La represión antipopular es una característica propia de un Estado dirigido por los grandes terratenientes y la gran burguesía. El imperialismo norteamericano para imponer su estrategia y tener garantías para la inversión de sus capitales, controlar nuestras materias primas y obtener jugosos beneficios para sus empresas instaladas en territorio nacional, requiere de una mayor super-explotación del trabajo nacional. Es por eso que a través del gobierno antinacional que dirige Misael Pastrana, tiene que acentuar su política de represión a las grandes masas populares y ejercer así la violencia generalizada contra el 90% de la población.
Contra la clase obrera, los distintos gobiernos del Frente Nacional, han desatado la más feroz política de recorte a sus derechos democráticos, hasta el punto de que hoy se encuentran eliminados sus mecanismos fundamentales para librar su propia lucha reivindicativa.
Las huelgas de los trabajadores son en general declaradas ilegales y reprimidas violentamente.
En ECOPETROL, empresa al servicio de los monopolios internacionales, los trabajadores realizaron una justa huelga en 1971 y se les contestó con la invasión militar a la refinería y a la sede sindical de Barranca; fue asesinado el compañero Fermín Amaya y se inició un capítulo oprobioso al ser llevados 36 compañeros a Consejos Verbales de Guerra y posteriormente condenados. En la Empresa Industrial Agraria La Palma, sus trabajadores llevaron a cabo una huelga que fue duramente reprimida, destruido el Sindicato y enviados a la cárcel varios miembros directivos bajo una injusta acusación. Hace más de un año se encuentran detenidos los compañeros que se atrevieron a combatir en defensa de los intereses de los trabajadores y por ello el sistema somete a cárcel a quienes, como el dirigente Víctor Moreno, comprenden las formas en que el proletariado debe responder a la política enemiga. Las huelgas de Telecom, Emsirva y Avianca, fueron duramente reprimidas por las fuerzas asesinas del régimen. Varios centenares de trabajadores despedidos, sus personerías jurídicas suspendidas, sus fondos sindicales congelados y, también allí, fueron varios los dirigentes llevados a las cárceles del régimen.
Esta política represiva, ejecutada por el gobierno de Pastrana contra la clase obrera, cuenta con el respaldo, la colaboración y la labor anticomunista, delatora y traidora de los más relevantes agentes del imperialismo incrustados en las organizaciones obreras, como son: Tulio Cuevas y José Raquel Mercado.
Contra el movimiento campesino, se utilizan todos los instrumentos represivos del gobierno. Se divide la Organización Nacional de Usuarios, división financiada y dirigida por el Ministro de Agricultura, Hernán Jaramillo Ocampo, quien en representación de los grandes terratenientes ha venido desarrollando la compra de dirigentes. Inclusive las fuerzas gobiernistas realizaron un llamado 2° Encuentro Nacional de Usuarios Campesinos en la ciudad de Armenia, con el objeto de tratar de someter a los campesinos colombianos a las políticas del imperialismo. A los campesinos que luchan por sus derechos y que invaden las grandes extensiones de tierras improductivas se les somete a vejaciones, torturas y cárcel y se les condena a través de los Consejos de Guerra. Para el campo colombiano tiene una solución: el asesinato de campesinos, la reforma agraria imperialista y proterrateniente, el despojo de los a los pequeños propietarios de tierras y el garrote para quienes se atrevan a luchar.
Después de las gloriosas batallas de 1971, donde toda la juventud colombiana se movilizó contra la cultura imperialista y por obtener la democratización de la educación y la universidad, el gobierno ha impuesto lo más brutal de su política represiva contra los estudiantes.
Eliminó los Consejos Superiores democráticos de las Universidades Nacional y de Antioquia. La Universidad de Cartagena se convirtió en un nuevo ensayo represivo del régimen, donde se expulsó a profesores y estudiantes, se prohibió realizar asambleas y se estableció un estado de abierta represión. El gobierno expulsó centenares de estudiantes y profesores.
En Barranquilla fueron condenados los estudiantes Alejandro de J. Maury y Luis Conrado Castro de 17 años acusados de “actos dinamiteros” contra una empresa imperialista. La Universidad Nacional continúa bajo estricta vigilancia militar se requiere certificado especial para entrar a dicho recinto se han expulsado decenas de estudiantes y dirigentes, numerosos profesores licenciados, entre ellos los encargados de dirigir grupos de teatro en una abierta represión contra el nuevo arte, y ahora se anuncia la expulsión de por lo menos 2.000 estudiantes. La Universidad de Los Andes estuvo cerrada durante un mes, como consecuencia del paro realizado por los estudiantes exigiendo la participación democrática en los organismos de dirección de la misma y hoy ha sido imposible restaurar la normalidad académica.
