Debate hecho por Jorge Enrique Robledo en la Comisión V del Senado, el 17 de febrero de 2003, al ministro de Minas y al presidente de Ecopetrol.
La política de petróleo y gas que se aplica desde hace años, siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, ha fracasado de manera rotunda y no responde al interés nacional. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el país está cerca, apenas a dos años, de tener que comprarles a las multinacionales el crudo necesario para cargar las refinerías de Ecopetrol. Y, lo que sería peor, poco tiempo después habría que importar el petróleo o la propia gasolina que requieren los colombianos. Amenazas de suma gravedad por el impacto que le causaría a la balanza de pagos y a las finanzas públicas.
¿Por qué fracasó la política petrolera? Porque se supone que hay que encontrar y explotar petróleo y gas. Pero, por el contrario, el aumento del consumo y la exportación no están siendo compensados con nuevos yacimientos, bien sean estos encontrados por Ecopetrol o por las trasnacionales. Si el país careciera de prospectos petroleros no habría qué censurar, pero sus reservas potenciales de petróleo ascienden a 47 mil millones de barriles, lo que hace obvio que si el petróleo se busca se tiene que encontrar. ¿Por qué no aparece? Por la sencilla razón de que, incluso desde antes de 1990, y a contrapelo con las necesidades y los intereses de la nación, hay una política orientada a debilitar las finanzas de Ecopetrol y a dejarles ese negocio a las trasnacionales.
Las cifras demuestran lo anterior. De la producción total de petróleo del país, 81% lo extraen las trasnacionales y apenas 19% lo hace Ecopetrol. Y la parte de la petrolera estatal no tiene su principal origen en que haya explorado y hallado los yacimientos, sino en las reversiones de algunos contratos firmados con las multinacionales, reversiones que desde la de la Concesión de Mares se han hecho por las presiones de la USO, porque siempre los monopolios extranjeros, con la alcahuetería de los gobiernos, han intentado que esos contratos no le reviertan a Ecopetrol, buscando prorrogarlos hasta el agotamiento de los pozos.
El caso del gas es peor: 97% de la producción es extraída por las trasnacionales y controlada por la ChevronTexaco, que lleva 20 años sin hacer ni una sola exploración en el territorio nacional, según lo denunció Hugo Serrano Gómez. Es la norma en la relación entre Ecopetrol y las trasnacionales: para ellas el lomo y para Ecopetrol el hueso; para ellas las ganancias y para Ecopetrol las pérdidas; mientras ellas se ganan las flores, a la empresa estatal le caen las acusaciones, y particularmente a sus trabajadores, a quienes siempre han tratado de presentar como unos mantenidos, enemigos del progreso.
La actividad exploratoria es insignificante. En 2001 se perforaron sólo 14 pozos. ¿Por qué no se explora? Como parte de una política deliberada, el presupuesto de exploración de Ecopetrol es muy pequeño y las trasnacionales no lo hacen, no porque no tengan recursos suficientes sino porque no les interesa. Probablemente, porque están ganando más en otros países o porque así presionan para que Colombia les siga haciendo concesiones. Pero el hecho objetivo es que el capital extranjero no busca el petróleo que, según las teorías dominantes, debiera estar buscando, lo que sin duda significa un fracaso en los propios términos de quienes arguyen que el hidrocarburo lo van a encontrar las multinacionales.
Quienes han dirigido a Colombia llevan casi un siglo echando el cuento de que al país lo va a salvar el capital extranjero, es decir, el imperialismo norteamericano, el mismo que en este momento está masacrando a los iraquíes en beneficio de sus monopolios petroleros. Como si no fuera absolutamente demostrable que los monopolios, a los que representa ese imperio, tienen unos intereses que no son idénticos a los nacionales y que incluso pueden ser contradictorios y hasta antagónicos. Ilustrémoslo de esta manera: si Colombia tiene que importar petróleo para cargar las refinerías de Ecopetrol, ello sería un desastre nacional de grandes proporciones. ¿Por qué sufrirían las trasnacionales, si habría que comprárselo a ellas, que lo producirían en otra parte? Es obvio que no puede prohibirse hacer negocios con las trasnacionales, pero sí se debe exigir que sean de beneficio mutuo, no como los que venimos denunciando, en los cuales el interés estratégico de la nación colombiana resulta vulnerado.
