Contra la Reforma Política
Los senadores abajo firmantes dejamos la siguiente constancia, en la que explicamos las razones fundamentales por las que votamos negativamente la reforma política aprobada por el Senado de la República en el día de hoy.
Como lo dijo uno de los ponentes en la plenaria de la Corporación, el propósito principal de la reforma es corregir “el efecto demoledor de las reformas” políticas aprobadas en la década pasada, las cuales tuvieron como uno de los aspectos fundamentales el haberles permitido a sectores diferentes a los partidos tradicionales y a grupos minoritarios dentro de dichos partidos llegar al Congreso de la República.
Por ello es que la reforma aprobada establece el umbral y la cifra repartidora como talanqueras en las elecciones legislativas, de forma que se nos haga más difícil o imposible a las fuerzas independientes y minoritarias acceder al Congreso, a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.
También hay que denunciar que esta reforma, en lo que tiene ver con el umbral y la cifra repartidora, es una evidente “clonación” de un artículo del Referendo que se pondrá a consideración de los colombianos, referendo que también busca la reducción del Congreso en el 20%, un obvio ataque a las minorías políticas. Y a este “clon” se le dio vida a pesar de la demagogia del gobierno y del uribismo acerca de que la “clonación” había desaparecido de la reforma política.
Y tampoco podemos estar de acuerdo con la decisión tomada en esta reforma de iniciar una auténtica ofensiva para quitarle la personería jurídica a las organizaciones políticas independientes y minoritarias.
Bogota, 5 de mayo de 2003.
Jorge Enrique Robledo
Bernardo Hoyos Montoya
Luis Carlos Avellaneda
Francisco Rojas Birry
Jesús Bernal Amorocho
No a la descapitalización del sector solidario
El senador Jorge Enrique Robledo exigió echar atrás el decreto 790 de 2003, que descapitaliza en más de 100 mil millones de pesos a las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas.
El decreto 790, expedido por el gobierno el 31 de marzo, le ordena al sector solidario de la economía que el 10% de sus exigibilidades le sea entregado a la banca comercial para que constituya con él los llamados Fondos de Liquidez. Dicho porcentaje equivale hoy a más de cien mil millones de pesos.
No hay tal riesgo de iliquidez. Los fondos de empleados se nutren de los aportes de sus socios, descontados por nómina. Los dineros se prestan a los mismos trabajadores con intereses blandos o se invierten en proyectos que los benefician, y en cada crédito actúan como fiadores otros asalariados, por lo que la seguridad de las acreencias está garantizada.
“Con este duro golpe que acaba de asestarle el gobierno al sector cooperativo y mutualista ¿en qué queda el tan cacareado Estado Comunitario del que se habla en el Plan Nacional de Desarrollo?”
Contra el Plan de Desarrollo
Ante la facultad presidencial de dictar por decreto el Plan Nacional de Desarrollo, las mayorías del Congreso se aprestan a aprobarlo, para poder influir, así sea mínimamente, en lo correspondiente al Plan de Inversiones, en lugar de adoptar una actitud vertical frente a la propuesta del Ejecutivo, que no consigna ninguna medida que coadyuve al progreso nacional. La aprobación del Plan en estas condiciones demuestra el lánguido papel al que ha sido reducido el Legislativo, en cuanto a la atención de los problemas principales de Colombia.
Como sucede con las demás medidas adoptadas por el gobierno de Uribe, el Plan no hace otra cosa que consignar las variadas exigencias del FMI. De un lado, las de concentrar los esfuerzos del país en garantizar el pago cumplido de la abultada deuda externa, para lo cual toda la política debe orientarse a reducir el déficit fiscal; y de otro, las orientadas a aprestar el país para su vinculación al ALCA.
