Por Raúl Arroyave Arango, fiscal de Fecode
Cabalgando en el mentiroso argumento de que todos tenemos que hacer sacrificios, el régimen pastranista ha venido impulsando la aprobación en el Congreso del proyecto de Acto Legislativo 012 de 2000, en virtud del cual se reforman los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución. Aquél tiene que ver con las limitaciones a los gastos de funcionamiento, léase sueldos de los empleados del Estado, que no pueden superar la inflación proyectada más el 1.5% y, además, con la abolición del situado fiscal y de las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, para crear el llamado Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, SGPT, que le asesta mortal golpe a la financiación de la educación y la salud públicas.
Toda la mediocre perorata del ministro Santos está basada en que la aprobación es necesaria para lograr «la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales, sin lo cual no es posible el crecimiento económico ni la generación de empleo» y que los argumentos de los contradictores no son más que «sofismas para tergiversar aprovechando la etapa preelectoral…y en el caso de Fecode, la oposición es para conservar los privilegios, beneficios y prebendas que el actual sistema les ha dado».
Es cierto que en el país hay una crisis económica y fiscal. Pero lo que no es cierto es que se deba al situado fiscal, a las participaciones de los municipios en los ICN o a los ‘privilegios’ de los maestros. Por el contrario, la crisis obedece a las consecuencias desastrosas que para el desarrollo nacional han tenido diez años de apertura económica y modelo neoliberal: 25 mil fábricas cerradas; 800 mil hectáreas de tierra dejadas de sembrar; aumento de las importaciones de alimentos, de un millón a más de siete millones de toneladas; desempleo que creció de 10 a 21%; endeudamiento que pasó de 14 mil millones de dólares en 1990 a más de 40 mil millones, devaluación del peso frente al dólar, que supera en los últimos cuatro años a la de todo el siglo XX, y privatización a precio de remate de las empresas del Estado, lo que ha significado una enajenación sin precedentes del patrimonio público en favor de particulares, en medio de la peor ola de corrupción de que se tenga noticia en el país. Son todos ellos factores causantes de la crisis que hoy pretende ser resuelta con el drástico recorte de los dineros para la educación y la salud.
Las transferencias no han tenido un crecimiento desbordado, pero el servicio de la deuda sí. Mientras en 1994 las transferencias territoriales sumaban 2.7 billones de pesos y el servicio de la deuda llegaba a 2.4 billones de pesos, siete años después, en 2001, las transferencias suman 9.7 billones de pesos, mientras el servicio de la deuda alcanza la escalofriante cifra de 21.4 billones de pesos. Lo que realmente pasa es que el modelo neoliberal ha llevado al país al límite: ya no tiene capacidad de endeudamiento, ni empresas para privatizar, porque en lo fundamental ese proceso concluyó; ya no se resisten más reformas tributarias nacionales, pues las exacciones en impuestos también llegaron al tope en un país empobrecido. A la pandilla pastranista no le queda otra alternativa que meterles mano a las transferencias territoriales.
Es lo que hace el 012 al abolir la disposición constitucional que ordena que tanto el situado fiscal como las participaciones municipales sean un porcentaje de los ICN, y convertir el SGPT en una cifra fija, originada en la sumatoria de tres rubros hoy deficitarios y que tendrá un incremento insuficiente para cubrir el crecimiento real de las necesidades educativas. En consecuencia, el recorte se origina no en que se les va a girar menos dinero a las regiones de lo que actualmente se les transfiere, sino en que se les gira menos de lo que se les debería girar para cubrir las crecientes necesidades del sector educativo.
Si los actuales rubros del presupuesto son deficitarios, su sumatoria también lo será. Con ello lo que se logra es que el déficit actual se eleve a norma constitucional, con el agravante que la Nación ya no tendrá responsabilidad alguna en subsanarlo, pues lo definido en el Acto Legislativo es que la Nación no podrá reasumir competencias territoriales ni contribuir en forma directa o indirecta a su pago. En otras palabras, les toca a las regiones compensar los excedentes de los costos educativos, creando más impuestos o cobrándoles elevados derechos académicos a los padres de familia. Se le da así vía libre a la privatización de la educación.
Esta reforma se venía cocinando desde el gobierno de Samper con el informe de la llamada Misión Social, pero entró en su proceso definitorio el 22 de diciembre de 1999, cuando Pastrana firmó el llamado ‘acuerdo extendido’ con el FMI. Allí quedó establecido que su propósito central era ahorrarle al gobierno entre 0.4 y 0.8% del PIB, a costa de recortar las transferencias territoriales, para poderle cumplir a la banca internacional. Por eso quien miente es el ministro de Hacienda cuando afirma que no hay tales recortes.
