Comunicado suscrito en Ibagué, el 10 de agosto de 2001, por Ángel María Caballero y Jorge Enrique Robledo, presidente y secretario de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.
La mayor movilización realizada en Colombia en defensa de la producción agropecuaria concluyó con un éxito indiscutible. Porque desnudó la pavorosa crisis de cafeteros, paperos, arroceros, lecheros, algodoneros, paneleros, maiceros y del resto del agro; comprobó el acierto de las peticiones que motivaron la protesta; demostró que sí es posible unir en un solo haz de voluntades a campesinos, jornaleros, empresarios e indígenas y evidenció que existe una organización gremial de carácter nacional capaz de coordinar los esfuerzos de muchos en una misma dirección y de ganar la solidaridad de la gente de bien de todo el país.
En actos de ejemplar valor civil y patriotismo, miles y miles de colombianos de 250 municipios, en dieciséis departamentos, se manifestaron en vías y plazas de la república y se plantaron en 30 puntos de las carreteras de Colombia, exigiéndole al gobierno de Andrés Pastrana Arango la modificación sustancial de la política neoliberal que ha sumido al agro y al país en un gran desastre, el cual alcanzará proporciones incalculables si no se toman los correctivos del caso.
El Paro Nacional Agropecuario fue fruto del esfuerzo de las diferentes agremiaciones que conforman la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, con el respaldo de una diversa gama de organizaciones regionales y de algunas de las que hacen parte del Consejo Nacional Campesino. Además, la lucha se libró acompañada de un apoyo nacional pocas veces visto en el país: gremios, personalidades, sindicatos, asociaciones, cooperativas, asambleas departamentales, concejos municipales, gobernadores, alcaldes, curas párrocos, jerarcas de la Iglesia y medios de comunicación, de una u otra manera expresaron su simpatía o respaldo a la protesta.
Aislado como nunca quedó el gobierno de Andrés Pastrana, reconocido continuador de las políticas de apertura y privatización dictadas y mantenidas desde hace una década por el Fondo Monetario Internacional. De nada le valió al pastranismo su tentativa de confundir a los colombianos con medidas y afirmaciones que nunca pasaron de ser fugaces cortinas de humo diseñadas para ocultar que sus políticas conducen a la definitiva destrucción del aparato agropecuario nacional y de la producción de todo el país. Y la indignación de los colombianos llegó al colmo cuando la Presidencia de la República —pasando por encima de gobernadores y alcaldes— ordenó reprimir con brutalidad y saña a unos labriegos que protestaban a pecho descubierto e inermes, represión que produjo decenas de contusos, heridos y presos y la ignominiosa muerte de los campesinos huilenses Víctor Mauricio Carvajal y José Guzmán, razón principal, junto a su pliego departamental, para que la Asociación Agropecuaria del Huila mantenga algunos bloqueos en vías principales de la región.
La amplitud de la acogida se explica por la justeza de los objetivos del paro, dirigidos a lograr del Estado el soporte que el sector requiere para salvarse y prosperar: cese de las políticas que fomentan la importación de millones de toneladas anuales de productos que en sus países de origen reciben cuantiosos subsidios directos que ya llegan a los 370 mil millones de dólares anuales o que, en otros casos, se obtienen a bajo costo por la extrema miseria de los productores; precios de sustentación que garanticen una rentabilidad justa para la inversión en el agro; crédito suficiente, oportuno y barato; control a los aumentos en los precios de los insumos, los impuestos, los combustibles y la energía eléctrica; que se financien adecuadamente la investigación científica, la asistencia técnica y la ampliación y mantenimiento de distritos de riego; condonación de las deudas bancarias del sector, como medida excepcional por ser hoy impagables, y fin de los procesos judiciales contra los deudores.
También se plantea que se atiendan los reclamos democráticos de las comunidades indígenas y se aplique la Ley 40 de 1990, la cual prohíbe la elaboración de panela falsa en los derretideros de azúcar y su producción a escala industrial. Y se rechaza que se vincule el país al ALCA, porque ello significaría eliminar los aranceles y las cuotas de importación, que sería el fin de la producción nacional que hoy penosamente sobrevive en el campo.
Además, en cuanto a las 560 mil familias cafeteras se pugna porque el gobierno le transfiera suficientes recursos al Fondo Nacional del Café para elevar de manera inmediata el precio interno y que encabece el reclamo de los países productores ante los gobiernos de Estados Unidos y de los demás países desarrollados en contra de la agresión económica que significan sus estímulos a la superproducción mundial del grano.
Lo que sigue es promover la unidad más amplia y democrática que pueda concebirse con la totalidad de las organizaciones vinculadas a la producción rural —agremiaciones, sindicatos, cooperativas, resguardos indígenas, etc. —tendiente a realizar un gran congreso nacional agrario en el que se busquen coincidencias y se propicien acuerdos frente a la actual política agropecuaria con miras a que, con el respaldo de todas las fuerzas sociales, políticas y religiosas interesadas en el progreso de la nación, nos empeñemos en las tareas que permitan sacar el agro de la postración en que se encuentra.