Se dice que Ecopetrol no tiene recursos con qué explorar y explotar. Lo cierto es que sus transferencias al gobierno son muy altas. A la compañía estatal la vienen ordeñando de manera excesiva. En 1997 le trasfirió al Estado 2.5 billones de pesos; 2.1 billones en 1998; 2.7 billones en 1999; 5.2 billones en 2000; y 5.4 billones de pesos en el año 2001: en los últimos seis años Ecopetrol le entregó al gobierno 23.3 billones de pesos en trasferencias. Por ello no tiene con qué emprender las actividades que debiera acometer, porque la exprimen hasta su agotamiento. Que sea porque el gobierno, como dice, prefiere utilizar esos recursos en el “gasto social”, o que ocurra para justificarles los negocios a las trasnacionales en acatamiento de las políticas del FMI, es un debate clave. Personalmente me inclino a que es porque mientras más le saquen a Ecopetrol más se beneficia el capital extranjero, pues es fácil entender que nadie que sea serio en los negocios dejaría de reinvertir en uno que es rentable por sustraerle más de lo que debe sacarle. ¿Qué tal que a Julio Mario Santodomingo le hubiera dado por distribuir en dividendos todo lo que ha sido la acumulación de recursos en Bavaria? Constituye el abecé del capitalismo que en los negocios rentables hay que reinvertir para que las utilidades aumenten, y que es muy mala política comerse la gallina de los huevos de oro.
Privatización y Plan de Desarrollo
Estos razonamientos sobre la política de hidrocarburos del país son reafirmados en el Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe. Allí se dice que en cuanto a la Refinería de Cartagena “se avanzará en la implementación del plan maestro con la mayor participación privada posible”. Claro: se trata de invertir en el lomo, que venga la plata del capital extranjero, y que las partes malas del negocio de refinar, que por supuesto las asuma Ecopetrol. Está cantada la privatización de por lo menos una parte de esta actividad.
En el Plan se afirma también que “Se ejecutarán las inversiones requeridas para garantizar el libre acceso a las redes de transporte, almacenamiento e importación de los derivados del petróleo” de Ecopetrol, es decir, aplicarle la misma política que a Telecom, y esta empresa está agonizando, en buena medida porque tuvo que arrendarles a menosprecio sus redes a sus competidores para que terminaran quebrándola. Y el presidente de Ecopetrol, so pretexto de promover la eficiencia, señaló que iba a romper el monopolio de la refinación, dejando claro que se va a abrir el camino a la importación de gasolina. En síntesis, no sólo no dejan operar bien a Ecopetrol en lo que debieran ser dos de sus principales actividades: explorar y explotar, sino que apuntan a quebrarle también el espinazo en almacenamiento, transporte y refinación.
Otro punto del Plan señala: “Se va a evaluar la posibilidad de extender la duración de los contratos de asociación hasta que se agote la vida económica de los yacimientos”, lo que equivale a una poderosa bomba contra Ecopetrol, porque lo poco que hoy explota esa empresa son las reversiones a la Nación de esa clase de contratos, los cuales siempre han sido leoninos, pero han tenido el gancho de que pasan a ser de propiedad de Ecopetrol antes del agotamiento de los yacimientos. Ahora, al no revertir a la nación, quedaría la compañía estatal por fuera de la explotación del petróleo nacional.
Si Ecopetrol no explora ni le revierten los pozos, ¿cuál será su futuro? Si además le van a sonsacar el transporte y el almacenamiento y hasta la refinación, ¿en qué quedará convertida? Y si esto se ata a la nueva teoría sobre la producción incremental aplicada en el contrato Catalina sobre el gas de La Guajira, que también podrían aplicar al petróleo, salta a la vista que le están abriendo el camino no sólo a que los nuevos pozos sean explotados por las trasnacionales hasta el agotamiento, sino al propio desmonte del traspaso a Ecopetrol de los grandes campos ligados a contratos de asociación. Sería un desastre, porque implicaría la privatización de todo el sector, y la conversión de Ecopetrol en una especie de Dian del petróleo, limitándose a recaudar las regalías que pagarían las trasnacionales.
