parcialmente, 267 predios. La entidad que está a cargo de avaluarlos, y de las negociaciones en general, es la Inmobiliaria Islas del Rosario, que hace los avalúos a su arbitrio. A la Sociedad Portuaria, por ejemplo, se le pagó el metro cuadrado a $300 mil, mientras que a los habitantes de Poseidón y La Cuchilla, a sólo $150 mil.
La obra la lleva a cabo la Concesión Vial de Cartagena, conformada por Álvarez & Collins, KMC Ltda. y Gercón Ltda., la cual recibe, por solo cobro de valorización, el 20% del total de los costos. El 80% restante lo obtendrá del producto de los cuatro peajes que serán instalados en la vía.
36 barrios y dieciséis mil predios –72% residenciales, en su gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3— serán gravados con el impuesto de valorización. La Sociedad Portuaria, así como las empresas importadoras, las grandes privilegiadas, no pagarán la contribución. Los cobros a las familias, que serán garantizados por el Distrito, oscilan entre los $12 mil y los $60 mil.
Ya los pobladores de los barrios Martínez Martelo, Bruselas, Amberes y otros habían pagado recientemente gravámenes por la Avenida Crisanto Luque, la Avenida del Lago, la Loma de Bazurto y la pavimentación de las respectivas calles de sus barrios. Ahora les tocará seguir pagando.
De las 10.628 familias que viven en los barrios Nelson Mandela, Pasacaballos, Bocachica, Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Santana, Arroz Barato, Las Brisas, Antonio José de Sucre, Caño de Loro, Membrilla, Veinte de Julio, Albornoz, Ararca, Río Alba, La Gloria, Puerta de Hierro, Bella Vista, Libertador, Bernardo Jaramillo, Henequén, Quindío y Villa Barraza, el 93.9% percibe ingresos por debajo de los $200 mil mensuales. Todos son afectados por los gravámenes del Corredor de Carga.
Ha habido constante amenaza de desalojo sobre los pobladores de los barrios Zapatero, La Cuchilla y Manzanillo en el Bosque. No sería extraño que las autoridades distritales aprovecharan la valorización para lograr al fin sus torvos propósitos.
La obra acarreará innumerables perjuicios a los sectores circunvecinos. Al cambiar las rutas de los buses, a mucha gente se la obligará a caminar kilómetros. Los niños de las ocho concentraciones escolares se verán expuestos a las altas velocidades de las tractomulas, máxime cuando, de los 90 puentes peatonales requeridos, el concesionario sólo prevé la construcción de nueve.
En días pasados se conoció el Informe Técnico del Sedic, de Medellín, en el cual advierte sobre el peligro de la obra y demanda su inmediata suspensión, hasta que se cuente con un estudio de drenajes adelantado con el debido rigor técnico.
En varias audiencias públicas, los habitantes se han opuesto tajantemente al cobro de valorización y a los peajes y han exigido que se rectifique el trazado. En idéntico sentido han fijado su posición el Frente Común de Acción Cívica de Cartagena, la Asociación Colombiana de Camioneros, la Corporación Social de Transportadores de Cartagena, la Cooperativa Social de Transportadores de Cartagena, la Asociación de Transportadores Urbanos, el Sindicato de Conductores de Taxis, los ediles y juntas de acción comunal de las Comunas 9, 10 y 11, los vocales de control, la Red de Veedurías, Utradebol y Sudeb.
Si las trasnacionales, la gran burguesía compradora y el concesionario son los beneficiados, deben ser ellos y el Estado los que costeen el proyecto en su totalidad.
* Integrante del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utradebol.