Ramón Barrios Iriarte
El sector de las telecomunicaciones comenzó a cambiar aceleradamente primero a finales del gobierno de Barco, pero en lo fundamental con el gobierno de Gaviria, quien aceleró el proceso de apertura y abrió a la competencia la telefonía local, fomentó las redes privadas, entregó a operadores particulares la telefonía celular, intentó vender a Telecom, expidió una legislación para la apertura de la larga distancia, imponiendo dos competidores en la telefonía de larga distancia, y liberalizó el servicio portador de datos, creando así la posibilidad de redes privadas alterna a las de Telecom.
El acuerdo sobre telecomunicaciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, suscrito en Ginebra en febrero de 1997, benefició sobre todo a Estados Unidos y a las multinacionales de dicho país, al punto que Clinton lo catalogó como un «acuerdo histórico», que repercutiría en la creación de casi un millón de empleos en la potencia del Norte, ya que en dicho acuerdo se autorizó a todas las empresas con matriz en un determinado país a adquirir un paquete accionario mayoritario en la empresa telefónica de otra nación.
Telecom, en el periodo 1986-1996, tuvo rentabilidad nominal promedio anual de 71.2% constituyéndose en un importante soporte del presupuesto nacional a través de las transferencias de la mayor parte de sus utilidades, con indicadores importantes de eficiencia y rentabilidad social, con apoyo en las participaciones a las telefónicas locales, inversión en telefonía social y rural, transferencias al gobierno nacional y pagos de impuestos a la renta, considerado como un importante aporte a la sociedad.
La eliminación de los subsidios a los servicios públicos está llevando a un incremento general de las tarifas, como ha sucedido con el aumento enorme de las tarifas de telefonía local desde la imposición de la apertura en 1998. Desde entonces, millones de usuarios de estratos bajos están subsidiando a unos cientos, que son los que utilizan los servicios de larga distancia internacional, LDI. La implantación de la Ley 142 y la competencia también han contribuido a incrementar las tarifas, porque se introdujo, además de los costos operacionales, el oneroso margen de utilidad del operador, como también los enormes gastos en publicidad y propaganda para inducir un comportamiento entre los consumidores y la recuperación de la inversión.
El gobierno neoliberal de Uribe Vélez no ceja en la aplicación de la política diseñada por Washington para garantizar la rentabilidad e intereses del capital financiero, buscar allegar fondos para cubrir el déficit presupuestal y así pagar deudas e intereses a los usureros de los organismos de créditos y los bancos internacionales y, además, financiar la política de militarización y seguridad que se esta implantando. Después de difundir cifras falsas sobre los estados financieros de Telecom y con el mendaz argumento de la inviabilidad de la empresa debido a los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, el gobierno se lanzó a justificar su intención perversa de liquidar a la empresa estatal de telecomunicaciones. Conforme a los principios neoliberales establecidos por el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, las facultades permanentes que el ejecutivo tiene desarrollados en la Ley 489 de 1998, el llamado Programa de Renovación de la Administración Pública previsto en la Ley 790 de 2002, el pasado 12 de junio Uribe Vélez expidió el decreto 1615 que liquida de un plumazo a Telecom, enviando a la calle a 6.974 trabajadores.
Con los decretos del 1603 al 1614, el gobierno de Uribe liquidó las empresas teleasociadas Telemaicao, Telecalarca, Telenariño, Telesantarosa, Telecartagena, Telbuenaventura, Telearmenia, Teletolima, Teleupar, Telehuila y Telecaquetá, dejando sin empleo a mas de 1.200 trabajadores de estas asociadas.
Con el decreto 1616 de la misma fecha se creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, paso definitivo en corto tiempo hacia la privatización total de las telecomunicaciones y hacia el avance en la explotación de mano de obra barata, por cuanto los que ingresen a trabajar a esta última empresa lo harán bajo condiciones oprobiosas, sin estabilidad y con derechos mínimos salariales y prestacionales.
La decisión fue precedida por determinaciones unilaterales del alto gobierno plasmadas en los documentos Conpes 3145 de 2001 y 3184 de 2002, que, entre otros aspectos, establecían claramente la constitución de una matriz (privatización de toda la telefonía local de Telecom y las Teleasociadas). Ambos documentos pignoraban 1.6 millones de líneas como garantía de un préstamo internacional de 600 millones de dólares para pagarle la exorbitante deuda que están cobrando las multinacionales Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec en por unos leoninos contratos de joint venture. Estas multinacionales hoy están exigiendo abusivamente el pago de más de 1.800 millones de dólares, los cuales se les agregarían a los 1.150 millones de dólares que ya han recibido por facturación y por aportes de Telecom.
Además, en dichos documentos el régimen exigía que fueran eliminados derechos fundamentales para los trabajadores como la estabilidad, los salarios y las prestaciones convencionales, intento este que fue derrotado por la movilizacion de los trabajadores de Telecom y las Teleasociadas en el primer semestre de 2002.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado, se reafirma la política del gobierno de continuar profundizando el proceso de privatización y entrega del estratégico sector a las multinacionales y, como paso previo, eliminar los derechos adquiridos de los trabajadores plasmados en las convenciones colectivas.
Uribe dejó en claro que impondrá dicha política contra la voluntad de los trabajadores reprimiendo violentamente a los que se opongan. Así sucedió con los trabajadores de las telecomunicaciones y petroleros, quienes fuimos reprimidos brutalmente por las fuerzas policivas del régimen desde el 10 de junio, fecha en que nos declaramos en lucha permanente por la defensa del patrimonio público de los colombianos y la soberanía económica.
Y como para que no queden dudas de que el régimen uribista tiene la decisión de entregar el rentable sector a las multinacionales, en el proyecto de ley marco de telecomunicaciones que presentará próximamente la Ministra de Comunicaciones al Congreso se permite con mayor facilidad a los inversionistas extranjeros adueñarse del mercado nacional, ya que en él se consigna que, para ofrecer los servicios de larga distancia nacional e internacional, ya no será necesario obtener licencias o firmar un contrato con el Estado. Con ello se les abren aún más las puertas a las trasnacionales foráneas y se le quita cualquier impedimento al ingreso de nuevos operadores.
Hoy más que nunca, todos los trabajadores precisamos de un cabal conocimiento del contenido y los fines de las políticas de globalización. La apertura, y ahora el ALCA, acaban con la producción y el trabajo nacionales. El imperio viene por todo, y en primer lugar, por recursos estratégicos como los hidrocarburos y el sector de las telecomunicaciones.
Junto con las organizaciones de usuarios de los servicios públicos, los trabajadores, las organizaciones populares, las juntas comunales, las agremiaciones de productores y el resto de la población, los trabajadores debemos librar una lucha a fondo de resistencia contra la arremetida de recolonización.
El Paro Cívico Nacional del 12 de agosto será una altiva respuesta contra un gobierno que se apresta a gravar con impuestos las pensiones y a congelar los salarios y las prestaciones, y que ha lanzado al desempleo a decenas de miles de trabajadores. ¡Preparemos nuevos combates por la reconquista de nuestros derechos!