El pueblo colombiano aspira legítimamente a su progreso material y social. La nación colombiana, para superar el estado de miseria en que se encuentra y sacudir el yugo del imperialismo norteamericano, debe lograr la racional explotación de su recursos naturales, proteger su industria nacional y forjar una economía próspera, para construir una patria libre, democrática y soberanamente independiente.
El camino que conduce a nuestro pueblo directamente hacia una nueva Colombia es el abierto por la UNIÓN NACIONAL DE OPOSICIÓN (UNO), integrada por el Movimiento Amplio Colombiano (MAC), el Partido Comunista de Colombia (PCC), el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y por fuerzas socialistas y revolucionarias independientes.
EL IMPERIALISMO Y LA POLÍTICA OFICIAL
Únicamente un cambio total de las estructuras económicas, políticas y sociales, podrá solucionar la profunda crisis que afecta al país. Esta crisis es el resultado de la dependencia de nuestra patria respecto de los monopolios y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por culpa exclusiva de la permanente entrega incondicional de los gobiernos oligárquicos colombianos, sumada a la supervivencia de la gran propiedad latifundista a los sistemas semifeudales de producción agraria y a la deformación capitalista manipulada por nuestra clase dirigente con abiertas tendencias especulativas acordes con su patrón yanqui.
Como consecuencia de este estado de postración nacional, el desarrollo económico del país resulta insuficiente en relación con el aumento de la población y con las crecientes demandas del consumo, desequilibrio que es aprovechado por los monopolios extranjeros y sus agentes de la oligarquía criolla para consolidar su explotación y su predominio. La inmensa mayoría de la población, especialmente los obreros, los campesinos, los empleados y los artesanos, sufren un insoportable aumento en el costo de la vida, además de soportar mayores impuestos y son víctimas de la política, antipopular del Estado en materias tan vitales como la vivienda, la educación, la salud, los servicios comunales y la recreación, negadas casi sistemáticamente a las clases populares. Sus ingresos son cada día más insuficientes para atender a las necesidades de la familia y se ven menguados por la constante devaluación de la moneda a causa del mal manejo de nuestra economía.
En los últimos años se ha acentuado la dependencia del país de los monopolios y de los organismos internacionales controlados por el imperialismo yanqui. Es así como a la tradicional explotación del petróleo, del oro y del platino, se agrega hoy la entrega del carbón, el hierro, el níquel, el cobre y las esmeraldas en favor de las compañías extranjeras en condiciones que lesionan gravemente la soberanía nacional. En materia de petróleo la situación es inquietante a la vez que contradictoria, por cuanto que el Estado continúa comprando en dólares buena parte del petróleo que refina Ecopetrol y que es extraído del territorio nacional por compañías norteamericanas. La Empresa Colombiana de Petróleos se ha ido desnacionalizando por el sistema de contratos de asociación que la ponen en peligro de convertirse en una simple entidad de capital mixto. Y la pregonada insuficiencia de petróleo resulta de una maniobra de las compañías yanquis y de nuestros funcionarios de la oligarquía, gobernante, encaminada a ocultar las mayores ventajas que ahora se están otorgando a los monopolios petroleros internacionales y tendiente a preparar artificialmente a la opinión pública para nuevas alzas en los combustibles y el gas, y desviar consecuencialmente la atención del pueblo del problema concreto que consiste en la nacionalización de toda la industria petrolífera, como lo quiere y lo exige el pueblo colombiano.
Toda la política económica del gobierno está sometida al dictado de organismos extranjeros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y la Agencia Internacional para el Desarrollo. Los empréstitos que estas entidades hacen al Estado son condicionados a los aumentos en las cargas tributarias a la elevación de las tarifas en los servicios públicos y a la devaluación permanente del peso, afectando gravemente los exiguos ingresos del pueblo.
