Los hidrocarburos son recursos estratégicos y de seguridad nacional, tanto que cubren 70% del consumo de energía mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón y demás potencias, que consumen 65% de la demanda mundial de energía, centran sus esfuerzos en controlar las fuentes de hidrocarburos, estructurando políticas para incidir en las legislaciones de los países productores, a fin de asegurar el suministro de energía fósil, sin importar que para ello tengan que lanzar guerras de agresión o intervenir militarmente en los países donde se encuentran las reservas de petróleo y gas. La invasión de Estados Unidos e Inglaterra contra Irak da prueba fehaciente de ello.
El petróleo ha sido un bien que nos prodigó la naturaleza en cantidad y calidad, pero que no suficientemente explotado ni desarrollado en beneficio de los intereses nacionales. Desde 1918, se han extraído siete mil millones de barriles de petróleo, concentrados en las cuencas del Alto y Medio Magdalena, los Llanos Orientales, Putumayo y los yacimientos gasíferos de La Guajira, quedando 80% del resto del país sin estudio exploratorio. Solo se conoce una quinta parte de la geología de nuestras cuencas sedimentarias.
Lo anterior ha ocurrido por la ausencia de una política de Estado y por la pérdida absoluta de la soberanía. Los colombianos crearon con gran esfuerzo una empresa nacional de petróleos, Ecopetrol. A las reservas que recibió en 1951, fue posible adicionarle en cinco décadas una producción acumulada de cuatro mil millones de barriles explotados. Hoy, aun en medio de la política de recorte, marchitamiento y ahogo a que la somete el gobierno, mantiene reservas de 1.687 millones de barriles; produce 578 mil barriles de petróleo por día, de los cuales sólo 110 son directos de Ecopetrol; refina 300 mil barriles de crudo; transporta en sus 14 mil kilómetros de sistema de oleoductos, poliductos y gasoductos la producción nacional de combustibles que demanda el país y exporta los excedentes. Desarrolla el mercado interno de productos y derivados del petróleo.
Ecopetrol debe ser estatal
Ecopetrol es el mayor contribuyente al fisco nacional. Constituye el mayor factor de desarrollo para varias economías regionales, gracias a la demanda y oferta de bienes y servicios, así como al consumo que efectúan sus trabajadores.
Una empresa cuyos activos ascienden a 24 billones de pesos, que genera 9,8 billones de ingresos anuales y transfiere cinco billones de pesos al fisco nacional, que constituye la mayor fuente de divisas representadas en las exportaciones y aporta siete mil empleos directos y más de 100 mil indirectos con capacidad importante en la demanda interna, merece ser reconocida y mantenida como factor clave de la economía nacional. No hay ninguna razón para que sea privatizada ni para que su actividad de empresa petrolera se vea disminuida. Por el contrario, se le deben otorgar las herramientas necesarias, a efecto de desarrollar sus actividades exploratorias y extractivas con recursos directos para buscar hidrocarburos en las áreas geológicas de mayor prospectividad, cuyo conocimiento le permita obtener ventajas a la hora de negociar con las trasnacionales y firmar contratos que beneficien el interés nacional y una renta recíproca al asociado.
La primera empresa del país está seriamente amenazada por una política oficial contraria al interés nacional, que sólo le permitió perforar cuatro pozos exploratorios en los últimos cuatro años, cuando el Plan Quinquenal (1998-2003) proyectó la perforación de 200. Las asociadas respondieron bajando el ritmo de perforación exploratorio, para presionar cambios en el contrato de asociación, como en efecto ocurrió, obteniendo más participación y menos pago por regalías a las regiones. La exploración ha caído y la directa de Ecopetrol es marginal, porque 95% del presupuesto de exploración está destinado a desarrollar los campos de producción de los asociados, situación que pone al país en alto riesgo de convertirse en importador, ya que las reservas propias, que son del orden de 325 millones de barriles, se están agotando y no hay perspectivas de nuevos hallazgos y, con el nivel de consumo actual, aproximadamente en cinco años perderemos la condición de autosuficiencia.
Sobre refinación, el gobierno está empecinado en abrirle competencia a Ecopetrol, a través de refinerías privadas o estimulando importación de combustibles, a la vez que deja las refinerías de Barranca y Cartagena operando en estado de obsolescencia y con muy poco mantenimiento, lo que afecta el margen de rendimiento, alejando cada vez más la refinación de Ecopetrol de los estándares internacionales. Cuando el país y en particular la Costa Atlántica esperaban con entusiasmo la aplicación del Plan Maestro para ampliar la refinería de Cartagena, el proyecto se puso en duda porque el Confis y Planeación Nacional, con el ardid de que no hay recursos para que Ecopetrol lo ejecute directamente, van a proponer que lo haga el capital privado. La privatización se extiende a los oleoductos y poliductos, sobre los que pesa la decisión de entregarlos a las multinacionales, para que los distribuidores mayoristas, hoy controlados por la Texas, Esso-Mobil y Shell, monopolicen el mercado y saquen del negocio a los minoristas, casi todos de capital colombiano.
