Por Gonzalo Arango J.
El 1° de abril, en medio de masivas protestas, fue designado Marco Palacios como rector de la Universidad Nacional, la más importante institución educativa del país. La comunidad universitaria exigía al Consejo Superior el respeto por los resultados de la “consulta” y la valoración de las calidades académicas, en los que descolló, con significativa ventaja, el doctor Víctor Manuel Moncayo, rector en los últimos dos períodos.
Los reclamos en procura de financiación estatal para la universidad pública, la defensa de la autonomía, las críticas al modelo neoliberal de la educación superior, entre otras posiciones, hicieron del rector Moncayo un personaje indeseable para el gobierno, pues podría entorpecer las políticas del Ministerio de Educación dentro de la actual oleada de reformas y ajustes. Desacatándolo por inconstitucional, el doctor Moncayo se atrevió a enfrentar el decreto 2912 del 31 de diciembre de 2001 que establecía un nuevo régimen salarial y prestacional para los docentes universitarios. Esta fue una muestra clara de su talante, que no pasó inadvertida por el nuevo gobierno.
Por ello Uribe Vélez impuso al historiador Palacios, de ingrata recordación en su paso por la rectoría entre 1984 y 1988. Aunque se alega la legalidad del hecho, el nombramiento de Palacios fue una clara afrenta contra la comunidad universitaria cuya opinión fue burlada, dejando al descubierto el carácter arbitrario y autoritario que se esconde tras la fachada de la “democracia participativa”.
Esta decisión del gobierno del “Estado comunitario” y la “seguridad democrática” hace parte de la política contra la educación pública, condenada a muerte por los requerimientos del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, en cuyo marco se adelantan las negociaciones de los “servicios de enseñanza”. En medio de la alharaca efectista de los “consejos comunitarios” y la demagógica ampliación de la cobertura consignada en la “revolución educativa”, Uribe Vélez y su ministra de Educación avanzan en el acondicionamiento del sistema de educación superior y de ésta, en su forma y contenido, a la nueva condición de bien transable, de mercancía. Su tarea la llevan a cabo mediante la imposición de reformas “estimuladas” por los recursos que el Banco Mundial asigna, como préstamos al gobierno nacional, condicionados a la implantación de sus recomendaciones en política educativa.
Mediante la puesta en marcha del decreto 808 de 2002 se “establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de la calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional”, y el rediseño curricular de los programas, orientado a disminuir la duración de los pregrados, de cinco años a cuatro, adecuando los formatos de los “paquetes de formación” a los estándares del sistema americano de los colleges. Al tiempo, su contenido se impone con los “exámenes de calidad de la educación superior” -CAES- mecanismos de evaluación de “las competencias” que los egresados deben acreditar, y con los “estándares de calidad”, exigidos para cada carrera por los decretos respectivos. Esta normalización de los productos, en su forma y contenido, es un requisito indispensable para que puedan ingresar y circular las ofertas educativas extranjeras.
Otro aspecto es la intensificación de la política privatizadora, al financiar la “ampliación de la cobertura con calidad” con créditos del Icetex y de las universidades públicas para cancelar el valor de las matrículas. En las universidades del Estado aparece la oferta de programas académicos en “jornadas especiales”, con regímenes de matrículas que superan en algunos casos los costos de universidades privadas. Con las facilidades de acceso a los créditos y un subsidio equivalente a 25% de la matrícula, para los estudiantes de los estratos uno y dos, se trata de camuflar la privatización. Es el comienzo del fin de la educación superior pública. El subsidio y la financiación de la demanda les permiten el acceso al mercado nacional a quienes tengan ofertas educativas extrajeras, aprovechando incluso los recursos que asigna el Estado “en condiciones no menos favorables que para los oferentes nacionales”,
Las reestructuraciones administrativas para disminuir los costos de la educación estatal, son inducidas por los “convenios de viabilidad y desempeño”, con los que se premia con recursos adicionales a las instituciones de mayores logros en estándares de desempeño, como número de estudiantes por docente y de empleados administrativos por estudiante, costo por estudiante, porcentaje del presupuesto financiado con matrículas y venta de servicios, entre otros. A ello se suma la reducción paulatina del personal de planta y su reemplazo por trabajadores, empleados y profesores contratados temporalmente, en algunos casos a destajo. Se busca “racionalizar el uso de los recursos”. El Plan de Desarrollo aprobó la asignación de hasta 12% del presupuesto con arreglo a los resultados de los indicadores de gestión, entre los que se destacan los relativos al incremento de la cobertura.
Esto ha conducido al deterioro de las condiciones de trabajo en las universidades estatales y a la desmejora ostensible en la calidad de la educación impartida. El hacinamiento en los salones, la carencia de equipos en laboratorios y talleres para atender la creciente población estudiantil, la casi inexistencia de programas asistenciales de bienestar para los estudiantes de escasos recursos, son el escenario predominante en las universidades públicas.
Con las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso al Ejecutivo para reformar el gobierno central, se adelanta la reforma del Ministerio de Educación y la del sistema de educación superior, adecuándolo a las nuevas funciones que demanda el nuevo escenario: procedimientos de autorización y regulación de proveedores extranjeros; aseguramiento de la calidad y acreditación de los servicios importados y exportados; sistema de reconocimiento de títulos y transferencia de créditos; esquemas de financiación (concesiones de operación, subsidios, préstamos, becas). Una de las funciones del nuevo Viceministerio de Educación Superior será entonces el “aseguramiento de la calidad”; la otra será el “apoyo y monitoreo” de las instituciones en procura de las metas de mejoramiento de su eficiencia con el cumplimiento de los “indicadores de referencia”.
En este contexto se presenta la ofensiva del gobierno de Uribe Vélez contra la democracia y la autonomía en la Universidad Nacional. Es importante anotar que el zarpazo a la Rectoría estuvo precedido por una andanada de sindicaciones a las universidades públicas como los espacios de reclutamiento y adiestramiento de cuadros para los grupos insurgentes. Esta estigmatización no es ajena a la necesidad de imponer un gobierno universitario autoritario y represivo, que coarte las manifestaciones de descontento y resistencia a la agresión académica, política y financiera que marcan el camino hacia el naufragio definitivo de la educación pública en las aguas del ALCA.
Estudiantes, profesores, trabajadores y la población en general deberemos encarar esta política, organizar la resistencia y la movilización en defensa de este patrimonio nacional, y sumar nuestro contingente a los demás sectores de la sociedad que enfrentan la recolonización de América por parte de Estados Unidos.