En la Universidad de Antioquia se cierran facultades, se despide en masa a más de una veintena de profesores y se persigue violentamente a los estudiantes. En Neiva es asesinado el estudiante Jairo Sanmiguel del Colegio Técnico Superior de esa ciudad. Los estudiantes que asistían como delegados al Encuentro Nacional realizado hace pocos días en Medellín son perseguidos, llevados varios de ellos a cárcel y sometidos a vejámenes e interrogatorios irregulares.
La represión está al orden del día. A quienes luchan por sus derechos, a quienes se les descubre su oposición al régimen antidemocrático se les acusa de agentes de la subversión y se les prepara el camino para someterlos a Consejos de Guerra. En Santander son detenidas Matilde Espitia y Mercedes Pallares de Valbuena, tesorera y presidente de la Asociación de Maestros (ASANDIP), esta última detenida junto con su hijo de 14 años, bajo la acusación de ser miembro de una supuesta red subversiva. Bajo la misma acusación se encuentran presos, Alfonso Ojeda Awad, David Humberto Ojeda Awad, Elías José Awad y Gustavo Chacón profesor de la Universidad Nacional.
En Neiva son condenados a 60 días de cárcel los dirigentes de la Asociación de Maestros del Huila (ADIH), Ader Argote y Miguel Mazorra, bajo el pretexto de haber colaborado con los campesinos en las marchas de Florencia. En Antioquia se allana la sede de ADIDA, la organización del Magisterio. Se confiscan los archivos y el mimeógrafo y se detiene a Víctor Baena López, vicepresidente de FECODE, Oscar Oquendo y Rafael Sepúlveda (presidente y vicepresidente de ADIDA) Helena Cadavid y la secretaria auxiliar de la misma organización, Nelly Angel.
En las cárceles se encuentra más de un millar de obreros, campesinos e intelectuales víctimas de la represión oficial. Bajo el pretexto de ser miembros de la red urbana del Ejército de Liberación Nacional, fueron detenidos varios intelectuales, entre ellos: Gabriela Samper, Julia de Alvarez, Carlos Alvarez, Manuel Vargas y el profesor universitario Jaime Torres.
En la Cámara de Representantes se realizó un intento de debate contra las detenciones arbitrarias y las torturas, y hoy, al representante Humberto Oviedo, propiciador del mismo se le llama a interrogatorio acusado de “dirigir un secuestro”.
En muchas regiones son cerrados periódicos opositores al régimen. La libertad de prensa no existe en Colombia. En Bogotá se suspende definitivamente el Radioperiódico “LA TAPA” y al diario “EL PERIÓDICO” se le prohibe asistir a través de sus periodistas al Consejo de Guerra que se realizaba en los cuarteles del BIM por el peculado en las FF.AA. Colombia no podía escapar a la política imperialista. Para los EE.UU, el ejemplo de gobierno lo es Brasil. En Colombia se utilizan también los métodos puestos en práctica en Brasil, Argentina y Bolivia contra las clases populares. Se utilizan los manuales norteamericanos y la asesoría de los servicios secretos norteamericanos existentes en el país, con el ostentoso cargo de “asesores militares”.
El estado de sitio, es hoy, estado permanente en Colombia, lo que permite al régimen violar los derechos ciudadanos y perseguir al pueblo colombiano. Bajo el régimen de “estado de sitio”, todas las huelgas son declaradas ilegales, sus dirigentes detenidos y el país sometido a un estado que constituye la propia negación del derecho burgués.
Este es el panorama en que gobiernan al país las clases dominantes. Un estado que tiene como base la injusticia, no puede dominar de otra manera. El gobierno pro-imperialista de Pastrana tiene muchos inconvenientes y a ello se agrega la valerosa resistencia opuesta por las masas. A nivel mundial, una gran crisis corroe los cimientos del imperialismo. Las valerosas guerras de liberación de los pueblos asiáticos y en especial Vietnam, Laos y Camboya, constituyen la avanzada de combate anti-imperialista. El sistema imperialista, con EE.UU a la cabeza, se encuentra en agonía y bancarrota, las masas populares del mundo, bajo la dirección del proletariado, son en esta época los sepultureros que hoy tienen al borde de la muerte a todo el sistema capitalista mundial.
En Colombia, se hace necesaria la aplicación de una política democrática y unitaria para oponer un gran frente a las clases dominantes. Es necesario un gran frente de las fuerzas democráticas y revolucionarias del país que derrote las fuerzas minoritarias del régimen pro-imperialista. Un frente que sea capaz de aprovechar la favorable situación nacional para movilizar y dirigir al pueblo colombiano en la lucha contra el dominio burgués-terrateniente y por expulsar del suelo patrio a los EE.UU. de América como principal enemigo de los pueblos del mundo.
Hoy se requiere como nunca de una política flexible y audaz. Las clases dominantes pretenden eliminar los derechos de las masas, acentuar la dominación y la explotación. Pero el paso que requieren las masas obreras, campesinas, estudiantiles y populares está asegurado hacia la victoria. Es necesario responder medida por medida, golpe por golpe a la represión oficial hasta construir una patria democrática, libre e independiente.