Apartes de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre alcoholes carburantes, Comisión Quinta del Senado, 26 de agosto de 2003.
Jorge Enrique Robledo
Este del alcohol carburante es un proyecto que aparece como algo positivo para el agro y el medio ambiente. Sin embargo, hay que mirarlo con cuidado. Con tantos intereses en juego, no podemos hacer cuentas alegres. Voy entonces a señalar algunas cuestiones que a mí me siembran dudas, y quiero plantearlas con entera franqueza.
Destaco un primer hecho que pesa como una montaña: el alcohol carburante es más costoso que la gasolina. No es un negocio que en una economía de mercado se desarrolle solo y en forma natural; no, su mercado debe ser intervenido para que sea viable, porque el combustible que le compite es más barato. El petróleo está en el yacimiento, mientras que la yuca, la caña o cualquier otro cultivo que se utilice como materia prima hay que sembrarlo, y además en tierras costosas. Entonces, por definición, hablamos de un proyecto que solo es viable si el Estado lo interviene para que funcione por fuera de las leyes del mercado.
La propuesta del gobierno es subsidiar la producción de alcohol carburante mediante el expediente de quitarle los impuestos que pesan hoy sobre la gasolina. No cobrarle al alcohol tales gravámenes tiene un costo fiscal bastante alto, equivalente, según nuestros propios cálculos, a 39.7 millones de dólares al año, el valor de otra reforma tributaria. Utilizo las cuentas de Ecopetrol, sobre una producción estimada de 735 mil litros/día.
Pero que el costo sea alto no implica que el proyecto no pueda hacerse. Presenta por supuesto sus atractivos. Se alegan en primer lugar factores medioambientales. Se defiende también porque permitiría disminuir las importaciones de petróleo a las que estamos abocados. Y hay un tercer argumento, quizá el más atractivo: promovería la agricultura y el empleo. Este sí que es un argumento de peso para cualquiera que tenga la menor sensibilidad sobre el progreso del país, sensibilidad que ojalá muestre el señor ministro cuando le pidan firmar el ALCA o el acuerdo bilateral.
El gobierno señaló que el proyecto se hará única y exclusivamente si los inversionistas privados asumen los costos relativamente altos. Y ha sido perentorio en afirmar que no habrá inversión del Estado en la construcción de destilerías.
Lo anterior deja claro un asunto bien importante. En el debate han aflorado ya las diferencias entre los interesados en que las destilerías se instalen en una zona u otra. Y en el caso de la caña se aprecia una contradicción —hasta ahora resuelta positivamente, y ojalá que se pueda seguir resolviendo así— entre los intereses de los grandes cultivadores de caña del Valle del Cauca y los de los pequeños productores de panela. Para dimensionar el asunto, baste mencionar que 14 ingenios producen el mismo dulce que 60 mil familias de paneleros.
En su alocución del 20 de julio, el presidente Uribe hizo expresa referencia al proyecto: «Los combustibles biológicos son ahora alternativa viable. En dos años el sector privado vallecaucano deberá producir alcohol carburante para mezclarle a la gasolina». Esa parece ser la decisión, y a mí no me sorprendería, porque hay un hecho evidente: la zona panelera más desarrollada del país es la del río Suárez. Pero ¿contarán allí los cañeros con recursos suficientes para instalar la destilería? Recuerden que estamos hablando de 35 millones de dólares, para ser costeados por un buen número de pequeños y medianos productores. De plano me permitiría entonces descartar que la instalación de las destilerías vaya a ser una inversión de los propios cañeros del río Suárez. Mientras que, por el otro lado, los 14 ingenios del Valle del Cauca sí tienen músculo financiero suficiente e instalaciones ya creadas para irrumpir de lleno en el negocio.
Lo primero que hay que decirles entonces a los amigos cañeros de la Hoya del Suárez y del resto del país es que no se hagan ilusiones. Porque no es factible que en una zona que conozco de cerca se logren conseguir 35 millones de dólares para meterse en un negocio tan complejo. Insisto mucho en este punto, porque abrigo la certeza de que se ha venido manejando muy mal la información. Sé de mucho cañicultor que está sembrando a marchas forzadas ilusionado en tomar parte en el proyecto. En tal sentido, voy a hacerle un reclamo muy serio al Ministerio. Hablemos con franqueza, digámole la verdad al país, para que el exceso de producción no se complique todavía más. Si el proyecto se va a hacer en el Valle, que se haga, pero que se diga con claridad. Si se va a adelantar en otro sitio, que se explique cómo. Pero no le pintemos pajaritos de oro a la gente, acabando de agravar un problema ya de por sí muy grave, como lo es el exceso de capacidad instalada.
