La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente.
Enrique Daza
El pasado 14 de septiembre culminó con un estrepitoso fracaso la reunión ministerial de los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio, OMC, realizada en Cancún. Después del desastre de la reunión de Seattle en 1999, donde el movimiento popular impidió su normal desenvolvimiento, es la segunda vez en cuatro años que fracasa una reunión de este tipo.
En la reunión de Cancún estaba previsto avanzar en la eliminación de subsidios y ayudas internas a la agricultura, y los países desarrollados proponían que la OMC incluyera nuevos asuntos –llamados los «temas de Singapur»– que incluían políticas de competencia, compras públicas, inversiones y facilitación del comercio. Añadir tales temas nuevos a la órbita de la OMC habría significado ampliar el alcance de esta organización, consolidando su papel en la dirección de la economía mundial.
En realidad, la OMC ha sido protagonista principal en la catástrofe causada por la llamada globalización. Desde su creación en 1994, la OMC ha adoptado numerosas definiciones en materia comercial y promovido la liberación de los mercados de los países en desarrollo. Esto ha significado un aumento del comercio muy por encima del crecimiento de la producción mundial, lo que ha permitido a los países imperialistas colocar parcialmente sus excedentes en mercancías y en capitales, pero a costa de la ruina de los países dependientes, donde la industria y la agricultura han quebrado y se ha desnacionalizado una muy buena parte de la economía.
Mientras tanto, aunque los países ricos han sido los abanderados del libre comercio, han mantenido protegidas sus economías mientras cierran sus mercados a las exportaciones agrícolas del Tercer Mundo, y, aprovechando la superioridad tecnológica, han inundado de mercancías estos países. También se han apoderado de importantes áreas de la economía de las naciones del Sur, incluyendo las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios públicos y las empresas industriales estatales.
El resultado no puede ser peor: mientras que un pequeño puñado de multinacionales controla una considerable parte de la riqueza mundial, en los países tercermundistas y aun en los avanzados aumenta el desempleo, crece la informalidad y se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores. En la OMC los países avanzados han tratado de profundizar la desigualdad y dictar reglas que la hagan irreversible.
La inclusión de nuevos temas hubiera hecho aún más dramática la situación, pues dar vía libre e irresponsable a los inversionistas extranjeros, disminuir la capacidad de los Estados para intervenir el desarrollo económico nacional, liberalizar todavía más el sector de servicios –incluyendo salud, educación y agua potable, por ejemplo– hubiera sido un golpe mortal para los países atrasados.
La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente. Las potencias imperialistas se han negado a hacer la más mínima concesión a los países dependientes e incluso no aceptaron la exigencia de eliminar los gigantescos subsidios que otorgan a la agricultura, lo que de todas maneras no resolvería la situación, pues establecería reglas de juego iguales para actores desiguales.
Los países agrícolas del Tercer Mundo llegaron a expresar por medio del Grupo de los 21 la exigencia de que la eliminación de los subsidios agrícolas en los países avanzados se acompañara de un trato preferencial para las economías menos desarrolladas, y que a éstas se les permitiera proteger su sector agrario, pero dicho grupo fue hostilizado y atacado por las potencias.
Aunque el fracaso de la reunión está marcado por la creciente agudización de las contradicciones mundiales –comenzando por la de las potencias imperialistas con los países dependientes–, el ministro de Comercio Exterior colombiano, Jorge Humberto Botero, en el colmo de la obsecuencia a que nos tiene acostumbrados el presidente Uribe, salió de Cancún a decir que la culpa la tenían los países pobres y que en el evento no se había presentado un enfrentamiento Norte-Sur.
La ronda de Doha, periodo de negociaciones abierto en 2001 y que debe culminar en diciembre de 2004, está a punto de sucumbir en su propósito de liberalizar aún más el comercio mundial e incluir nuevos temas en las negociaciones de la OMC. Después de la reunión, los contrincantes han seguido en la lucha. Estados Unidos anuncia que seguirá empeñado en imponer la hegemonía por medio de acuerdos bilaterales de comercio con diferentes países, entre los cuales se incluye a Colombia.
Las negociaciones del ALCA están fuertemente influidas por el fracaso de Cancún. Como muchos países habían condicionado las negociaciones de otros temas al resultado de Cancún en materia de eliminación de subsidios y Estados Unidos ha anunciado que no negociará el desmonte de subsidios y ayudas internas a la agricultura en el ALCA, el tema agrícola puede desaparecer del acuerdo continental. Asimismo, existen posiciones como las de Brasil que piden excluir otros temas como las inversiones, las compras estatales y la propiedad intelectual, ante lo cual el escenario más probable sería un «ALCA light», de alcance limitado, o alargar los plazos de las negociaciones del tratado para esperar qué resulta de futuras discusiones en la OMC.
Ante esta encrucijada, el gobierno colombiano ha optado por la peor alternativa: acelerar el proceso de firma de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. La alternativa es altamente perjudicial para el país, pues implica abrir nuestro mercado de mercancías y capitales, paralizar la actividad económica del Estado y supeditar toda política de desarrollo a un tratado internacional con la potencia más unilateral, agresiva y expansionista de la época moderna. Todo en aras del eventual ingreso de algunos rubros de nuestra producción al mercado norteamericano, en el cual tendríamos que competir con otros países del Tercer Mundo que nos llevan ventaja en productividad, y hacerlo con productos básicos sin mayor elaboración. O sea, nuestra competencia será con los demás países tropicales que producen lo mismo que nosotros.
La suscripción del tratado bilateral implica abandonar la Comunidad Andina, receptora de nuestras exportaciones de productos manufacturados, y darles la espalda a otras opciones comerciales.
La capacidad de sumisión del gobierno colombiano no tiene límites. Ha implorado a Estados Unidos iniciar la negociación del tratado y está promoviendo reformas que acondicionarían el país para el proyectado acuerdo. La prórroga de los contratos de asociación, la liquidación del Seguro Social y de Telecom., el debilitamiento de Ecopetrol, la reforma de la Ley 80 de contratación pública, la nueva ley de arbitraje, la anunciada reforma tributaria, entre otros casos, constituyen una preparación para el tratado bilateral con Estados Unidos.
En el último período el gobierno ha estado jugando el sainete de la «participación de la sociedad civil», por medio del cual hace amplia propaganda a los tratados de libre comercio, mientras que limita y asordina las voces de los críticos. Hay un vasto despliegue de publicidad mentirosa y un ocultamiento de los graves perjuicios que los acuerdos ocasionarían a las futuras generaciones.
Afortunadamente, existen síntomas de que el movimiento popular, el sector académico e incluso algunos gremios empresariales se están uniendo en la oposición a dichos tratados. La creación de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, y los foros críticos que se han hecho en numerosas regiones, así como la grandiosa manifestación de Salvación Agropecuaria efectuada el último 12 de agosto, muestran una creciente conciencia popular.