La privatización también ha avanzado en otros sectores. Todo el negocio del gas se ha hecho en contravía del interés nacional. Su distribución domiciliaria se le entregó al capital privado, cuando hubiera debido ser parte de las actividades de Ecopetrol. El ex senador Amylkar Acosta ha denunciado las recientes y escandalosas alzas en los precios del gas al consumidor, que se relacionan con los enormes aumentos en el precio en boca de pozo, en beneficio de la Texaco y la British, que ha llegado a 1,61 dólares por millar de pies cúbicos, cuando producirlos cuesta 0,14 dólares. Y las recientes alzas en el precio del transporte del gas también son desproporcionadas, entre 363% y 627%.
Para completar el cuadro de los privilegios, ahí están las protestas de los propietarios de expendios de gasolina al menudeo, asociados en Fendipetrol, quienes han denunciado que las trasnacionales se están quedando también con ese negocio, pues ya poseen 170 estaciones, además de controlar la distribución al por mayor, jugoso negocio que nunca perdieron, ni siquiera cuando se creó Ecopetrol, lo que sin duda hubiera ocurrido en un país gobernado con concepciones patrióticas.
El presidente de Ecopetrol ha dicho que Uribe Vélez se comprometió a no privatizarla; y es posible que no privatice 100% de la empresa, porque la privatización es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ante las resistencias que debe derrotar.
El contrato Catalina
El gobierno decidió suscribir el nuevo contrato de Catalina, una especie de prórroga en favor de la ChevronTexaco para la explotación de la Plataforma Chuchupa B del gas de La Guajira, el cual, por vencer el 31 de diciembre de 2004, iba a poner en manos de Ecopetrol toda la producción del yacimiento. Pero el uribismo determinó que ese negocio se hiciera bajo la forma de producción de gas incremental, peor en términos del reparto de la riqueza que el de asociación anterior, porque, además, se hace dentro de la nueva legislación que deterioró los beneficios que le corresponden a la Nación.
Sobre la explotación del gas de La Guajira, el senador Hugo Serrano denunció que una de las primeras anomalías se dio en el contrato para que Texaco perforara seis pozos mediante la Plataforma Chuchupa B, pero que sólo perforó tres, lo que ha debido conducir al gobierno a exigir la revisión, ya que la Tasa Interna de Retorno pactada con la trasnacional, de 15%, debió dispararse en su favor al perforar la mitad de lo supuesto.
Y no es cierto, como ha afirmado el ministro para defender el contrato Catalina, que la Chevronva a seguir sacando el gas que hay allí sin que Ecopetrol tenga que poner un solo peso, porque por la plataforma que está operando, y sin la cual no puede extraerse el hidrocarburo, Ecopetrol está pagando un arriendo que hasta 2016 alcanza la suma de 336,9 millones de dólares, para no mencionar que el yacimiento le pertenece a Colombia, pues hace parte del subsuelo de la nación.
Las denuncias sobre el carácter leonino del contrato Catalina fueron confirmadas por la Contraloría, que conceptuó que con gas a US$0,98, precio inferior a las cuentas oficiales, la ChevronTexaco obtendría una utilidad (Tasa Interna de Retorno) de 26%, porcentaje escandaloso si se tiene en cuenta que Empresas Públicas de Medellín tiene 4%, las refinerías 2%, el conjunto del sector eléctrico de Colombia 1% y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos 2,84%. Aun más: con gas a 2,22 dólares, precio que podría no ser desproporcionado dependiendo de los desarrollos de la agresión contra Irak, la ganancia para la trasnacional sería de 115%, un evidente asalto al patrimonio nacional.
La Contraloría también calculó que si la operación la hace directamente Ecopetrol, las utilidades para la empresa, dependiendo de los supuestos del precio, estarían entre 51 y 314 millones de dólares a Valor Presente Neto, una especie de tecnicismo que crea confusión porque da la apariencia de que se trata de cifras menores, ya que los seres humanos no piensan en dólares presentes netos sino en dólares o en pesos corrientes. Además, afirma la entidad de control que lo convenido con la ChevronTexaco da unas pérdidas, o unos ingresos menores para Colombia, entre 24 y 217 millones de dólares en Valor Presente Neto. Por tanto, la diferencia entre si el negocio lo hace la trasnacional o Ecopetrol es enorme..