La rentabilidad
El problema clave es en últimas el de la rentabilidad. ¿Qué tan rentable va a ser producir alcohol carburante? El gobierno nacional estableció un precio de compra de US$1,21. Los análisis para fijarlo parecen haber salido de una investigación hecha por Equati Investment, un estudio bastante endeble, según el doctor José Joaquín Rudas, el experto que me está asesorando. Equati estima un costo de producción de 94 centavos de dólar por galón. Pero el doctor Rudas me dice que el estudio presenta inconsistencias tan grandes como que no calcula los costos de mantenimiento de la destilería, ni el impuesto de renta, ni la depreciación de los equipos, ni el tratamiento de las vinazas, etcétera. Sobre la base de esas cifras, el doctor Rudas calcula en US$1,23 el costo de producción del alcohol carburante, por encima de lo que ofrece el gobierno como precio de compra. Dato que corrobora lo señalado aquí por el doctor Cala, quien también se queja, y entiendo que con evidencias empíricas de inversionistas, porque afirma que a ese precio no les funciona el negocio.
Aparece un problema tremendamente complicado. ¿De dónde sale el precio que ha ofrecido el gobierno? Por lo que me pareció entenderle al ministro, de una manera muy extraña. El gobierno supone que el precio del alcohol es el mismo de la gasolina. Y entonces toma este último como base y le resta los impuestos. Pero esto de que el precio del alcohol sea idéntico al de la gasolina, señor ministro, me cuesta un trabajo inmenso creerlo. Todo parece indicar que al doctor Rudas y a los demás analistas les asiste la razón cuando aseguran que a ese precio no resulta rentable producir alcohol carburante, salvo que medie una situación excepcional, como la de los ingenios vallecaucanos, y es que están exportando azúcar vendiendo a pérdida —entiendo yo, doctor Villaveces—. A ellos les funciona el negocio, porque si estoy vendiendo a pérdida, puedo seguir haciéndolo si la pérdida es inferior.
La producción de azúcar es respaldada en el mercado nacional por un precio superior al del externo, y eso está bien que sea así. Son realidades sociales por las que tenemos que seguir trabajando. En lo que insisto es en que hay que hablarle con franqueza al país, porque de lo contrario jamás entenderemos lo que está sucediendo.
Quiero entonces hacer hincapié en que hasta ahora el negocio está montado sobre una base muy endeble. Todo parece indicar que el precio fijado por el gobierno no tiene nada que ver con la realidad. Probablemente, al hacer cuentas, los ingenios azucareros encuentren un colchón tan grande que el negocio les pueda funcionar. Pero sería bueno que eso se estableciera de antemano, y, sobre todo, que no les alegremos el oído a los cultivadores de caña panelera, que ya producen con bastante sufrimiento en las difíciles laderas andinas.
¿Mercado abastecido con importaciones?
La Resolución 180836 de 2003 no ordena expresamente que sea colombiano el alcohol que se produzca a partir de septiembre de 2005. Sobre problema tan crucial le voy a hacer, señor ministro, un cuestionamiento muy preciso y espero que usted me lo responda. La Resolución habla de promover el mercado, pero el mercado podría promoverse con alcoholes importados. Y si es así, el análisis varía drásticamente, porque se alteran por completo los supuestos que yo he hecho.
La pregunta es precisa, señor ministro: si en septiembre de 2005 no hay producción de alcohol carburante ¿se va a importar? Pero, además, respóndale al país lo siguiente: ¿la importación la va a hacer Ecopetrol o la empresa privada? Que no resulte en últimas que aquí se esté moviendo todo un cuento del medio ambiente para montarle un negocio a una empresa privada. Porque ya de antemano sabemos que la política es que no sea Ecopetrol. La decisión está tomada, y es la de adelgazar a Ecopetrol hasta su desaparecimiento.
Para el alcohol carburante, Colombia tiene un arancel de protección muy bajo, de tan solo 15%, mientras que algunos países lo han fijado en 50%. Lo que puede por tanto terminar sucediendo es que un arancel tan precario no logre protegernos de las importaciones.
Una última preocupación. Vamos para el ALCA, o, todavía peor, para el acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Y en ambos casos la política es la de eliminar los aranceles a todos los productos, incluido el alcohol carburante. En la información enviada a la Comisión Quinta, el Ministerio anota que ya Colombia ofreció en este ítem una desgravación un poco superior a los diez años. Luego será un negocio que por la vía de la protección arancelaria va a sobrevivir si mucho diez años, hecho que vuelve y les complica las cuentas a los inversionistas.
¿Qué es lo que estoy diciéndole al país? Que el panorama se ve más complicado de lo que presupone el gobierno. Así que le renuevo el llamado al Ministerio para que actúe con seriedad. Aquí hay mucho interés moviéndose y millares de cañeros comprometiéndose en más cultivos cuando hay tantas preguntas todavía sin resolver.
Por último, señor ministro, le insisto en mi pregunta: si en septiembre de 2005 no tenemos producción nacional de alcohol carburante, ¿procederá el gobierno a importarlo?