Entrevista a Raúl Arroyave, fiscal de Fecode
¿Qué importancia tuvo dentro de la crítica situación actual del país la lucha del magisterio contra el Acto Legislativo 012?
Lo más importante fue la formidable movilización de maestros, estudiantes, padres de familia, trabajadores de la salud y el apoyo del movimiento obrero y popular en repudio a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ese implacable guardián del capital financiero internacional y del imperialismo norteamericano. Esta claridad en el enfoque hizo de esta lucha una grande y consciente movilización antiimperialista y patriótica. Mientras el ministro Santos pretendía demostrar que a su reforma la animaba el interés nacional, las amplias masas desentrañaron que no era más que el cumplimiento del Acuerdo firmado, el 22 de diciembre de 1999, con el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué puede resaltar del proceso de aprobación de esta medida?
La férrea oposición obligó a que el gobierno tuviera que emplearse a fondo para lograr su aprobación: presionó burocráticamente a los congresistas; repartió auxilios parlamentarios, que ahora llaman cupos indicadores; canjeó la aprobación de proyectos de ley y de actos legislativos a cambio del voto por el 012; orquestó una costosa campaña por los medios de comunicación para confundir a la opinión pública; les prometió a gobernadores y alcaldes la más absoluta discrecionalidad en el manejo de la educación, incluida la planta de personal, y hasta les ofreció alargarles su mandato en un año más.
A lo anterior, hay que sumarle las fascistas declaraciones que hizo el gobierno contra la existencia misma de Fecode, a la que, según el señor Alesina, especie de Gurú tardío del neoliberalismo, tronando desde Washington, dijo que había que «romperle la espina dorsal»; además, debieron desempolvar a los ex presidentes de la República para que, todos a una, firmaran una declaración de apoyo a la antipopular reforma. A pesar de ello, el gobierno sólo pudo obtener en las votaciones finales una exigua mayoría de dos votos en la Cámara y de uno en el Senado.
Y luego de negar a lo largo de todo el debate que su iniciativa recortaría las transferencias para educación y salud, el 21 de junio Santos gritó alborozado que se iban a ahorrar 9 billones de pesos en los próximos siete años, reconociendo así una de nuestras razones para oponernos al 012.
¿Qué obligaba al gobierno a recurrir a tanta maniobra?
Es claro que echarle mano a las transferencias es producto del ahondamiento de la crisis en que la Apertura ha sumido al país: quebradas la agricultura y la industria; deteriorados los términos de intercambio; reducidos al máximo los aranceles y franqueadas las importaciones; endeudado el país hasta límites impagables; ahogada la población con la escalada de los precios y concluido en lo fundamental el remate de las empresas del Estado, lo único que quedaba para responderle a la insaciable voracidad de los prestamistas, eran los recortes presupuestales a la educación y la salud, y a fe que armados de cinismo y sin escrúpulos lo hicieron.
Desligadas las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación en los próximos siete años, aquellas crecerán únicamente en el IPC más 2% en los primeros cuatro y 2.5% en los tres últimos, pero no se le dice al país que el crecimiento de la población es de 2% anual y que hay cerca de tres millones de niños y jóvenes por fuera del sistema educativo, con lo cual el tan promocionado crecimiento ‘real’ de los recursos es, en la práctica, nulo y su monto deficitario.
Además, el gobierno sólo tiene en cuenta los costos de la nómina docente y administrativa, preparándose para raponearles a los educadores varios derechos laborales. El resto de los costos educativos: como construcción, dotación, mantenimiento y mejoramiento de escuelas y colegios, y capacitación del personal docente, deberán ser cubiertos por la comunidad mediante más impuestos o directamente con la privatización.
¿El Acto Legislativo se aprobó tal como lo presentó el gobierno?
No todas sus pretensiones fueron satisfechas: fueron derrotados el intento de congelar a partir del año 2009 los recursos del SGP, Sistema General de Participaciones; la pretensión de fijar el monto inicial de la «bolsa común» en 8.9 billones de pesos; la decisión de dejar por fuera de nómina al personal administrativo y docente pagado con recursos propios de los entes territoriales; y el llamado subsidio a la demanda, o focalización, es decir, la supuesta atención «de los más pobres de los pobres».
Lo dicho en cierta medida explica el sabor amargo que le ha quedado al gobierno, al pensar que tanto desgaste y descrédito apenas le dejan una victoria pírrica. Por eso la actitud arrogante del ministro de Educación, quien en abuso de autoridad ha intentado impedir los acuerdos de recuperación de tiempo y el pago de los salarios para tratar de doblegar la creciente resistencia del magisterio. Es el absurdo, mientras maestros, estudiantes y padres de familia asisten a los colegios para reponer las clases y hacer las nivelaciones de los procesos curriculares y académicos, el gobierno y la policía llegan, en varias ciudades, en actitud de fuerza y barbarie a desalojarlos de los planteles. Es decir, al ministro no le importa la suerte final del año lectivo; su palabrería sobre los derechos de los niños es sólo una artimaña propagandística, pues su verdadero compromiso no es con la nación ni con la comunidad sino con el BID y su «flamante» Nuevo Sistema Escolar, en virtud del cual desvertebrarán mucho más el sistema educativo y convertirán escuelas y colegios en empresas independientes, dándole de esta manera vía libre a los procesos de privatización y a los pagos por subsidios sólo para «los más pobres de los pobres».