Igual situación vive el Instituto Colombiano de Petróleo, fundamental para la apropiación y generación del conocimiento científico nacional. Su permanencia en Ecopetrol debe ser defendida resueltamente.
Ecopetrol es rentable y aporta al desarrollo de la nación
Ecopetrol continúa generando utilidad y rentabilidad y sirviéndole de soporte al fisco nacional. Entre 2001 y 2002 la empresa generó ingresos por 18 billones 551 mil millones de pesos, transfirió 11,1 billones de pesos y tuvo utilidades operacionales por 3 billones 985 mil millones. A diciembre 31 de 2002, su balanza comercial fue favorable en US$1.600 millones, en las exportaciones colombianas pasó de 35% y, en síntesis, la contribución del sector petrolero a las finanzas públicas de la nación es fundamental. De no existir Ecopetrol, se agravaría el déficit fiscal, la inversión social sería precaria y se afectaría notoriamente la economía regional. Como quiera que las refinerías le compran a la industria nacional 100 mil millones de pesos al año, 62% de los ingresos de la empresa provienen del mercado interno. Si Ecopetrol se convierte en empresa privada, el fisco solo recibiría el impuesto de renta de 38%, no las transferencias de 60% de los ingresos que hoy percibe de la empresa estatal. Es decir, la nación perdería 22% de los ingresos que hoy obtiene por ser una empresa del Estado la que maneja los hidrocarburos. Esto lo demuestra el hecho de que el nivel de impuestos que pagan las multinacionales es muy inferior al de Ecopetrol, a pesar de que ellas dominan 83% de la producción nacional de crudo, 100% del mercado mayorista de los combustibles y 50% del sistema de transporte por oleoductos.
El gobierno y el actual presidente de Ecopetrol, tienen como preocupación fundamental promover la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera. No les interesa que Ecopetrol maneje la industria petrolera. Todos sus esfuerzos están dedicados a convertirla en una administradora de los contratos de asociación. Piensan que Ecopetrol puede ser reemplazada por una fiducia, desconociendo lo estratégico que es controlar un recurso como el petróleo en beneficio de la economía del país.
Frente Patriótico por la Salvación de Ecopetrol
A estas intenciones de privatización se viene oponiendo la USO. Por ello quieren liquidarla. Se esgrime como argumento su inviabilidad a causa de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, una mañosa falsedad que encubre intenciones perversas. Si se analizan los estados financieros, se observará que los salarios y prestaciones tan solo representan 4,5% de los ingresos de la empresa, y que existe un fondo de pensiones de más de 4 billones de pesos, fondeado por ley de la República, que junto con sus rendimientos financieros garantiza el pago de pensiones para los jubilados, los actuales y futuros trabajadores de Ecopetrol.
Las reformas laboral y pensional, que golpearon duramente a los trabajadores, y el contrapliego que presentó Isaac Yanovich tienen el propósito de establecer un régimen despótico en la empresa, a efecto de eliminar cualquier foco de resistencia contra dicha política.
Jamás en las relaciones obrero-patronales había recibido el sindicato tantas agresiones y actos de provocación: han despedido dirigentes sindicales y trabajadores; han procesado por control disciplinario y judicialmente a un sin número de afiliados al sindicato, violando el libre ejercicio de la actividad sindical, y actualmente está privado de la libertad el ex presidente nacional del sindicato, Hernando Hernández, y se impide el derecho al trabajo bajo el pretexto de rescatar la gobernabilidad.
Así mismo, se le entrega el gas de La Guajira nuevamente a la multinacional ChevronTexaco y se responde al pliego de peticiones con un contrapliego que acaba con la contratación colectiva. Todos estos actos demuestran que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el responsable de la huelga en Ecopetrol, sin tener en cuenta los altos costos políticos y económicos para la nación.
Para que Ecopetrol continúe siendo patrimonio de los colombianos, y siga contribuyendo al desarrollo nacional y al progreso del pueblo, todos debemos asumir con fervor de patria la defensa de la empresa estatal, vital para la soberanía económica y el desarrollo nacional.