La deuda externa recae pesadamente sobre el país, sangrando sus escasas entradas de divisas y mermando consiguientemente sus posibilidades de desarrollo. Las reservas monetarias se han visto afectadas por la devaluación del dólar a escala mundial, lo cual hace más gravoso para el país los términos del intercambio comercial por hallarse sujeto a la esfera del dólar y estar sometido al directo control de los dirigentes económicos de los Estados Unidos de Norteamérica.
No hay actividad industrial o comercial del país que no esté interferido en una u otra manera por los monopolios yanquis. Las inversiones de capital extranjero han aumentado en nuestro país y lógicamente sirven para controlar una apreciable cantidad de empresas, corporaciones y bancos, con la complacencia de nuestra clase dirigente que se enriquece fabulosamente a costa de la miseria popular. La gran burguesía se ha ubicado de esta manera en el papel de aliada del imperialismo norteamericano, ahondando con su rapacidad el inmenso abismo que separa al pueblo de la oligarquía explotadora.
A la dominación material, corresponde el incremento de la colonización cultural norteamericana en todos los grados de la enseñanza y de la educación de nuestro pueblo. Como resultado, la educación primaria y secundaria no llega a las grandes masas y la que se otorga así discriminadamente está intervenida por las misiones culturales, educativas y docentes norteamericanas. La Universidad pública es sometida a un proceso de destrucción en beneficio de la Universidad privada, confesional, según modelos específicamente enseñados en patronos norteamericanos. Los medios de comunicación difunden la apología del anticomunismo y la sumisión más descarada a los intereses de los círculos dominantes de los Estados Unidos. Las fuerzas armadas en su estructura y orientación están sometidas también al control de la Misión Militar Norteamericana.
LAS MANIOBRAS DE LA OLIGARQUÍA
De esta manera, han surgido en el país poderosos grupos monopolistas que controlan las principales empresas, reglamentan el comercio y usufructúan el crédito. Las corporaciones financieras, fundadas por las clases ricas, se han convertido en instrumento para acelerar la concentración del capital y para provocar la ruina de las pequeñas y medianas empresas. El presupuesto de los institutos descentralizados, así como sus actividades económicas, son utilizados para subsidiar a los monopolios nacionales y extranjeros. Igual cosa ocurre con parte apreciable de los presupuestos de la nación, de los departamentos y de los principales municipios del país.
Responden a este proceso de concentración del capital medidas tales como la creación del Fondo Nacional del Ahorro, de los Fondos Regionales de Capitalización Social, de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y la creación de una red de entidades similares que forman una verdadera cadena de enriquecimiento en favor del grupo reducido de familias que explotan la nación colombiana.
El desarrollo de estos monopolios nacionales y extranjeros y su predominio sobre el aparato del estado conducen a la negación de elementales derechos democráticos. En efecto, para sostener una política de bajos salarios, para hacer efectivos los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, para consolidar sus privilegios y sus roscas, para silenciar la protesta popular y para afirmar en sus manos la conducción del poder, la oligarquía ha violado las leyes del país, ha corrompido la moral, ha destruido y enlodado la justicia, ha instituido el soborno como medio normal de acción en las oficinas públicas y ha desarrollado desde el gobierno la violencia oficial y el terrorismo en contra del pueblo y de los partidos políticos de la oposición.
EL PROBLEMA AGRARIO
Según estadísticas oficiales, imposibles de ocultar, un millón de familias de campesinos pobres posee solamente un millón trescientas mil hectáreas, mientras que seiscientos treinta y seis grandes latifundistas son propietarios de siete millones de hectáreas. En promedio cada uno de estos latifundistas tiene once mil hectáreas cuando cada familia campesina tiene menos de hectárea y media para trabajar y subsistir, sin contar los miles de asalariados agrícolas y campesinos pobres, arrendatarios, poramberos y agregados, que no tienen tierra en absoluto.