Fecode ha denunciado que el gobierno tiene listo un proyecto de modificación a la ley 60 de 1993, ¿qué nos dice al respecto?
Sí. En esencia, la batalla que se avecina se concretará en la discusión del proyecto que modifica la ley 60, que ya está elaborado por Planeación y que sin duda alguna tendrá funestos alcances: hacerles conejo a las regiones, disminuyendo la base de liquidación de los Ingresos Corrientes de la Nación, asunto grave pues ahora resulta algo que no dijeron en el pasado debate, que a la bolsa del SGP se le restarían los recursos del Fonpet, antes de su distribución entre los entes territoriales; también se crearía una comisión de regulación para el sector educativo, en la cual cinco expertos definirían antidemocráticamente la política educativa y tendrían como misión unificar nacionalmente el currículo y los contenidos mediante los llamados estándares de calidad y los contenidos «mínimos» para todas las áreas y asignaturas, y fijarían la llamada «canasta educativa» y los mecanismos de distribución del SGP. Todo a contrapelo de los avances en materia de autonomía académica y libertad de cátedra logrados en la Ley General de Educación.
Pero lo más grave es que se le abren múltiples puertas a la privatización, porque así Pastrana y sus ministros lo nieguen, no otra puede ser la consecuencia de permitir la contratación del servicio educativo con el sector privado a las tarifas que este ponga; y que se deseche la gratuidad de la educación, estableciendo tarifas para los costos educativos; y que no se haya creado, a pesar de que lo propusimos insistentemente, un Fondo Nacional de Cobertura Educativa, con lo cual cada año será más difícil obtener un cupo en el sistema público, y con la decisión del gobierno de no asumir el crecimiento futuro de la nómina docente y administrativa, que según este proyecto de ley será responsabilidad de los municipios, no quedará otra vía que trasladar la carga a los usuarios. Es decir, desaparecida la responsabilidad de la nación de financiar el servicio educativo, y entronizados el subsidio a la demanda y la «focalización» del gasto, queda al orden del día la privatización como política de Estado.
Con respecto a la administración de la educación, en tres años deberá cesar toda función de los departamentos, así este servicio quedará totalmente municipalizado y plantelizado. Una vez más las fuerzas neoliberales son factor disolvente de la Unidad Nacional, al atomizar los escasos recursos del SGP entre más de 1.080 municipios, la mayoría en bancarrota, y las entidades territoriales indígenas. Con la plantelización, que está en la base del Nuevo Sistema Escolar, se logra el doble propósito de ahondar la dispersión de los recursos y convertir escuelas y colegios en Empresas Sociales del Estado, que vivan de la venta de servicios y que tengan plena autonomía para que languidezcan y se marchiten en medio de la crisis, como ha sucedido con los hospitales. Se les entrega la administración de los colegios a los padres de familia, para que sean ellos quienes tomen las decisiones dolorosas de las alzas en los derechos académicos ante la insuficiencia de los recursos que transfiere el Estado. El Nuevo Sistema Escolar ya se ha venido aplicando, y se ha comprobado que trata de convertir a escuelas y colegios en Empresas autónomas administrativa y financieramente, dirigidas no por rectores sino por gerentes de libre nombramiento y autosostenidas con los pagos de los padres y con la venta de servicios. Todo envuelto en el discurso de la fementida autonomía de las comunidades, cuando éstas lo que exigen son cupos escolares suficientes, calidad educativa y la financiación por el Estado.
Pero la política estatal no está basada en el cubrimiento del costo creciente de las necesidades educativas; está en el pago por capitación (monto del SGP dividido entre el número de usuarios), la focalización del gasto en «los más pobres de los pobres», el subsidio a la demanda, la congelación de la nómina y las múltiples condiciones para nombrar maestros y cubrir vacantes, y otras linduras del recetario neoliberal que campean en ese proyecto reglamentario.
¿El proyecto de ley conculca derechos del magisterio?
Sí, y muchos. Pretende arrasar con los derechos laborales del magisterio: establece un régimen discrecional de traslados; suprime el Estatuto Docente y modifica hasta hacerlo nugatorio el escalafón nacional; los municipios definen los salarios y prestaciones de los maestros y en consecuencia prohíbe decisiones nacionales en esta materia; elimina el carácter docente de rectores y directivos y suprime su estabilidad laboral; sienta las bases para la evaluación-despido de los maestros y para la política de racionalización plasmada en los convenios de desempeño; da facultades extraordinarias al presidente para que legisle sobre el régimen laboral de los maestros; restringe la participación del magisterio en las Juntas de Educación y en los Consejos Directivos de los planteles.
¿Entonces, qué viene?
La batalla continúa y, en consecuencia, lo único que nos corresponde, con Fecode y las organizaciones del Frente Común, es «reiniciar con renovado brío el intento de la vez pasada», pues el imperialismo norteamericano, el Fondo Monetario Internacional y el régimen pastranista, continuarán con su ofensiva en contra de los intereses del pueblo y de la nación colombiana.