También con el propósito de apuntalar un contrato que no tiene defensa, se introducen los socorridos “factores de riesgo”, uno de los viejos cuentos con los que el capital extranjero esquilma a los colombianos. La Contraloría también los desenmascara, pues afirma que no existe riesgo comercial, porque aun si el gas a extraer disminuyera en 49,94%, la Tasa Interna de Retorno para la Texaco sería de 12,28%, que sigue siendo bien atractiva. Y dice que tampoco hay riesgo tecnológico pues no se hará inversión en tecnología de punta y porque el yacimiento será operado por la Guajira Gas Service, de acuerdo con el contrato leonino vigente.
Tampoco hay riesgo jurídico, señala la Contraloría. Uno de los aspectos más impactantes de las explicaciones enviadas por el ministro de Minas a la Comisión V del Senado es su argumentación sobre la existencia de un gran riesgo jurídico. Explica el ministro que la Texaco, aprovechándose de que ella es la actual operadora de la Plataforma B, podría llenar al país de demandas para impedir que Ecopetrol haga por sí sola el negocio. Son dos páginas que impresionan, porque si la ChevronTexaco es capaz de hacer siquiera 1% de lo que el ministro dice que podría hacer, no se debiera hacer negocios con esa empresa, pues lo que describe es un catálogo de manipulaciones inauditas. El único argumento serio para defender el contrato es que si no se suscribe con la Texaco, ésta extorsionaría a Colombia “legalmente”. Y bien se sabe que buena parte del negocio del capital extranjero en el mundo no es la ingeniería, ni el petróleo, sino la contratación de manadas de rábulas para que litiguen contra los Estados de los países pobres, con la tranquilidad de que usualmente ganan los pleitos. Es un deber no aceptarle extorsiones a nadie, incluidas las multinacionales, por poderosas que sean.
Queda el problema de si Ecopetrol tiene o no recursos para efectuar la inversión por su cuenta y riesgo. Con sólo una parte de lo que tiene la empresa en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, que asciende a 1,05 billones de pesos, o sea, unos 300 millones de dólares, se podría acometer dicha explotación. Es conveniente sacar esos recursos del FAEP para invertirlos en un negocio muy rentable, porque esa suma está en bancos en Nueva York recibiendo intereses de apenas 1,75% anual, que mucho contrastan con los costos superiores a 10% con los que Colombia contrata su deuda externa con la misma banca en la que tiene depositadas sus reservas.
¿Qué tan cierto es que con el contrato Catalina lo que se va a extraer es gas incremental? Los especialistas sostienen que, según la definición de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (la organización internacional más prestigiosa en el tema), en este caso no cabe ese criterio. La UIS conceptuó en el mismo sentido. Una simple lectura del Decreto 1895, de la Ley 756 y del Decreto Reglamentario 3176, indica que ahí no hay extracción de gas incremental. En el mismo sentido se pronunció la Contraloría General.
Se habla de extracción incremental cuando en un yacimiento se logra una producción por encima de la normal. Este concepto apareció porque en el mundo había muchos campos al borde de agotarse o en su fase final de producción, y se crearon nuevas tecnologías basadas en introducir energía en esos pozos para extraer unos hidrocarburos que de otra manera no podrían obtenerse. Y en el campo del cual se viene hablando esto de ninguna manera se cumple, porque ese gas está ahí, y se sabe en qué cantidades y que puede extraerse sin usar nuevas tecnologías. Incluso en la Plataforma B están los huecos para los tres pozos que deben perforarse. ¿Con qué argumento válido sostienen que se trata de gas incremental? Pero aún más: el propio gobierno sabe de la debilidad de sus argumentos. Ante el estallido del escándalo sobre el contrato Catalina, decidió aplazar el finiquito del contrato con la Chevron para hacerle una consulta al Consejo de Estado.