Esta abismal diferencia en la propiedad de la tierra perpetúa en el campo un sistema de producción basado en las más variadas formas de servidumbre como el pago en trabajo y en especie. Son relaciones de producción semifeudales que repercuten sobre toda la economía nacional y que son causa del freno al desarrollo económico.
Desde hace once años los gobiernos del Frente Nacional oligárquico pretenden impulsar una reforma agraria reaccionaria que en el fondo se ha convertido en un negocio de compra y venta de tierras. Los títulos de propiedad que el Incora proclama haber otorgado, se han conferido en su inmensa mayoría a campesinos que por su cuenta y riesgo ya venían poseyendo y explotando terrenos baldíos, y, por tanto, eran realmente dueños de las parcelas. La verdad es que la estructura latifundista de la propiedad agraria no ha sido afectada por la reforma agraria oficial, que inclusive depende para la efectividad de sus planes en alto porcentaje de los préstamos otorgados por el imperialismo yanqui.
A través de distintos institutos de mercadeo, crédito y educación e investigación, el imperialismo colonialista ejerce su control sobre la producción agropecuaria del país, estimulando solamente el progreso de los renglones que requiere como materias primas para sus propias industrias. Varios de los programas adelantados por el Instituto Colombiano Agropecuario están destinados a promover la venta de semillas “mejoradas”, fertilizantes, insecticidas y otra serie de productos manufacturados por los monopolios agroquímicos. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) se orienta hacia la distribución de excedentes agrícolas y pecuarios de los Estados Unidos en nuestro mercado nacional. En los últimos años el país ha tenido que importar grandes cantidades de productos alimenticios. Se trata de un negocio con partida doble en las ganancias para la oligarquía, pues mientras el gobierno subsidia la exportación de muchos artículos, cuando se presenta su escasez autoriza el alza de precios y permite su importación para el consumo nacional.
Por todas estas causas la reforma agraria de las clases dominantes ha fracasado y los campesinos colombianos se han visto obligados a continuar su lucha por diversos medios para lograr su anhelo secular de tierra.
EL RÉGIMEN ANTIDEMOCRÁTICO DEL FRENTE NACIONAL
Con el dominio imperialista se benefician la gran burguesía como aliada en sus inversiones y los grandes latifundistas por medio de un sistema de propiedad apuntalado por la dependencia neocolonial. Es la gran oligarquía que traiciona a Colombia y que siendo enemiga de su progreso se ha apoderado del Estado, perfeccionándolo como instrumento para el ejercicio de su dictadura sobre las amplias masas populares.
En 1957, con un engañoso plebiscito elevaron a norma constitucional los pactos políticos acordados entre los partidos liberal y conservador, para repartirse paritariamente la administración pública y el fruto del saqueo del presupuesto nacional. Posteriormente introdujeron la enmienda constitucional de la alternación entre los dos partidos en la presidencia de la República. Semejante régimen excluyente de las demás fuerzas políticas, fue pactado para un período de diez y seis años, pero la reforma constitucional de 1968 prorrogó esa paridad en todos los niveles de la administración pública diferentes al órgano legislativo por cuatro años más. Y ordenó, así mismo, que a partir de 1978 el partido mayoritario distinto al del presidente de la República tendrá participación adecuada y equitativa en el gobierno. Es decir el espíritu del “Frente Nacional” fue prolongado sin límite alguno.
La reforma constitucional de 1968 creó un régimen absolutista que consagra en cabeza del presidente de la República todos los poderes del Estado. El Congreso, las Asambleas y los Concejos, fueron rigurosamente limitados en sus funciones legislativas privándolos de iniciativa propia en todo lo relacionado con el gasto público, los planes de desarrollo, el endeudamiento externo, el reglamento del presupuesto oficial y en general en todo lo relacionado con los aspectos vitales de la economía nacional. Todas estas materias fundamentales fueron reservadas sin discreción al Ejecutivo.
