por Norman Alarcón Rodas
Uno de los proyectos más polémicos presentados por Uribe es el de la reforma laboral. La opinión pública recuerda la ley 50 de 1990, de la cual fue ponente el actual mandatario y en la que se perdieron importantes derechos como la retroactividad de las cesantías y la estabilidad laboral. Se decía que con dicha reforma se reactivaría el empleo, pero sucedió todo lo contrario, pues con la aplicación de la apertura económica el desempleo se disparó hasta llegar a los niveles actuales de cerca del 20%, uno de las mayores del mundo.
Vuelve y juega. Se tomará como trabajo diurno el comprendido entre las 5 a.m. y las 9 p.m., para birlar el recargo nocturno que hoy se reconoce a partir de las 6 de la tarde; los dominicales laborados no se pagarán con remuneración triple sino doble; los festivos se pagarán como sencillos; se reducirá el reconocimiento de horas extras; se disminuirán las indemnizaciones por despidos, aumentando la inestabilidad; y se rebajará el monto del subsidio familiar a los derechohabientes.
Según uno de los ponentes, el senador Oscar Iván Zuluaga, se están haciendo esfuerzos para que la Comisión Laboral del Senado apruebe la rebaja de dos puntos de los recursos parafiscales que van al Sena, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, para destinarlos supuestamente a fortalecer el régimen pensional de prima media del ISS.
Gustavo Triana, del Comité Ejecutivo de la CUT, se opuso a la nueva reforma porque con ella el gobierno está buscando el muerto río arriba. Opina que para reactivar el empleo se requiere detener la apertura y echar atrás las privatizaciones, como también estimular la industria y el agro, con lo cual habría fuentes de empleo. También rechaza el recorte de más del 20% de los recursos parafiscales que provienen de los trabajadores y los empresarios y enfatiza que las Cajas de Compensación, el Sena y el ICBF cumplen importantes funciones sociales y de capacitación laboral, por lo que deberían ser fortalecidas.
Lo que más debilita hoy el régimen de prima media del Seguro Social es la competencia desleal que significan las AFP (Administradoras de Fondos Pensionales), creadas por la ley 100 de 1993 para favorecer al capital financiero con los recursos provenientes de los aportes pensionales. El otro factor que incide en la crisis del ISS es la pérdida de cientos de miles de empleos y la significativa merma en la calidad de los que quedan.
Si se requieren nuevos ingresos para el régimen pensional del ISS, éstos deben provenir del Estado, que le debe al Instituto más de 40 billones de pesos, en vez de seguir esquilmando a los trabajadores y empresarios. Al contrario, se debe defender el trabajo y la producción nacional, actividades claves del desarrollo del país.