La conspiración contra el país ha tomado tal dimensión que se ha vuelto una farsa de complicidades y encubrimientos. Ante las dificultades que el proyecto comenzaba a tener en el Congreso, el ministro se jugó la carta de reunir a puerta cerrada a los gobernadores y alcaldes hasta lograr declaraciones públicas de apoyo de sus voceros más gobiernistas, como son el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el alcalde de Medellín, Luis Pérez. En esas reuniones, el ministro Santos apeló a acrecentar el odio que muchos mandatarios seccionales y el propio gobierno sienten contra el magisterio y sus organizaciones sindicales, garantizándoles que en el segundo semestre, con el paquete de reformas asociadas al Acto Legislativo, se les resolverán todos sus problemas. El ministro también les dijo que las modificaciones al proyecto sólo podrán ser marginales so pena de que se hunda por vicios en su trámite.
En el último texto, aprobado por once votos contra cinco en la Comisión Primera del Senado, se mantiene lo esencial: los limites constitucionales a los gastos de funcionamiento; la abolición del Situado Fiscal y las participaciones de los municipios; la creación de una bolsa común, el SGPT, ya no como porcentaje de los ICN sino como deficitaria cifra fija; la municipalización sin reversa y los principios de reparto para aplicar el pago por capitación, es decir, un subsidio por alumno matriculado y no el pago real de todas las necesidades educativas.
Para intentar doblegar a los gobernadores, todo se ha valido: desde el engaño con las cuentas nacionales sobre Situado Fiscal y participaciones a mandatarios recién elegidos y posesionados, muchos de ellos desconocedores de los verdaderos alcances de las normas en materia de financiación para la educación y la salud, pasando por la promesa de incluir en la reforma política el alargue del período en un año más y hacerlos parte de esa especie de piñata que es el famoso Fondo de los cupos indicativos del presupuesto, o mandarlos al ostracismo y al abandono oficial si no aceptan dócilmente la férula del prepotente ministro de Hacienda.
Queda claro entonces que lo único que el gobierno les podrá cumplir del ‘acuerdo’ a gobernadores y alcaldes es la derogatoria de la ley 60, para abolir el régimen especial de los maestros y entronizar los pagos por capitación para subsidiar la demanda; congelar el escalafón y derogar el Estatuto Docente, para recortar los salarios de los maestros; reformar la Ley General de Educación, para generalizar los contratos a término fijo, con Orden de Prestación de Servicios, OPS, y con autonomía para definir escalas salariales en cada ente territorial; aprobar en el Congreso las leyes de Reforma Tributaria Territorial y de Ordenamiento Territorial, para aumentar la municipalización y dejar a las regiones abandonadas a su suerte; y presentar el proyecto de reforma pensional, para endurecer las condiciones de pensión de trece millones de trabajadores y arrasar el régimen prestacional especial de los maestros colombianos.
Merece mención especial la posición adoptada por el jefe de la deslucida ‘oposición patriótica’, Horacio Serpa Uribe. Desde el primer día del actual gobierno, este personaje anda como alma en pena buscando el aval de Pastrana y de los amos imperiales para ser el próximo presidente de Colombia. Su papel se ha reducido a apoyar los aspectos fundamentales de la política pastranista, desde el Plan Colombia, que, según confesó, lo entendió cuando se lo explicaron en inglés en Washington, hasta las sucesivas reformas tributarias, pasando por toda la estrategia de paz. En un momento crucial, cuando se daba por sentado que el proyecto de Acto Legislativo se hundiría, convocó a rueda de prensa el 23 de abril para anunciar su apoyo al proyecto y ordenar a los parlamentarios liberales que lo votaran afirmativamente. Con semejante espaldarazo, la suerte estaba echada y así efectivamente sucedió en la Comisión Primera.
El MOIR seguirá en la brega al lado de todos los sectores sociales y políticos agrupados en el Frente Común para impedir la aprobación del 012 en el Congreso. Aún faltan tres votaciones y nos corresponde templar nuestras fuerzas para la batalla final. Así lo expresamos en la Junta Nacional del 4 de mayo, en la cual aprobamos la realización del paro de 48 horas para los días 9 y 10 de mayo y el inicio de un Paro Nacional Indefinido para el 15 de mayo, con la seguridad de que sólo la más decidida resistencia del magisterio y de toda la comunidad educativa podrá dar al traste con este brutal atentado contra la educación pública y los derechos del magisterio.
Lo que está en juego es el Estatuto Docente y con él toda la estabilidad laboral de los educadores colombianos. De ellos esperamos que comprendan la gravedad de la amenaza que se cierne y que respondan a nuestro llamado de lucha con toda la consecuencia que sea necesaria y sin importar los sacrificios.
¡Participemos todos en el gran Paro Nacional del próximo 15 de mayo!