Bajo los gobiernos del Frente Nacional ha continuado la violencia en contra del pueblo. Zonas campesinas han sido agredidas y como resultado de ello se han generado las luchas guerrilleras. La Universidad ha sido frecuentemente cerrada y allanada. Campesinos, estudiantes, obreros, intelectuales de avanzada, han sido encarcelados y condenados en consejos verbales de guerra. Las huelgas de obreros, maestros, empleados y estudiantes, son ilegalizadas y reprimidas. Existe un estado de represión organizada contra toda forma de manifestación y de inconformidad popular. Es una gran falacia afirmar que bajo los gobiernos liberales y conservadores se ha logrado la paz para Colombia, como no se ha logrado tampoco la concordia ni el desarrollo del país. Tampoco los derechos de la oposición se garantizan, como no se respetan las libertades ni los derechos individuales. El Estado de Sitio ha sido la norma vigente desde hace cerca de veinticinco años, con la quiebra de todas las libertades, con las cárceles repletas de presos políticos con el abuso sistemático del poder para acallar las voces de la inconformidad y reprimir las exigencias populares.
EL PUEBLO Y SUS LUCHAS
Cada día se acrecientan las luchas del pueblo colombiano, así como se agudizan las huelgas obreras y se vigorizan las acciones de los campesinos por la toma de las tierras acaparadas por los latifundistas.
Maestros, estudiantes, padres de familia, luchan desesperadamente por arrancar al estado un mayor presupuesto para la educación. la oposición se organiza y comienza a transitar firmemente por el camino de la unidad popular.
Dentro de este contexto de lucha popular reviste gran importancia el proceso de unidad del movimiento sindical independiente, que procura agruparse en una gran central obrera y de clase para aislar y derrotar a las camarillas patronales y gobiernistas que formas las directivas nacionales de UTC y CTC, y con miras a agrupar a la mayoría del proletariado para que pueda jugar plenamente el papel de vanguardia que le corresponde.
La creación de la UNIÓN NACIONAL DE OPOSICIÓN (UNO) representa un paso para unificar las fuerzas populares y las gentes de la izquierda que se comprometen en la lucha contra la opresión extranjera y en la defensa de los derechos del pueblo. Aspiramos a ser el núcleo consciente y dinámico de una unión más amplia que sea expresión auténtica de las luchas obreras y que recoja y canalice la inconformidad popular.
Somos solidarios con los pueblos del mundo que luchan por su emancipación nacional, por su progreso y por el socialismo. Declaramos nuestro apoyo al pueblo chileno, al pueblo vietnamita, al pueblo camboyano, al pueblo árabe y a la revolución cubana.
Al participar en el debate electoral de 1974, como una de las varias formas de lucha que corresponde desarrollar a los revolucionarios, lo hacemos con plena conciencia de que contribuimos por ese medio al avance organizativo y revolucionario de nuestro pueblo. Por eso rechazamos la maniobra oligárquica de presentar ante la opinión pública a los partidos liberal y conservador como únicas alternativas a escoger. Los candidatos presidenciales de esos viejos partidos han expresado su solidaridad con los anteriores gobiernos del Frente Nacional que tantos males han ocasionado al pueblo colombiano. La verdadera alternativa entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, entre oligarquías y oposición revolucionaria.
La UNIÓN NACIONAL DE OPOSICIÓN (UNO) se presentará en las próximas elecciones como la fuerza política que en su desenvolvimiento puede significar una verdadera alternativa de cambio hacia un Estado democrático y popular, que sea expresión de la alianza de los obreros, campesinos, artesanos, intelectuales, pequeños y medianos propietarios e industriales, hoy oprimidos y explotados por la oligarquía y el imperialismo norteamericano. Invitamos a la opinión pública a respaldar el siguiente PROGRAMA y a apoyar a los candidatos a las corporaciones públicas que se comprometan con su texto y sus ideas, especialmente a brindar su vigoroso respaldo al compañero HERNANDO ECHEVERRI MEJÍA, aspirante de la oposición popular y democrática a la presidencia de la República.