Un año después de padecer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sobran las razones para ratificar, como lo hacemos hoy, nuestra decisión de respaldar la Campaña de Abstención Activa al Referendo, según las siguientes consideraciones:
No hay demócrata informado que no pueda entender que el referendo es el clásico acto bonapartista, entendido este como una manipulación mediante la cual, al tiempo que se hace demagogia en nombre de la participación democrática, se contradicen los propios principios que definen la democracia.
También es evidente que el referendo no contiene ningún ataque a la politiquería ni a la corrupción, antes bien las ratifica, ya que la propaganda oficial al respecto no tiene otro objetivo que pescar los suficientes incautos para sacar adelante las medidas que realmente le interesan al uribismo.
En lo económico, el referendo tiene como principal propósito reducir los sueldos y las pensiones de los colombianos para facilitar el pago de la abultada deuda pública, en sometimiento a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Y es obvio que el empobrecimiento de los asalariados y los pensionados, al disminuir su capacidad de compra, también reducirá la producción, el empleo y los salarios del resto de compatriotas.
Tampoco ofrece ninguna duda que el establecimiento del umbral, la cifra repartidora y la disminución del número de congresistas tienen como propósito fundamental hacer de Colombia un país cuya democracia sea aún más restringida, en el que a las fuerzas minoritarias y de oposición se les vuelva más difícil acceder a las corporaciones de representación, reforzándose así las tendencias plutocráticas y de mayor concentración del poder en el Ejecutivo propias de las concepciones autoritarias.
Las razones por las cuales el gobierno, a pesar de tener mayorías suficientes en el Congreso para aprobar casi cualquier cosa, quiere imponer esas medidas mediante el referendo, también son conocidas. El triunfo del Sí significaría el fortalecimiento de Álvaro Uribe Vélez, lo que le facilitaría a este desarrollar en el futuro sus políticas en contra del progreso económico, democrático y soberano del país, tales como las que llevan al empeoramiento de las condiciones laborales, prestacionales y pensionales de los colombianos, las privatizaciones de la educación, la salud y los servicios públicos, el aumento de los impuestos y las tarifas y la inclusión de Colombia en el ALCA o en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que reduciría aún más la soberanía nacional y le asestaría el golpe final a la producción industrial y agropecuaria no monopolista. Y las concepciones retardatarias y absolutistas de Uribe en lo político también se afianzarían, amenazando el empleo de la tutela para reclamar derechos económicos y sociales, la separación de los poderes, las normas procesales democráticas y las garantías de las fuerzas de oposición, todo lo cual, en lo económico y en lo político, constituye un ataque al precario Estado social de derecho vigente.
Como es predecible que debido a la manipulación gubernamental inherente al referendo uribista, a su promoción multimillonaria por parte de los grandes grupos económicos y financieros, a la falaz campaña de los promotores del Sí y al poder de los grandes medios de comunicación puestos a su servicio, los votos que se depositen por el No sean superados por los del Sí, la más segura garantía de su derrota radica en No Votar, que es a lo que llamamos a todos los colombianos.
Bogotá, 17 de septiembre de 2003.
Senadores:
Luis Carlos Avellaneda, Jesús Antonio Bernal, Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Bernardo Hoyos M., Javier Antonio Peñalosa, Cilia Peñalver y Efrén Félix Tarapués.
Representantes a la Cámara:
Pedro Arenas G., Wilson Borja Díaz, Lorenzo Almendra, Alexánder López, Venus Albeiro Silva, Hermínsul Sinisterra y María Isabel Urrutia.