Enrique Daza G.
El gobierno de Álvaro Uribe se apresta a iniciar el próximo 18 de mayo las negociaciones para suscribir un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, si es que así se puede llamar la simple adhesión que hará a las posiciones de Estados Unidos, en unos pocos meses de reuniones entre las comisiones respectivas.
Este tratado de libre comercio, TLC, es la respuesta del gobierno norteamericano ante los tropiezos que han sufrido las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, ya que algunos países exigen discutir los apoyos internos que Estados Unidos da a su agro y la protección que mantiene a su industria, y Washington se niega a hacerlo. Entonces procede a ganar terreno negociando con los gobiernos más dóciles.
Las posiciones del gobierno de Bush demuestran que el libre comercio, tan defendido por Uribe y sus asesores, consiste simplemente en que los demás abran sus mercados, mientras que ellos se reservan la potestad de proteger el suyo.
La situación no puede ser más grave para Colombia. Nos encontramos abocados a liberar aún más las importaciones, sometiendo todo nuestro agro y nuestra industria a la competencia de poderosas multinacionales que arrasarán la débil producción nacional. En el caso del agro se encuentra amenazada de extinción la producción de cereales, algodón, arroz, lácteos, carne, pollo y, en general, todos los productos que a pesar de que se produzcan eficientemente no podrán competir con los gigantescos subsidios y apoyos que los norteamericanos dan a sus exportaciones. En la industria la situación es similar o peor, pues por más que los empresarios se esfuercen en modernizarse, la tremenda desigualdad con las trasnacionales y las falencias del país en materia de infraestructura, comunicaciones e investigación, condenan a miles de empresas a desaparecer.
El tratado no se limita al tema del comercio de mercancías. Contiene muchos otros aspectos que van a lesionar la soberanía. En sus cláusulas se contemplan garantías a la inversión extranjera, la cual no tendría ninguna limitación para entrar y salir del país, ni sujetarse a las metas de desarrollo nacional, dar empleo, transferir tecnología, preservar el medio ambiente. Estas gabelas se darían no solo a los eventuales capitales utilizados en la producción, sino incluso a los capitales especulativos que hacen su agosto aprovechando la fragilidad económica nacional. En materia de propiedad intelectual se propone adoptar una legislación que, sofocando toda posibilidad de desarrollo tecnológico y científico autónomo, preserve los derechos de propiedad de las multinacionales.
Hay en el contenido del tratado una normatividad sobre compras estatales, que imposibilita la acción del Estado para promover la consultoría a las empresas nacionales con miras a estimular el desarrollo productivo y el capital nacional y, en cambio, abriría un amplio boquete para que las grandes firmas foráneas liciten y contraten. Y cuando aparezcan litigios, como con frecuencia ocurre, estos serán resueltos por tribunales internacionales, los que, para emitir sus fallos, no tendrán en cuenta la conveniencia nacional, los derechos de los habitantes o nuestra soberanía sino la letra menuda del tratado, creando así una legislación supraconstitucional obligatoria, que comprometerá a los futuros gobiernos. El TLC también intenta eliminar los monopolios estatales, pero favoreciendo los privados. La intención norteamericana es continuar apoderándose de los servicios públicos que considere rentables y convertir la educación y la salud en simples negocios con ánimo de lucro.
En realidad, junto con los graves perjuicios que en el terreno comercial se avizoran, el TLC contendrá disposiciones sobre prácticamente todos los asuntos vitales de política económica, sobre la base de que Colombia renunciaría a lo que le resta de soberanía y pasaría de ser una neocolonia a ser colonizada enteramente por la potencia del Norte.
El gobierno ha mostrado su ansiedad por suscribir el tratado a cualquier precio. No importa que la inmensa mayoría de los estudios, muchos de ellos adelantados por defensores del libre comercio, lleguen a la conclusión de que aumentarán el déficit fiscal y el endeudamiento, el desequilibrio comercial y la vulnerabilidad de la economía y va a deteriorarse el bienestar de la población.
Ni siquiera la experiencia internacional ha sido tenida en cuenta. Pasan por encima del fracaso mexicano, que reconocen hoy aun los defensores del TLCAN, acuerdo que suscribió ese país en 1994 con Estados Unidos y Canadá. También se olvida el hecho de que los países que han logrado un cierto desarrollo lo han obtenido fortaleciendo el mercado interno mediante la industrialización. Todo esto, y la obstinación de Estados Unidos en mantener un rígido proteccionismo, no inquietan en lo mínimo al gobierno colombiano. Como lo ha señalado el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo, sus funcionarios más parecen empleados del Banco Mundial o de las empresas multinacionales, que los representantes de nuestro país.
El gobierno ha procurado venderles a los colombianos la idea de que el libre comercio es bueno y que es el camino al desarrollo, puesto que nuestro mercado interno se agotó, no puede crecer más y, en consecuencia, la única vía para el crecimiento está en las exportaciones. La anterior afirmación encierra la principal falacia de la actual política. El mercado interno es estrecho porque ha existido una política deliberada de debilitar el poder adquisitivo de la población, desindustrializar el país e importar masivamente productos agrícolas e industriales. Pero la única salida es aumentar los ingresos de los asalariados y que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, fomente la producción nacional y estimule el desarrollo tecnológico.
El comportamiento del gobierno en las negociaciones no ha podido ser más vergonzoso. A espaldas de la población, sin consultar a los sectores afectados, lleva cuatro años aceptando cada una de las exigencias norteamericanas, al punto de ser considerado el portavoz de los intereses gringos en la región. Uribe Vélez no ha acompañado ninguno de los reclamos, exigencias o reservas que han hecho diferentes gobiernos de Latinoamérica, alineado siempre con el bando estadounidense. No ha procurado coordinarse con los países hermanos para aumentar al menos la capacidad de regateo, y ha considerado que los países andinos, antes que compañeros y víctimas de la ofensiva norteamericana, son competidores a los que hay que ganar de mano. Así, los acuerdos de cooperación con otros países se han enfrentado a la disyuntiva de desaparecer con sus escasos logros o adaptarse a los nuevos vientos y supeditarse al libre comercio.
No contento con esto, el gobierno se esmera en acondicionar el país a los tratados y actúa con la lógica de que como en las negociaciones Estados Unidos exigirá el oro y el moro, entonces más vale entregarlo de una vez. Por ello se están adoptando medidas en materia de privatizaciones, como las de Ecopetrol y el Bancafe; se presenta un proyecto para asegurar la estabilidad de las ganancias de los inversionistas y se impulsa una ley que reforma el sistema de contratación estatal. Van en la misma dirección la mayor flexibilidad laboral, la reforma en la organización del presupuesto y la eliminación de las franjas de precios de los productos agrícolas.