El paro estudiantil en la Tecnológica de Pereira
Marcela Vélez
Desde hace más de una década el Banco Mundial viene impulsando la política de crédito educativo en la educación superior, como mecanismo que sustituye la financiación estatal de las universidades públicas por préstamos a estudiantes para que paguen altas matrículas con ellos. Así se introduce el sector financiero en el jugoso negoci de la educación privatizada.
Álvaro Uribe Vélez ha mantenido como bandera la política de crédito educativo, con el objetivo de cumplir con las directrices de los organismos multilaterales de crédito sobre privatización de la educación, y para ello usa la estrategia demagógica del aumento de la cobertura, a la vez que le disminuye el presupuesto a la educación superior pública. La ampliación de la cobertura busca aumentar en 400 mil los cupos para educación superior, así:
a 160 mil con las «ganancias en la eficiencia», es decir, más estudiantes sin aumentar la asignación presupuestal a las universidades públicas.
a 40 mil por educación virtual
a 80 mil con el SENA y las instituciones técnicas y tecnológicas
a 70 mil con crédito educativo, dirigido a universidades privadas.
En este marco, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, Luis Enrique Arango, en procura de la autofinanciación de la universidad y en su inconfensable esfuerzo por obtener la estima del gobierno de turno, se empeñó en ampliar la cobertura creando cuatro ingenierías en jornada nocturna, pero con costos de $1’328.000 en matrículas, para una universidad donde el promedio es de $230.000. Es un escalón para un rector que tiene todo un historial de medidas privatizadoras aplicadas por su propia iniciativa, y lo hizo apoyándose en el programa Acces del Icetex.
Estas carreras, que se aprobaron a pupitrazo limpio en la reunión del Consejo Superior, CSU, carecieron de las discusiones académicas propias de la universidad y se les dio un manejo que, como manifiesta el rector sin ninguna vergüenza, tenía como propósito aprovechar el dinero que el gobierno había destinado al Icetex para este propósito. La decisión coincidió con la época de exámenes finales y habilitaciones en la UTP, razón por la cual el estudiantado no se movilizó inmediatamente en contra de la medida.
Iniciando el siguiente semestre, se creó la Coordinadora de Estudiantes, colectividad conformada por las seccionales de las organizaciones estudiantiles nacionales, las representaciones estudiantiles, las organizaciones locales y los activistas independientes, y se inició una campaña de difusión y recolección de firmas en apoyo al pliego de peticiones de los estudiantes, que tenía como punto primero y principal la exigencia de mantener estas nuevas carreras bajo la normatividad vigente y con el mismo esquema tradicional de liquidación de matrículas. Como respuesta al pliego, el rector empezó un proceso disciplinario contra el representante estudiantil al CSU; medida que en lugar de atemorizar al movimiento estudiantil avivó y motivó la participación de más sectores del estudiantado.
A partir de ese momento y después de multitudinarias asambleas generales y de facultades, el 28 de julio se decidió salir a paro general indefinido. Al día siguiente, y sin que mediara ningún acto violento, Luis Enrique Arango militarizó la Tecnológica de Pereira, por primera vez en 42 años de existencia.
Nuevamente el rector se equivocó, porque en lugar de dispersar al movimiento estudiantil, éste se cohesionó hasta el punto de hacer la marcha más grande de estudiantes universitarios en Pereira en los últimos 20 años.
Estos hechos presionaron una reunión del Consejo Superior, con la presencia del viceministro de Educación, Javier Botero, quien tiene la función de velar porque el bastión de la política educativa de Uribe Vélez en educación superior no salga derrotada, para poder aplicarla luego en todas las universidades públicas del país.
Los estudiantes, ante la negativa del Consejo de echar para atrás la medida, decidieron ratificar el paro; y el rector, que había recibido la orden de desmilitarizar la universidad, decidió cerrarla.
Ante esta situación, buscamos el respaldo del estudiantado y el profesorado de las demás universidades del país, y se hicieron el encuentro y la marcha a Pereira, todo contra la política educativa de Uribe Vélez. Actividades que aunque sirvieron en el acompañamiento a la pelea local, no lograron su cometido de generar un movimiento nacional de resistencia a esta política.
Entramos después a unas semanas de desmovilización del estudiantado, de amenazas sobre cancelación de semestre y de incitar la división del movimiento estudiantil y estimular el esquirolaje. Se decidió entonces dar una semana de tregua y efectuar un plebiscito que confirmara el rechazo de los estudiantes a la creación de estas carreras regidas por los parámetros del crédito educativo. El estudiantado asistió masivamente a las urnas y se alcanzó una participación de 3.641 estudiantes, de los cuales 3.258 votaron a favor de modificar estas carreras adaptándolas al sistema tradicional de funcionamiento de la UTP, y de eliminar el crédito educativo como forma de privatización.
Aunque la actividad del plebiscito buscaba llegar con más fuerza a la reunión ordinaria del Consejo Superior, esta no se llevó a cabo, y así comenzó el proceso de cancelación de reuniones, de dilatar la toma de decisiones y de no solucionar el conflicto. A la burla del Consejo Superior, la embestida del rector contra el movimiento estudiantil y las presiones de un sector de la derecha para regresar a clases, se respondió con la más grande asamblea general de estudiantes de la Tecnológica de Pereira, en la cual los estudiantes decidió retomar el paro, con una votación de 1.633 contra 752.
Entonces la administración emprendió su estrategia de división del movimiento estudiantil, promoviendo el esquirolaje y amenazando con dar por perdido el semestre a los participantes del paro. Después de tres semanas con esta estrategia, el movimiento estudiantil perdió fuerza y no se pudo evitar que cada día más estudiantes se incorporaran a las clases.
En la séptima semana de paro, el Consejo Superior se reunió finalmente para tomar varias decisiones: cancelar semestre a todo estudiante que se mantuviera en paro y garantizar la normalidad de las clases a quien deseara participar en ellas; eliminar el crédito educativo como forma de financiación de las carreras creadas, y reducir el costo de esas matrículas pero manteniendo el principio de autofinanciación. Mientras se cumplía la reunión, los estudiantes hicieron un mitin que culminó en enfrentamientos entre la policía y el estudiantado. Cuatro estudiantes fueron detenidos y varios golpeados.
Ante el proceso de debilitamiento del movimiento estudiantil, la incapacidad para evitar que algunos sectores del estudiantado recibieran clases, la amenaza de cancelación selectiva del semestre que propiciaba las decisiones individuales en lugar de acogerse a las definiciones de la asamblea general, la Coordinadora de Estudiantes llevó la propuesta de levantar el paro, rechazando las decisiones del Consejo Superior y manteniendo viva la pelea por el pliego de peticiones. Después de un par de días la Asamblea General de Estudiantes definió el levantamiento del paro acompañando esta decisión con una gran movilización que ratificó el compromiso de continuar peleando por el pliego de peticiones y por la defensa de la universidad pública.
El paro nos deja la enseñanza de que la unidad y la organización de los estudiantes son indispensables para avanzar en la defensa de la educación pública. En este movimiento se alcanzó una gran comprensión del estudiantado sobre las implicaciones de la política del Gobierno en la existencia de la universidad pública, y sobre como el crédito materializa la privatización de la educación superior. El movimiento estudiantil está en ascenso y en la medida en que logre mayor fuerza y haya nueva decisión de lucha, se podrá derrotar la política educativa de Uribe Vélez.