El Plan, merecidamente llamado de subdesarrollo, no contempla en ninguno de sus apartes ni una sola propuesta seria que conduzca a impulsar las actividades industriales o agrícolas y en general las del sector real de la economía. Por el contrario, su principal estrategia consiste en revivir la fórmula fallida de cifrar el progreso en la construcción de vivienda que, como se demostró en las últimas décadas, es, antes que un acicate de la producción, una enorme veta para la especulación financiera. Estrategia aún menos efectiva hoy, cuando ha caído la capacidad de compra y las cifras indican que se está demandando cada vez menos vivienda de la llamada de interés social. En cuanto a la otra fuente de supuesta reanimación, las exportaciones, el gobierno pretende desconocer que las ventas externas vienen cayendo en términos reales y que los géneros con los que podemos competir en el exterior, cada vez más pocos y exóticos, no permiten siquiera pensar en que se convertirán en fuente de avance económico. En lo que sí es absolutamente claro el proyecto del gobierno es en que abrirá las fronteras a los productos y capitales extranjeros, principalmente de EU, impulsando a rajatabla la anexión del país al ALCA, o en su defecto, a un acuerdo bilateral con la potencia del Norte.
Otras propuestas, presentes a lo largo de todo el proyecto, cuales son las de llenar aún más de gabelas a los monopolios internacionales, facilitándoles adueñarse de sectores estratégicos aún en manos del Estado, como las redes de transmisión eléctrica y algunas entidades financieras; las mayores ventajas que se les conceden para el saqueo de los recursos naturales, como en el caso de los hidrocarburos; o las nuevas garantías en materia fiscal y tributaria para que hagan sus inversiones,, antes que redundar en pujanza del país, han estado entre las causas principales de nuestro atraso.
Por lo anterior, a pesar de que las propias cifras del Plan sobre el crecimiento en el cuatrienio por sí solas demostrarían la postración a la que está sometida Colombia, lo peor es que ni siquiera podrán cumplirse. Por el contrario, todo apunta a que lo que tendremos al final del gobierno es la ratificación del total estancamiento económico del país. No sólo por lo antes señalado, sino porque la conjunción de las demás normas dictadas desde el 7 de agosto no pueden conducir a cosa distinta. ¿Cómo puede pensarse que el país logre prosperar cuando el grueso de las medidas oficiales, incluidas las reformas laboral, pensional, tributaria, administrativa y el propio referendo apuntan a reducir hasta el mínimo la demanda? ¿Cómo se propulsará el mercado interior, base del desarrollo, si los 40 millones de colombianos quedarán exánimes con esas políticas?
Por otra parte, la llamada “política social” del gobierno no puede sino corresponder a los anteriores presupuestos. La educación y la salud sufrirán una nueva arremetida que, como viene sucediendo desde los inicios de la apertura, tendrá como ejes el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y la privatización, hasta hacer cada vez menos accesibles y de menor calidad estos servicios esenciales. Del sector de la salud serán sacados alrededor de 30 mil trabajadores; a los nuevos educadores se les contratará negándoles los mínimos derechos adquiridos por el magisterio; el presupuesto de las universidades públicas empezará a escamotearse.
Otros sectores y programas del Estado también serán recortados o se propiciará su eliminación. So pretexto de modificar las “bases” del Sisben, se anuncia que una gran cantidad de colombianos serán sacados del programa. El ICBF, será sometido a una nueva “reestructuración”, que significará el despido de más funcionarios y el traslado de parte de sus funciones a particulares o a los entes territoriales, en su mayoría arruinados. Otro aspecto en que se profundizará la penuria que vienen sufriendo los más vastos sectores de la población, es el de las tarifas de los servicios públicos, en lo cual el Plan es pródigo en medidas para elevarlas.
En fin, el plan cuatrienal sólo agudizará los males que padece el país, hipotecará más su soberanía económica, acabará de arruinar los sectores productivos y llevará a extremos insoportables la vida de las masas. Por lo anterior, los senadores firmantes dejamos constancia de nuestro voto negativo y llamamos a todos los afectados que constituyen más del 90% de la población a movilizarse contra sus nefastas implicaciones.
Bogotá, 6 de mayo de 2003
Jorge Enrique Robledo
Carlos Gaviria Díaz
Francisco Rojas Birry