Francisco Valderrama Mutis
La política de recolonización norteamericana encuentra brotes de resistencia en todos los países de América Latina. En México, la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, contra la privatización del sector eléctrico, ha logrado aglutinar a sectores importantes de la población y de las direcciones políticas. En San Salvador, un paro de más de ocho meses de los trabajadores de la salud logró impedir que fuera privatizado el seguro social. En Panamá, después de un paro nacional el 23 de septiembre y grandes manifestaciones contra la decisión de privatizar el seguro, los trabajadores acordaron una huelga general para el próximo 30 de octubre. Además, en la región crece el movimiento popular contra los acuerdos leoninos de libre comercio, y tras los fracasos de las cumbres ministeriales de la OMC en Cancún y del ALCA en Trinidad y Tobago, algunos gobiernos han adoptado posiciones cada vez más reacias a aceptar su imposición.
Pero la batalla más resonante se libra en Bolivia. Movimientos de masas con disímiles intereses y reivindicaciones han confluido en la defensa del gas y en la petición expresa de que renuncie el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el 13 de septiembre la Csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) había iniciado bloqueos en las carreteras del altiplano paceño reclamando la nacionalización del gas. El 19, más de 150 mil manifestantes se lanzaron a las calles enarbolando la misma exigencia. Al día siguiente, el ministro de Defensa dirigió personalmente la provocación a los millares de personas que hacían el bloqueo de carretera en la localidad de Warisata, se desató un enfrentamiento y seis campesinos fueron asesinados. La COB (Central Obrera Boliviana) declaró la huelga nacional a partir del 30 de septiembre y a su convocatoria se unieron la Csutcb y la Coordinadora del Gas, entre otras importantes organizaciones.
A pesar de que los descubrimientos fueron hechos por la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), privatizada con el falso argumento de que el país no conseguiría quien financiara la explotación y el tendido de los gasoductos necesarios para su exportación, fue apartada del negocio y la concesión para explotar el nuevo descubrimiento de Margarita, Tarija, entregada a la empresa Pacific LNG, de la cual son socias las multinacionales Repsol YPF (37,5%), British Gas (37,5%) y British Petroleum (25%). Bolivia se había convertido en presa codiciada de los halcones petroleros al pasar a ser, con 57,4 trillones de pies cúbicos, la segunda nación con reservas probadas de gas natural en Suramérica. El negocio de estas compañías se volvió redondo después de que Sánchez de Lozada, dos días antes de finalizar su primer gobierno, firmó la nueva ley de hidrocarburos por medio de la cual les entregó el recurso a las compañías extranjeras y les rebajó los impuestos y regalías de 50 a 18%. La compañía compradora del gas licuado en California será la Sempra Energy, nombre detrás del cual se esconde Enron, famosa por su quiebra, con la cual estafó a los accionistas minoritarios y a sus propios empleados.
La Pacific LNG ha exigido que el negocio se haga por un puerto chileno, a pesar de que conocen el resentimiento nacional existente en todo el pueblo boliviano por la pérdida de esta franja costera en la guerra de 1879, aduciendo que el costo de llevar el gasoducto desde el sur de Bolivia hasta un puerto peruano se incrementaría en 600 millones de dólares. Para lograr su objetivo han utilizado todos los medios a su alcance. La transnacional amenaza con demandar al Estado boliviano ante un tribunal internacional y el secretario inglés de Energía llega al país a pedir explicaciones por el retraso del proyecto. Y no es para menos. Edward Miller, presidente de British Gas, dijo que los ingresos previstos serán superiores a los 1.396 millones de dólares al año para la Pacific LNG, mientras el Estado boliviano solamente recibirá alrededor de 80 millones de dólares anuales.
El pueblo boliviano reafirma que no quiere que con esta riqueza en gas y petróleo suceda lo que ya aconteció con la plata y el estaño, que enriquecieron a unos cuantos bolivianos y a unas compañías extranjeras y al país no le quedó sino hambre y miseria. En efecto, más de cinco millones, de la población total de ocho millones, viven en la pobreza, de los cuales más de la mitad están en la indigencia. El 20% de las familias sobreviven con menos de medio dólar al día, clasificación que ni siquiera es tenida en cuenta por los prepotentes funcionarios del Banco Mundial. Este es el resultado de la recolonización imperialista a partir de 1985.
Los bolivianos tienen una gran tradición de lucha de masas y de grandes victorias que alumbran el camino para los demás pueblos del mundo en su pelea contra las reformas neoliberales. En abril de 2000, el pueblo de Cochabamba, después de semanas de resistencia civil total, derrotó la privatización del agua, entregada a la Bechtel y la sacó del país. En febrero de este año impidió el llamado «impuestazo» con el que Sánchez de Lozada pretendía allegar recursos, gravando los salarios de los trabajadores y empleados, para cubrir el déficit fiscal y cumplirles a los agiotistas internacionales y ahora se enfrenta por el gas a las más agalludas multinacionales. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo boliviano y pugnaremos porque su ejemplo sea seguido en nuestro propio país.