Sobre Gibraltar
En el caso del pozo Gibraltar, es irrefutable que el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol mintieron al afirmar que había 200 millones de barriles de petróleo, lo cual no podía saberse en esa fecha y tampoco se sabe ahora porque tanto el gas como el petróleo son volúmenes, y es imposible que con la perforación de un solo pozo se pueda saber cuánto hidrocarburo hay en un yacimiento, así como tampoco hay pruebas suficientes para saber la calidad del hallazgo. Ojalá allí hubiera más de lo que sostuvieron los funcionarios y que fuera de la mejor calidad, porque eso sería una confirmación de la capacidad técnica de los especialistas y trabajadores de Ecopetrol, en la cual ellos no creen. Lo indiscutible es que faltaron a la verdad, y que su afirmación fue para intentar tender una cortina de humo sobre el contrato Catalina y las contradicciones con la USO en su pliego.
La USO y la defensa del interés nacional
Es inminente una huelga en Ecopetrol. A esta situación se llegó porque el gobierno, irresponsable, presentó un contrapliego con el cual quiere quitarles a los trabajadores lo que tienen como derechos convencionales. Con mucha ligereza se dice que los trabajadores tienen que ceder en sus pensiones, salarios y estabilidad. ¿Qué dirían los propietarios de fincas si el gobierno les dijera que tienen que entregar 20% de sus tierras, desconociéndoles sus escrituras? ¿Por qué en el caso de los trabajadores de Ecopetrol se pretende arrebatarles derechos obtenidos legalmente? Lo que persigue la cúpula oficial, al provocar el enfrentamiento, es tratar de destruir la USO. Altos funcionarios del Estado calculan que si bien una huelga produciría grandes pérdidas, también representaría la oportunidad para quitarse de encima la organización sindical, principal obstáculo a la política de la casta neoliberal.
A los obreros les quieren arrebatar su estabilidad porque sin ella no hay sindicatos y quedarían sometidos al arbitrio de cualquier funcionario. Por ello, este es un debate que va mucho más allá de los salarios. Se está definiendo si frente a la conspiración de los privatizadores estará la fuerza social encarnada en los obreros de Ecopetrol, que ponga piso firme a las posiciones que respecto a la explotación soberana de nuestros recursos comparten con otros sectores patrióticos del Parlamento, la Iglesia, la Academia, y que son opuestas a las sumisas de los sucesivos gobernantes, a quienes sólo los mueve cumplir con las órdenes del FMI.
Colombia tiene una deuda de gratitud con los trabajadores de Ecopetrol. Incluso a quienes les parezca que ganan mucho, habría que recordarles que la petrolera estatal existe porque los trabajadores del petróleo en Barrancabermeja, de la Tropical Oil en esos días, se jugaron la vida para que la reversión se diera y se creara Ecopetrol. Y recordarles que si la política petrolera del país no es peor, es porque la Unión Sindical Obrera, USO, ha significado en sus ochenta años de existencia una fuerza que les ha combatido a los gobiernos sus políticas petroleras antinacionales, lucha en la que han sido respaldados por los patriotas de Colombia. Es un deber acompañar a los trabajadores, porque de su resistencia depende la suerte de los hidrocarburos.
En resumen, viene avanzando una política supremamente dañina para el interés nacional. Los hechos y las cifras son escalofriantes. Estamos al borde de empezar a importar petróleo, si es que las refinerías se mantienen en poder de la Nación. Es claro además que el Ministerio de Minas y el presidente de Ecopetrol les han mentido a los colombianos en el caso de Gibraltar. Aún no se sabe qué hay ahí ni en qué cantidad. Mintieron cuando afirmaron que el contrato Catalina debía firmarse porque la entrada de Ecopetrol a ese negocio costaba 143 millones de dólares y no 43 millones. Manipularon al afirmar que sobre el contrato Catalina ya no había nada que hacer, porque ya estaba firmado, como lo remarcó el ministro de Minas durante el debate que sostuvimos en la FM. Stéreo, y ahora, presionados también por el concepto de la Contraloría, el mismo funcionario dice que hace falta una resolución y que le van a consultar al Consejo de Estado.
Colombia necesita gobiernos que por lo menos tengan el valor civil de decir la verdad, porque si de algo estamos urgidos es de que la población entienda lo que pasa, para que estos debates dejen de ser discusiones de iniciados y se vuelvan controversias democráticas.
Por último, en el campo de los hidrocarburos Uribe Vélez no defiende el interés nacional. Por el contrario, juega abiertamente en el bando de las trasnacionales, en el equipo de quienes creen que la salvación de Colombia está en adorar al capital extranjero, en postrarse ante los designios del imperio norteamericano.